28 de diciembre de 2006

Este sábado 30 de diciembre se cumplen dos años de la tragedia de “República Cromagnón”.Gobierno porteño que hicimos a lo largo de este año, encontramos contradicciones y serias falencias de implementación, lo que nos obliga a preguntarnos ¿cuándo aprenderemos a enfrentar los problemas con seriedad? A continuación pueden leer una síntesis de nuestro informe y también descargar el documento completo. Sobrevivientes y familiares de las víctimas aún reclaman una asistencia pública adecuada que los ayude a reinsertarse en la sociedad.

A dos años de la tragedia de “República Cromagnón”, que causó la muerte de 194 personas –casi todos jóvenes-, la situación psicológica, física y laboral de muchos sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales es crítica, en gran medida debido a las deficiencias de las políticas con las que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encaró la atención integral de la población damnificada. Así, la persistencia de trastornos psíquicos, la discriminación laboral y social, y la precariedad económica constituyen algunos de los problemas más extendidos. Según los expertos en eventos catastróficos, estos trastornos no disminuyen con el paso del tiempo. Por el contrario, tienden a agravarse si no son tratados adecuadamente durante los tres primeros años posteriores al hecho traumático que los generó. Ya transcurrieron dos.

La atención a las víctimas

Preocupadas por el destino de las personas que padecieron la tragedia de Cromagnón en forma directa, y guiadas por el objetivo de demostrar que el Estado puede aprender y reparar de algún modo los daños causados, una vez ocurrida la catástrofe decidimos monitorear las políticas de intervención pública emprendidas por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de mitigar el impacto de esta tragedia. Tales políticas se sustentaron, fundamentalmente, en el “Programa de Atención a las Víctimas del 30 de diciembre de 2004”, puesto en funcionamiento por el Poder Ejecutivo porteño mediante el Decreto Nro. 67/05, sancionado el 12 de enero de 2005.
En este programa, el Gobierno se comprometía a brindar los siguientes servicios: la asistencia social, la atención de la salud mental y física, el asesoramiento en materia de trámites y gestiones, y la ayuda económica para cubrir los gastos directamente vinculados con lo sucedido en “República Cromagnón” y que surgieran de servicios que no pudieran ser prestados en forma directa por el Gobierno. Asimismo, se encararía una política conjunta con las jurisdicciones respectivas del Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires.
Estas acciones de las distintas áreas del Gobierno porteño debían ser coordinadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que, en ese momento, dependía de la Secretaría de Gabinete y que en la actualidad posee la jerarquía de Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Consecuentemente, esta dependencia estaba a cargo de confeccionar registros que centralizaran la información sobre cada uno de los damnificados; realizar la evaluación de los tratamientos físicos y psicológicos brindados a partir de la información que le proporcionara la entonces Secretaría de Salud -actual Ministerio de Salud-; coordinar la atención brindada por la Dirección General de Atención a la Víctima, que recibía los pedidos de ayuda y reclamos a través de la línea telefónica gratuita 0-800-999-AYUDA; y fiscalizar la ayuda económica que se brindara a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, otorgada a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Falta de registros confiables

Sin embargo, la distancia entre la letra escrita y la realidad ha sido amplia. En primer lugar, el Gobierno carece aún hoy de una base de datos con información fehaciente sobre las personas atendidas y las prestaciones brindadas por los distintos Ministerios, que posibilite realizar una evaluación de los resultados del Programa en lo que hace a la atención mental y física, y a la reinserción de esta población a una vida laboral y social activa, siendo estos los objetivos establecidos de antemano.
En segundo lugar, la coordinación entre los Ministerios del Gobierno porteño, y entre estos y las dependencias correspondientes de las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la Nación ha sido prácticamente nula. Esto ha dificultado, entre otras cuestiones, la confección de un registro completo de la población damnificada –como reclaman permanentemente las organizaciones de sobrevivientes y familiares-, el seguimiento global de la evolución de esta población y una evaluación integral sobre la efectividad de las políticas de intervención pública diseñadas. Y esto no se ha debido a una falta de conocimiento o recursos. El Ministerio del Interior de la Nación desarrolló con colaboración internacional un software, fundamental en la atención post-catástrofes, para coordinar los servicios brindados por distintas áreas de gobierno y monitorear la evolución de cada damnificado. Pero esta herramienta no ha sido utilizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni esta jurisdicción suministra información a la Nación para que la base de datos esté completa. Más allá del software, hoy es imposible saber a ciencia cierta si los afectados están mejorando o empeorando.
Esta descoordinación entre jurisdicciones a la hora de brindar servicios y compartir información contrasta notablemente con la aceitada colaboración que mostraron el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Nación para lanzar la masiva campaña publicitaria “0800-999-AYUDA” que, entre los meses de enero y febrero de 2005, dio la impresión de una atención coordinada, rápida y respaldada por sistemas de información on line. La realidad detrás de los avisos publicitarios fue muy distinta. Ejemplo de ello es que en el call center oficial se llenaban fichas de papel a mano, que luego se llevaban en colectivo hasta la Subsecretaría de Derechos Humanos, acorde nos informaron. Allí la información debía cargarse en los legajos electrónicos diseñados a tal efecto, pero el data entry nunca se completó.

