A continuación, discurso de la Senadora Estenssoro durante el tratamiento del Proyecto de Ley que regula la Producción, Distribución y Venta de papel de diarios y revistas y que la declara de Interés Público, realizada en el día de ayer:

Sra. Estenssoro. – Señora presidenta; el marco regulatorio que se quiere sancionar hoy para controlar la producción, comercialización e importación de papel de diarios, a mi entender, es una aberración legislativa y una afrenta a las garantías y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales hemos adherido y que han sido incorporados a nuestra reforma constitucional de 1994. Voy a decir a qué me refiero porque, aunque ya se ha dicho anteriormente, por la importancia de este debate creo que vale la pena que sepamos a lo que nos referimos.
El artículo 14 de nuestra Constitución dice que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; también de usar y disponer de su propiedad –lo cual creo que está en riesgo en este caso– y de asociarse con fines útiles. El artículo 32 es muy específico respecto de lo que estamos tratando y dice que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta –ya ni siquiera dice ―de prensa sino ―de imprenta– o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. La Corte Interamericana, la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos –que es una garantía supranacional de la cual nosotros formamos parte– dice en su artículo 13 que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares sobre el papel para periódicos.
Pero, además, en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre los principios que se resaltaron en el año 2000, en el Punto 12 se dice que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos, y que en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Dice también que las leyes antimonopólicas que tienen que regir para los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, no pueden ser –como esta ley– leyes específicas sino generales. Acá estaríamos violando todos los artículos que leí y este principio. En 2010 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su informe sobre la libertad de prensa en las Américas, se refirió a los problemas entre el gobierno y la prensa. Ya ha sido parte y está preocupada. En el punto 32 de ese informe –voy a agregar esto a la versión taquigráfica– dice que la existencia de un contexto de confrontación extrema en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. Y agrega algo importante: en estos casos es tarea del Estado, dada sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras.
Como lo ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe abstenerse, en todos los casos, de utilizar cualquiera de sus facultades para premiar a los medios cercanos y castigar a quienes disienten o critican sus acciones. La legislación nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son muy claros, no dejan lugar a dudas. Además, también queda en claro, por lo que acabo de decir, que no estamos hablando de un problema industrial o comercial de fabricación de papel, sino de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental sin el cual −sin la libertad de prensa y de expresión− la democracia es “de papel”, vacía, porque no tiene libertad.
Esta no es la primera vez que en la Argentina, un gobierno quiere establecer controles y restricciones a la venta de papel para diarios y a la libertad de imprenta; pero, sin dudas, es el caso más sofisticado y abarcativo. El Estado quiere regular, minuciosamente, desde la forestación hasta la elaboración nacional de pasta de celulosa, desde las metas de producción nacional de papel para diarios, hasta los cupos y permisos de compra de papel nacional e importado para cada diario del país. Nada quedará sin regular ni controlar por el Ministerio de Economía, auxiliado, como se ha dicho, por una Comisión Federal Asesora de 33 miembros −de dudosa legitimidad o representatividad− y una comisión bicameral de 16 miembros, muy representativa −porque representa al Congreso de la Nación− pero que tendrá mayoría oficialista. Para todo se necesitará un permiso, una autorización y una cuota.

