27 de julio de 2006

Por Fernanda Gil Lozano

No existen “chicos de la calle” sino que los chicos están “en” las calles. En la ciudad de Buenos Aires decenas de niños deambulan solos en las estaciones de Retiro y Plaza Once. Otros, en el subte venden algún producto para obtener dinero, por las noches trabajan junto a sus padres en la recolección de basura, duermen junto a sus familias, en el mejor de los casos, en plazas y lugares públicos, y muchas veces son prostituidos por adultos inescrupulosos. Según datos de la dirección General de la Niñez, son 600 los niños de entre 1 a 10 años que están solos, en la calle, sin referentes adultos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, es un poderoso instrumento para reformar políticas públicas y jurídicas destinadas a mejorar la situación de la infancia y la adolescencia en el mundo.
La Argentina, con la reforma constitucional de 1994 que dio carácter de ley a este tipo de protocolos internacionales, recién en 2005 aprobó la ley 26061 de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual todavía no fue totalmente reglamentada. A pesar de la demora a nivel nacional, la ciudad de Buenos Aires desde el año 2000 cuenta con la ley 114 que establece la garantía y protección de los derechos de los/as niños/as y adolescentes, a partir de la creación del Consejo de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, las Defensorías zonales dependientes del mismo, y diferentes programas que desde el ministerio de Derechos Humanos y Sociales se pusieron en marcha.

Hasta el momento la legislación para niños tuvo figuras como el patronato, la caridad y la asistencia que, en un momento dado de nuestra historia, fue lo que más pudo hacerse para cubrir determinadas necesidades. Pero en las puertas de nuestro Bicentenario es hora de debatir sobre la articulación de las políticas locales y nacionales y las partidas presupuestarias que destinamos a esta problemática, sin las cuales cualquier ley, por más avanzada que sea, está destinada al fracaso. Las formas asistenciales deben ser abandonadas ya que son insuficientes para llevar a cabo el nuevo concepto que encierran las leyes mencionadas, y que implica abandonar el modelo tutelar y pasar al modelo de protección de los derechos del niño en el que las instituciones los cuidan y protegen y actúan sobre la persona, grupo o institución que no los garantice.

Tenemos que impulsar una nueva conciencia en la población para facilitar las tareas pendientes. Vivimos en una de las ciudades más ricas del país, ¿cómo no podemos dar refugio, educación y amor a los niños desprotegidos?
En nuestros hogares, escuelas, televisión, radio, centros de atención ciudadana debemos organizarnos junto al Consejo de los Derechos del niño para, con paciencia y amor, mejorar esta situación vergonzosa de la ciudad. No tenemos excusas de dinero, tenemos déficit de materia gris para diagnosticar y llevar adelante la implementación de soluciones que también estén enfocadas a la educación de todos los ciudadanos.

Fernanda Gil Lozano, actual Diputada nacional, asesoró a la diputada Estenssoro ante la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.