La atención psicológica

En cuanto a la atención de la salud mental, las medidas implementadas han sido deficitarias, más allá del empeño de médicos, psicólogos y terapeutas en general del sistema de hospitales públicos. Si bien se dispuso la creación de “dispositivos” o equipos específicos de salud mental en los efectores de salud públicos porteños, no se brindó a los profesionales una capacitación adecuada para abordar esta problemática, considerando la envergadura de la tragedia ocurrida. Por otra parte, muchos profesionales abocados a esta tarea trabajan ad honorem desde hace dos años. A su vez, la calidad y duración temporal de cada sesión también es cuestionable ya que en ocasiones se ha llevado a cabo en espacios poco propicios dentro de los hospitales, con interrupciones y con una duración que oscila entre los 10 y 20 minutos una vez por semana. Todo esto ha provocado el abandono de tratamientos, numerosas recaídas entre personas que habían recibido el alta, un aumento en los intentos de suicidio de muchos jóvenes. Esta situación ahora se ve agudizada por el normal recrudecimiento de los trastornos en las fechas cercanas a los aniversarios de la tragedia.
A ello debe sumarse que la carencia de información centralizada en el Ministerio de Salud impide realizar una evaluación personalizada de los tratamientos y de la situación psicológica de toda la población damnificada para justipreciar los resultados de la atención brindada.

Subsidios

Respecto de la ayuda material, un abordaje errático y poco claro generó permanente incertidumbre entre los beneficiarios. Durante los primeros cinco meses se otorgaron subsidios de montos desparejos (a unos $600, a otros $1500 o $2000 por mes) sin un criterio claro. Tras la promulgación del decreto Nro. 692/05 el 7 de mayo de 2005, los subsidios se establecieron en montos fijos de $1.200 para quienes hubieran sufrido la pérdida de un familiar y de $600 a los sobrevivientes que padecieran afecciones en su salud física o mental. Los subsidios tenían un carácter excepcional y de siete meses de duración –entre junio y diciembre de 2005-. Pero desde diciembre de 2005, tres sucesivos decretos han prorrogado su otorgamiento, venciendo el último plazo el 31 de diciembre de 2006.
Estas prórrogas han sometido a incertidumbres constantes a las personas que los cobran y que dependen de ellos, en muchos casos, para la compra de medicamentos, el pago de insumos para tratamientos respiratorios o la satisfacción de necesidades básicas cuando las secuelas de la tragedia han provocado la pérdida del empleo o dificultades para obtenerlo. Para acceder a los beneficios de tales prórrogas se exigió a los familiares y sobrevivientes, por medio del Decreto Nro. 451 del 5 de mayo de 2006 y las resoluciones que lo reglamentaron, volver a presentar los papeles que acreditaban su condición de tales, forzándolos entonces a relatar y revivir situaciones traumáticas, y a sentirse sospechados en cuanto a su honestidad. Las normas internacionales justamente aconsejan no “revictimizar” a los damnificados mediante trámites atemorizantes que los obliguen a acreditar su legitimidad una y otra vez.
Finalmente, muchos sobrevivientes se han visto impedidos de cobrar los subsidios por no haber iniciado a término los trámites para su solicitud en los plazos fijados

Cargos públicos y viviendas

Asimismo, el Gobierno ha otorgado otro tipo de ayudas materiales consistentes en créditos hipotecarios, créditos para micro-emprendimientos y puestos laborales en la administración pública. Empero, esta clase de asistencia ha sido manejada con absoluta discrecionalidad. No se sabe bajo qué criterios ni de qué manera la población damnificada ha accedido a ella ni cuál ha sido su magnitud en cuanto a cantidad de “beneficiarios” y monto de tales créditos. Sí sabemos, por los reclamos recibidos, que esto ha generado disputas entre los damnificados, entre los que “sí recibieron” y los que “no recibieron” beneficios adicionales.