De aprobarse esta ley, las libertades de imprenta, de prensa y de expresión, así como también el derecho a la información, se administrarán en la Argentina desde el Ministerio de Economía. Entonces, pregunto: ¿se puede ser libre cuando uno necesita un permiso, un cupo y una autorización estatal para ejercer ese derecho?
Durante la última dictadura, la Argentina importaba la totalidad del papel para diarios que consumía. Hoy producimos el 70 por ciento. Había una oficina, en la Secretaría de Comercio, que otorgaba los permisos de importación. En esa época, algunos diarios pequeños del interior habían formado una cooperativa −una suerte de pool− para comprar en el exterior, a precios preferenciales, por volumen. Periódicamente tenían que ir −como el resto de los diarios y tal como se establece en este proyecto− a esa oficina del Ministerio de Economía a presentar su pedido ante el funcionario a cargo. El funcionario leía la lista −en la que constaban las necesidades de cada diario− y decía “A este sí” o “A este le falta un papelito”, y demoraba la entrega de papel −lo cual, obviamente, perjudicaba al diario−, todo por razones políticas. En ese sentido, me contaron personas que participaban de esas reuniones que una vez, y sin tapujos, ese funcionario dijo “A este no; no se preocupen, no necesitará más papel”. Se trataba del editor de un pequeño diario de provincia, y al poco tiempo desapareció. Los registros, permisos, cuotas y autorizaciones oficiales para la compra de papel para diarios y el funcionamiento de las imprentas −tales como los establecidos por el proyecto oficial en los artículos 1°, 2°, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 40 y 41− son mecanismos tan viejos como perversos. El artículo 32 se incorpora en nuestra Constitución en el siglo XVIII −en 1860; no en 1853 sino años después− a pedido de la provincia de Buenos Aires porque, obviamente, destruir las pequeñas imprentas, que les permitían a los grupos políticos hacer oír su voz, era una práctica corriente. Durante siglos, gobiernos de todo signo −de derecha, de izquierda, de facto o elegidos por el voto popular; esto hay que decirlo, también gobiernos elegidos por el voto popular− han utilizado este tipo de medidas para perseguir a sus adversarios, acallar las críticas, domesticar a la prensa y, de a poco, imponer un discurso hegemónico, una historia oficial.
El proceso lo conocemos demasiado bien. En el siglo XX se han invocado −como sucede con esta ley− objetivos muy nobles, tales como el interés general, la soberanía nacional, los derechos del pueblo y la igualdad, para cometer los atropellos más increíbles contra la libertad de prensa, de pensamiento y de expresión. Pienso, obviamente, en el nazismo y en el fascismo, pero también en la Unión Soviética, en el macarthismo −en los Estados Unidos−, en la Década Infame −en nuestro país−, en el primer gobierno de Perón −como expresó el senador preopinante− y en el Proceso de Reorganización Nacional.
¿Queremos volver a esas épocas oscuras? Nunca pensé −fui periodista y considero muy importante el renacimiento de la prensa en los años 80 y, sobre todo, en los 90, con la aparición de Página/12 y de revistas como Noticias, que despertaron a una prensa muy domesticada por años de autoritarismo− que llegaríamos a esta situación. En ese sentido, recuerdo que, en el marco del juicio a las juntas militares, durante meses escuchamos los relatos de lo que había sucedido en nuestro país.

La prensa había estado amordazada y, por eso, los militares pudieron desarrollar su plan, ya que no había libertad de expresión ni de información. Es muy grave comenzar a restringir, tal como viene haciendo este gobierno desde hace años, las libertades por medios de censura indirecta, como los denomina la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el siglo XXI es muy difícil encarcelar a periodistas o exiliarlos, cerrar los diarios y demás, sin que eso genere una cuestión internacional. Entonces, se utilizan medios de censura indirecta que, por sutiles, no son menos perversos, tales como la distribución de la publicidad oficial, la asignación de licencias de radio y televisión y, también, los controles sobre el papel para diarios. Ese es el paquete de medidas que está utilizando, de una manera creciente, este gobierno. Si el gobierno realmente quisiera garantizar la producción nacional de papel para diarios y el acceso igualitario −a un precio único− de todos los medios, tiene los instrumentos legales necesarios para hacerlo. Pero no quiere.
La Argentina cuenta con una moderna Ley de Defensa de la Competencia desde 1999, que también incorporaré a la versión taquigráfica, pero los gobiernos no han querido implementarla. Se trata de la ley 25.156, que cumple con los estándares internacionales de defensa de la competencia y cuyo artículo 1° establece: “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”.
La mencionada norma dispone, en su artículo 17, la constitución de un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia elegido por concurso. Las academias de Economía, de Derecho, los ministerios y el Congreso de la Nación integrarían un jurado para elegir a sus miembros. Finalmente, el concurso se hizo en 2002.
Sin embargo, a partir de 2003, el presidente Néstor Kirchner, primero, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después, se resisten a integrarlo, porque tiene que ser un tribunal de defensa de la competencia autárquico. ¿Qué sucede actualmente? La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es una comisión asesora dependiente del secretario de Comercio que no tiene ninguna independencia, solamente responde a las órdenes del secretario de Comercio. En consecuencia, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? Mientras se trate de amigos permitió las fusiones, como sucedió con Cablevisión y Multicanal. Pero con los enemigos comenzaron los avasallamientos.
Hay monopolios buenos y monopolios malos en la Argentina. Cablevisión y Multicanal no eran un monopolio; actualmente sí lo son y, por ello, constituyen un peligro. Yo creo que son un peligro, pero hay otros monopolios mucho más grandes, como los de las telefónicas. Al respecto, en la Comisión de Libertad de Expresión, hace unos meses, analizamos la situación de las telefónicas ya que, por ejemplo, esas empresas conforman un oligopolio, solamente considerando la telefonía celular, de 27 mil millones de pesos. La facturación de los celulares es similar al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y hay tres compañías oligopólicas que cobran en los celulares tarifas que son dos y hasta tres veces más altas que en otros países de América y de Europa. Pero no se dice que en ese caso se trate de un monopolio malo y los celulares no son un servicio público, siendo que un altísimo porcentaje de la población los utiliza y donde las tarifas más caras son las prefinanciadas, las prepagas.

Pero ese monopolio no importa porque, obviamente, hay un arreglo con Telefónica, con Telecom y con Telefé. Digo esto sabiendo que hay muchísimos medios en los que yo no aparezco y a sabiendas de que esto me puede perjudicar; de cualquier manera, no tengo ningún problema. Entonces, la lucha de este gobierno contra los monopolios es muy selectiva. Si esta ley funcionara y existiera este Tribunal no tendría que esperar a que ningún ministro o secretario le diga que actúe. Porque ante cualquier denuncia o irregularidad puede actuar y hacer un estudio verdadero del mercado, dictando las recomendaciones que corresponda. Pero esto no se ha hecho.

¿Cuál sería la solución? Porque hay problemas: nosotros tenemos una sola empresa que produce todo el papel y, además, dos de los accionistas de la empresa son los editores de los principales diarios del país. La manera de garantizar el pleno abastecimiento para todos los editores pasa por garantizar la libre importación; o sea, que Papel Prensa tenga que competir, como hace ahora, con todos los fabricantes de papel del mundo.

Hay que garantizar la libre importación automática, con arancel cero y sin ningún tipo de barrera paraarancelaria. Hay una diferencia de precios. En la actualidad el precio de Papel Prensa está a razón de 750 dólares la tonelada, mientras que el precio internacional está en 680. A veces, uno está más caro y el otro más barato, pero en este momento es más barato el extranjero. Si no, pueden comparar por volumen, si tienen que pagar al contado y, además, incluyendo el tema del flete; todo eso hace que haya una diferencia de hasta un 20 por ciento en el precio al que compran los editores más pequeños. Realmente, ha sido difícil llegar a esta cifra porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no ha hecho ningún estudio sobre los precios en general ni tampoco sobre los diferentes precios a que compran y acceden los distintos editores en la Argentina. Estamos regulando a ciegas. Creando un fondo fiduciario que permita subsidiar el acceso a precios igualitarios a todos los editores del país y obligando a Papel Prensa a competir con todas las empresas del mundo, estaremos garantizando la transparencia y la competencia.

Con respecto al objetivo del autoabastecimiento nacional, cabe señalar que ese era un objetivo que se definió en los años 70 con la creación de empresas para producir pulpa de papel y papel para diarios y hubo muchísimos programas de promoción. En ese momento era un objetivo muy razonable porque el papel para diarios era un bien escaso y los medios principales eran los diarios, pero hoy existe una sobreabundancia de papel en el mundo y estamos frente a un gran cambio tecnológico: los diarios han perdido en otros países, y también en la Argentina, más del 50 por ciento de su circulación.
Entonces, embarcarse en un objetivo de autoabastecimiento es irracional y antieconómico. A efectos de que tengamos una idea de qué estamos hablando voy a aportar los siguientes datos: la producción nacional es de 175 mil toneladas y se importan otras 50 mil, por lo que el consumo total es de 225 mil toneladas. Entonces, hasta en la hipótesis de que el gobierno pagara lo que se importa, estaríamos hablando de 34 millones de dólares; es decir, 50 mil toneladas a razón de 680 dólares la tonelada. No es una cifra tan grande.
Ahora bien, ¿por qué nos vamos a embarcar en este proyecto de autoabastecimiento cuando para muchos editores es más barato y más cerca comprar en Chile? Aclaro que esto no tiene nada que ver con no creer en la soberanía productiva y económica, sino que lo cierto es que hoy el papel para diarios no es un tema estratégico. Sí lo es, como dije ayer, la soberanía energética. No hay proceso de industrialización que se pueda sostener sin soberanía energética. Este año el Estado nacional está gastando 3 mil millones…

Sr. Presidente. – La señora senadora Fellner le pide una interrupción.