Pedidos de informes

En síntesis: las irregularidades en la implementación del “Programa de Atención a las Víctimas del 30 de diciembre de 2004” se evidencian en cuestiones tales como:
• Carencia de una base de datos confeccionada por el Poder Ejecutivo que contenga un registro fehaciente de la población damnificada y que permita evaluar la evolución de su condición y los resultados del Programa.
• Carencia de registros fidedignos en el Ministerio de Salud sobre las personas que fueron atendidas en su salud física y mental en los distintos efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tratamientos recibidos, y el seguimiento de la evolución de la población que ha recibido atención.
• Falta de coordinación e interacción entre los distintos Ministerios involucrados en la puesta en funcionamiento del programa, tales como el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales y el de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
• Ausencia de coordinación entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires para la atención de la población damnificada.
• Deficiencias en la prestación del servicio de atención de la salud mental en los hospitales y restantes efectores de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Entrega discrecional de créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de créditos para micro-emprendimientos y de puestos laborales en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo esto ha motivado la presentación de dos pedidos de informes a los Ministerios de Salud y de Derechos Humanos y Sociales (cuyo texto figura en un anexo aparte), que fueron aprobados en sesión del Poder Legislativo el 9 de noviembre de 2006 y el 23 de noviembre de 2006, respectivamente.

Una nueva oportunidad

Si bien aún no se ha obtenido respuesta a estos pedidos de informes, cuyo plazo vence a los treinta (30) días de su aprobación, consideramos que los reclamos efectuados mediante entrevistas con los funcionarios de los organismos pertinentes, más las demandas permanentes de las organizaciones de familiares y de sobrevivientes, han obligado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a sancionar un nuevo decreto el 7 de diciembre de 2006. Este decreto, cuyo número es el 2.120/06, tiene por objetivo la creación de un nuevo programa: el “Programa de Atención a los Damnificados de la Tragedia Cromañón”. Aún cuando este programa pareciera intentar corregir los errores cometidos en la implementación del programa anterior, no podemos dejar de señalar que la principal dificultad en el pasado fue la inconsistencia entre lo escrito y dicho y lo hecho. El problema no fue que el Estado careciera de herramientas para la intervención o que no hubiera diseñado políticas acordes, sino que no las puso en práctica como correspondía. Por eso y aún cuando damos la bienvenida a este nuevo programa, no podemos dejar de alertar sobre el peligro de que esta experiencia se repita y que las intenciones de lograr la reinserción integral de la población damnificada queden sólo en eso: en intenciones.
Asimismo, queremos destacar que este informe se ha enfocado en las deficiencias de las políticas del Gobierno porteño porque el estudio y control de su actuación corresponde a nuestra competencia específica en tanto integrantes del Poder Legislativo. Sin embargo, no pretendemos con ello liberar de responsabilidad ni al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lugar de procedencia de la mayoría de los jóvenes sobrevivientes y víctimas fatales de la tragedia, ni al Gobierno Nacional, quienes tampoco han procedido con seriedad en la búsqueda de las soluciones que este problema exige.
Para finalizar, queremos señalar que sólo nos guía el deseo de ayudar a quienes sufrieron la tragedia de Cromagnón en forma directa, así como lograr que el Gobierno de la Ciudad aprenda de esta dolorosa experiencia desarrollando capacidades reales y profesionales para atender adecuadamente a los damnificados por catástrofes. Estas ocurren con mucha más frecuencia de la que creemos.
Deseamos que la presencia eficaz del Estado en la atención post-Cromagnón asegure que este triste suceso no se convierta en un drama similar al que enfrentan hasta el día de hoy las víctimas de la Guerra de las Malvinas, quienes no fueron acompañadas en su sufrimiento, como hubiera correspondido, ni por el Estado ni por la sociedad en su conjunto.