Sra. Estenssoro. – En un rato se la doy.

Este año el Estado nacional está gastando 3 mil millones de dólares para importar energía, que sí es un recurso estratégico no renovable. ¿Por qué vamos a hacer todo un marco regulatorio si el Estado puede hacerse cargo, si es necesario, de 34 millones de dólares? Obviamente, el objetivo es otro: seguir poniendo esta mordaza alrededor de los pocos medios independientes y críticos que quedan en la Argentina; y cuando hablo de independientes me refiero a su independencia económica. Esto hay que decirlo: muchas veces, los escucho y les digo con respeto –no es ni para hacerlos enojar ni para descalificar–, que hay como una especie de victimización de parte de los funcionarios de gobierno, cuando hoy en nuestro país la mayoría de los medios tienen una enorme dependencia económica de la publicidad oficial. Muchos medios no podrían existir sin el financiamiento público: para que veamos cómo es el mapa de los medios, voy a decirles cómo es la situación desde que sancionamos la ley de medios.
En cuanto a los cuatro canales de aire, la situación es la siguiente: el 9 depende económicamente en su totalidad del gobierno oficial y de la pauta de publicidad oficial. Telefé tiene que ser disciplinado porque le interesa mucho más el negocio de la telefonía y que no establezcamos que es un servicio público, como debería ser y como se propone a través de distintos proyectos que hemos discutido en este Senado, pero que no hemos logrado sancionar, para que la telefonía celular sea un servicio público. El Canal 7 es el canal público. Después, C5N y CN3, que son señales de noticias, dependen de la publicidad oficial. Lo mismo ocurre dentro del universo de los medios paraoficiales, que dependen del financiamiento público. Ahí están Página/12, Electroingeniería, el Grupo de Hadad – yo no aparezco en C5N – con respecto al cual quiero decir que hace una década a mí me molestó muchísimo que Hadad se quedara, por un acuerdo con Menem, con la Radio Municipal. Pero este gobierno le dio C5N, con la obligación de que esté en la grilla. Y ahora también se han incorporado Moneta y Vila; hasta hace poco este último era el socio de De Narváez pero ahora sale a defender la política del gobierno.
Esto ya lo hemos visto en otras épocas: cuando se empieza a poner este corsé económico y regulatorio, a lo que se le suman los aprietes –que si bien no son formales ocurren en la Argentina–, la prensa se empieza a domesticar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que pasó en estos días: efectivos de la Gendarmería entrando a las oficinas de Cablevisión o estas acciones de la AFIP contra el diario La Nación, que es uno de los pocos medios que tiene autonomía económica en nuestro país. También está la editorial Perfil, que ha quedado como si fuera golpista y, en realidad, fue la que tuvo más juicios en su contra durante el gobierno de Menem por investigar la corrupción. Uno de sus fotógrafos, José Luis Cabezas, fue asesinado porque Noticias fue uno de los pocos medios –y yo trabajaba ahí– que investigaba a la mafia de Yabrán, un aliado estratégico del gobierno menemista y del peronismo que gobernaba la Argentina en ese momento. Es muy grave lo que estamos haciendo. Hoy, algunos pensarán que esto es para nuestros adversarios en esta democracia y en esta economía de amigos y de enemigos. Pero un día vienen por ellos y otro día vendrán por nosotros.
El año pasado le dimos una medalla de oro a Bob Cox, un periodista inglés radicado durante años en la Argentina que fue el editor del Buenos Aires Herald y que fue una de las pocas voces que publicaban los hábeas corpus y que escribía sobre las Madres de Plaza de Mayo cuando casi ningún diario lo hacía. Creo que él y también el diario de Río Negro difundían esa información a pesar de la censura y de los distintos aprietes de papel y de todo tipo. Y Bob Cox, en este homenaje que le hicimos el señor senador Torres –del oficialismo– y yo, dijo que incluso él defendía la posibilidad de la información y del derecho de quienes no pensaban como él. Porque ni siquiera estaba de acuerdo con los grupos armados, ni con la guerrilla. Pero él estaba defendiendo las libertades, la ley, la democracia, los derechos humanos. Y estos son valores que tienen que estar por encima de nuestra ideología.

No hay derechos humanos para los que piensan como yo, y leyes hechas a medida para perseguir a los que piensan distinto. Sin embargo, creo que esto se inscribe en una tradición latinoamericana, para lo cual quiero recordar lo que dijo un dictador latinoamericano: ―”para los amigos, todo; para los enemigos, la ley”.

A continuación se transcribe intervención de la Senadora Estenssoro durante el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2012 realizada el miércoles 20 de diciembre.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que lamento no participar de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque la Coalición Cívica tiene un equipo económico de enorme prestigio, liderado por Alfonso Prat Gay, que en estos años ha hecho un aporte muy valioso con propuestas e información para que tengamos un debate sobre las cuentas fiscales y el desarrollo económico del país más veraz y, tal vez, con una mirada más de mediano y largo plazo. El año pasado nosotros presentamos un presupuesto alternativo, porque creíamos que había estimaciones de crecimiento, de inflación y de recursos de ingresos fiscales que no eran acertadas y, además, porque teníamos otra visión. Este año también estamos presentando un presupuesto alternativo, con una profunda diferencia económica respecto del presupuesto que ha enviado el gobierno. Creemos que en medio de una desaceleración de la economía es una mala idea proponer un ajuste fiscal y tarifario como establece este presupuesto. Por el contrario, en el presupuesto alternativo que sí presentamos en la Cámara de Diputados –acá no lo pude hacer porque no podía presentar dictamen en la comisión– se establece que en vez de que el gobierno aspire recursos de la economía, de las familias, de los asalariados y del sector productivo, se inyecten –esto es lo que proponemos– 30 mil millones de pesos, para que el impacto de la menor actividad económica no se sienta tan fuerte en las familias, en los jubilados, en las PyMES y en las provincias. El gobierno insiste en enviar al Congreso presupuestos con premisas erróneas, por no decir falsas, para contar, como lo ha hecho en todos estos años, con excedentes presupuestarios que están por afuera del control parlamentario.

Para nosotros, el presupuesto de 2012 va a ser de 530 mil millones, no de 505 mil millones como dice este presupuesto. Es una subestimación de 25 mil millones: gran parte de esta distorsión se da porque no creemos que la inflación vaya a ser del 9 por ciento, sino que va a estar por encima del 20 por ciento. En 2011 se dio esta discusión y nosotros dijimos que el presupuesto real iba a contar con 37 mil millones de pesos adicionales y, finalmente, cuando hace unos meses se presentó el presupuesto 2012 se pudo ver que la ejecución presupuestaria efectivamente se excedió en 39 mil millones; o sea, que nos quedamos cortos en 2 mil millones, pero nosotros estuvimos dando las cifras reales y no las ―oficiales. En este sentido, quiero decir que no queremos entorpecer la labor del gobierno sino que queremos garantizar el derecho a la información; a una información pública veraz y confiable que nos permita saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Justamente, mañana se va a proponer otro proyecto de ley con esta excusa de democratizar el acceso a la información, pero democratizar información falsa es muy grave para la democracia argentina. Aprovecho que se encuentra presente el miembro informante, que estaba muy contento cuando iniciamos el debate y dijo que la buena noticia era que la inflación del año que viene va a ser del 9 por ciento, porque quiero decirle que yo salí un rato, fui hasta un quiosco de aquí cerca y le dije a la persona que me atendió: ―Mire, tenemos una buena noticia: la inflación va a ser del 9 por ciento el año que viene. Y el señor me dijo, con esa rapidez popular: ―Esa debe ser la inflación ahí adentro….

Sr. Presidente. – La señora senadora Parrilli le pide una interrupción.

Sra. Estenssoro. – Después. Me dijo: ―Esa debe ser la inflación ahí adentro, en el Congreso, porque acá afuera es del 30 ó 40 por ciento. Eso es lo que piensa la gente con relación a la inflación. Puede ser que no piense así en otras cosas, pero respecto de la inflación, que es un tema grave, eso es lo que piensa muchísima gente. Y esta distorsión, esta subestimación de la inflación de los últimos cinco años, no es solamente anecdótica. El actual presidente del Senado y ex titular de Economía, cuando asumió como ministro, le encargó a las universidades públicas que analizaran los datos del INDEC e hicieran una propuesta. Bueno, las universidades tuvieron un informe muy negativo, pero el gobierno no hizo nada al respecto. La subestimación de la inflación en estos últimos cinco años fue enorme: el gobierno, el INDEC, dice que los precios aumentaron 57 por ciento y, en realidad, el aumento fue de 171 por ciento, una diferencia gigantesca. Para decir esto me estoy basando en once institutos provinciales que para este año estimaron que la inflación no fue del 8,9 por ciento, sino del 23,1 por ciento; Jujuy, 21,9 por ciento; Neuquén, 27,7 por ciento; San Luis, 23,7 por ciento; Santa Fe, 21,2 por ciento; Chubut, 24 por ciento –estoy hablando de los últimos doce meses–; Río Negro, 22,8 por ciento; Entre Ríos, 25,1 por ciento; Misiones, 23,9 por ciento; Tierra del Fuego, 32,8 por ciento; Mendoza, 21,2 por ciento; Chaco, 25,1 por ciento. O sea que el hecho de que sigamos hablando de una inflación mentirosa hace que este debate que tenemos acá, en el Congreso, carezca casi de sentido. Lo más grave…

Sr. Presidente. – Le piden otra vez una interrupción…

Sra. Estenssoro. – Eh, perdón…

Sr. Presidente. – La senadora Giménez.

Sra. Estenssoro. – En verdad, preferiría terminar, porque como estamos cortos de tiempo y todos nos hemos extendido, pero está bien…

Sra. Giménez. – Solamente es para pedirle a la senadora que los calificativos y los sustantivos que use con respecto a aquellos que no pensamos como ella, tengan una característica mucho más respetuosa. Porque la verdad es que cuesta mantenerse con templanza al escuchar calificativos como los que recién acaba de emplear. Creo que ninguno de nosotros nos merecemos que nos llamen mentirosos o que nos denominen con algún otro calificativo como los que ha usado. Podemos tener interpretaciones o datos diferentes de la realidad, pero no le acepto el término de mentirosos.

Sra. Estenssoro. – Me refiero a estadísticas; no estaba haciendo alusión a personas. Justamente, estaba leyendo los índices de los institutos oficiales estatales de las diversas provincias que mencioné. El problema de subestimar la inflación es que también subestimamos los niveles reales de pobreza. Esta mañana el miembro informante dijo que estimaban a las personas que viven por debajo del nivel de la pobreza en el orden del 5 ó 8 por ciento; no le entendí bien. Pero, en realidad, si tomamos la canasta familiar real, el nivel de la pobreza está entre el 20 y el 25 por ciento. Estamos hablando de 8 a 10 millones de personas, y no de 4 millones. Si se tratara del 8 por ciento, serían 4 millones; de lo contrario, sería menos. Por lo tanto, se está subestimando a 8 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, las cuales no son tenidas en cuenta por las políticas del gobierno. En consecuencia, no solamente hablamos de estadísticas, sino también de familias y de personas. Nosotros proponemos la instrumentación de una política anticíclica, a través de un paquete de estímulo de 30 mil millones de pesos, para beneficiar a las familias, a los jubilados y a las PyMES. Por ejemplo, respecto del denominado “impuesto al cheque”, proponemos que se aumente la coparticipación de dicho gravamen al 50 por ciento. Es decir que el 50 por ciento de lo recaudado por el impuesto al cheque sea girado automáticamente a las provincias. Además, planteamos que la alícuota de las PyMES se reduzca a la mitad. Esto sería un enorme beneficio en momentos en que las ventas disminuyan y, en consecuencia, las PyMES se encuentren ante una situación diferente. En realidad, los años de bonanza y de gran crecimiento económico eran los ideales para derogar el impuesto al cheque, porque la Argentina tiene un nivel de bancarización bajísimo. Si se considera la bancarización como la relación entre los depósitos y el producto bruto interno, en nuestro país, ella apenas alcanza el 17 por ciento del PBI −es una nación que casi no tiene su economía bancarizada−, lo que implica menos créditos y préstamos para todos, especialmente para los que se encuentran en una situación más vulnerable. Por ejemplo, Brasil tiene el 47 por ciento de su PBI bancarizado, y Chile, el 75 por ciento. Por lo tanto, al existir este tributo, la bancarización baja. No sé cómo se relaciona la política del impuesto al cheque, que impide la bancarización, con las ganancias de los bancos. La presidenta siempre señala −y me parece bien que lo haga− que los bancos, en la Argentina, son unos de los sectores que obtuvieron mayores ganancias. En ese sentido, se estima que este año las ganancias de los bancos alcanzarán aproximadamente los 25 mil millones de pesos, en un país en el que los bancos casi no le prestan a nadie. Por ende, es un modelo bastante contradictorio. Nosotros pretendemos actualizar los mínimos no imponibles de ganancias por ley −y no delegar esta facultad en el Ejecutivo, tal como propone el gobierno−, utilizando el índice salarial de los trabajadores registrados, a efectos de que el procedimiento sea automático.

También queremos establecer una exención a los haberes jubilatorios más bajos y deducir los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios del impuesto a las ganancias.

Estas medidas representarían un beneficio para la clase media, porque actualmente contar con una vivienda propia es casi una misión imposible. Asimismo a través de los dictámenes presentados en la Cámara de Diputados se propone la eliminación de la exención a la renta financiera. Se trata de una deuda pendiente, y no entendemos por qué no se ha implementado hasta el momento.

Sr. Presidente. – Senadora Estenssoro, le pido que vaya redondeando.

Sra. Estenssoro. – Así lo haré, señor presidente. Traeré un tema, muy serio, que considero importante que comencemos a analizar. Así como la pobreza estructural es uno de los temas más graves de la Argentina, la cuestión del déficit energético es gravísima. Este es el primer año, en dos décadas, en que la Argentina pierde el autoabastecimiento. Desde hace veinte años que la Argentina se autoabastece, pero perdimos esa capacidad. De los 75 mil millones en subsidios para todo este sector, el 46 por ciento está destinado al sector energético. La producción de petróleo cayó, desde su pico más alto −alcanzado en 1999−, un 27 por ciento, y el gas, también desde su pico más alto −logrado en 2006−, un 13 por ciento. De todos modos, lo que más disminuyó −por eso se verifica la falta de autoabastecimiento− fue la inversión en exploración. El pico exploratorio se alcanzó en 1995, con 165 pozos, y el precio del barril de petróleo en esa época rondaba los 17 dólares. Pero el año pasado, cuando el costo del barril se ubicó en casi 100 dólares, se exploraron solamente 30 pozos. Por eso no tenemos gas ni petróleo. A pesar de que en esta década los precios estaban altísimos y podríamos haber hecho una gran inversión −no nosotros, sino el sector privado−, por manipular todos los precios de la energía no hubo inversión y, en consecuencia, ahora debemos importar. Incluso, a partir del viaje de la presidenta a Qatar se presentó un proyecto para importar gas licuado y, a tal fin, se construyeron puertos…

Sr. Presidente. – Señora senadora, ¿puede ir cerrando su intervención?

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: dado que se encuentra el señor senador y ex presidente de la Nación Menem, debo decir que mi compañero, el senador Giustiniani, ya se refirió a la privatización del petróleo. Entre 1990 y 1999, YPF se convirtió en una empresa de derecho privado, pero de capital mixto. Y era el Estado argentino el que tenía el control de la empresa. En los años 90, la producción de petróleo aumentó considerablemente; puedo darle las estadísticas, ya que las tengo en mi poder.

Sr. Presidente. – No, senadora. Tenga en cuenta que está excedida en su tiempo y que la duración de las intervenciones tiene que ser igual para todos. Por favor, vaya cerrando.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el grave problema empezó cuando se vendió YPF − cuando se privatizó− a Repsol. Eso se hizo con el avenimiento del ese entonces presidente Menem, quien deshizo todo lo que se había hecho, y con el asentimiento del gobernador Néstor Kirchner, que vendió el 5 por ciento de las acciones que la provincia de Santa Cruz tenía en la empresa. A partir de la entrada de Eskenazi se concreta un acuerdo para que YPF pueda distribuir el 90 por ciento de las ganancias −es lo que se ha hecho−, pero no se invierte en exploración. Esa es una de las razones sustanciales por las cuales hemos perdido nuestra capacidad de producir petróleo.

Brasil siguió el modelo de YPF de mitad de los 90 y se convirtió en una empresa que cotiza en Bolsa; actualmente lo hace en la de Nueva York y en el resto de las bolsas mundo. Sin embargo, Petrobras, que en 1999 tenía una capitalización de mercado similar a la de YPF hoy vale 13 veces más, mientras que YPF tiene el mismo valor. Entonces, el problema radica en los precios locales, ya que a nuestros productores le pagamos 2,20 dólares por el gas, pero lo importamos a 17 dólares. Además, no hacemos inversiones en exploración. Entonces, los pozos que mencionó el senador Fernández se pueden hacer, pero con otra ecuación económica. Además, no se trata de reservas comprobadas, porque hay que ver cuál es la ecuación económica. Por muchos años tendremos que seguir importando cada vez más. Al respecto, en los últimos años escuché decir “Bueno, no importa autoabastecerse; Estados Unidos no se autoabastece”…

Sr. Presidente. – Señora senadora Estenssoro, por favor, vaya culminando.

Sra. Estenssoro. – Estados Unidos no se autoabastece porque es el tercer productor de hidrocarburos del mundo, mientras que la Argentina es marginal, produce el 0,8 por ciento de la producción mundial. Entonces, Estados Unidos decide cuándo importa y cuándo produce según la ecuación económica; pero nosotros no tenemos esa ventaja. Ese es uno de los problemas más serios que tenemos en la Argentina…

Sr. Presidente. – Senadora, por favor, le voy a quitar el uso de la palabra

Sra. Estenssoro. – Por eso me opondré a la prórroga de las retenciones.

Hoy el Senado de la Nación rindió homenaje a la Dra. Eugenia Sacerdote de Lustig por su trayectoria como científica y como mujer. En el acto, hicimos entrega de la Medalla Conmemorativa del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010, que concede el Senado de la Nación a personalidades distinguidas de la República Argentina, en reconocimiento a la trayectoria.

“Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Senado de la Nación compartiendo esta hermosa mañana y este hermoso homenaje.

“¿Cuántas personas llegan a vivir, o se animan a vivir hasta 101 años? ¿Cuántas personas, y en especial mujeres de 101 años, han sido homenajeadas por el Senado argentino? Pocas, muy pocas.

“Una vez que la familia se estabilizó, y en este sentido -estoy segura de que ella querrá que brindemos también un reconocimiento a su cuñada quien la ayudó a criar a sus tres hijos-, Eugenia empezó a ir a la biblioteca de la Facultad de Medicina.

“Haciendo mías las palabras expresadas por el Dr. Osvaldo Fustinoni, cuando le entregó a la doctora el Premio Hipócrates 1991, la mayor distinción que un médico argentino puede recibir, “la vida de la Dra. Lustig es la historia de una pasión”. Creo que es la definición más sintética y elocuente de la vida de Eugenia. A lo largo de su vida enfrentó con decisión y superó todo tipo de problemas que podrían haber significado la claudicación en cualquier otra persona. Ninguno de ellos impidió que cumpliera con todos los roles que ella eligió: el de mujer, esposa, madre y abuela, el de docente, el de científica eminente y el de formadora de científicos.

“Su creatividad no ha tenido fronteras y según sus propias palabras: “cuando tiene una idea para investigar siente una especie de fiebre que no la deja dormir”. Trabajó en el laboratorio y en su casa (cuando las obligaciones familiares le dejaban un poco de tiempo). Cada lunes después de leer incansablemente los fines de semana llegaba al laboratorio con ideas y proyectos nuevos y temas de discusión. Y esto que les estoy contando no es historia antigua, sino parte de un pasado muy reciente, ya que la Doctora siguió concurriendo al Roffo hasta el 2004. Y sigue interesada en la ciencia y en el quehacer cotidiano del laboratorio hasta el día de hoy, recién cumplidos los 101 años.

“Cada día, durante muchos años, hemos disfrutado de los almuerzos, en una mesa donde nos reunimos investigadores, becarios, técnicos, administrativos: la charla podía tratar temas científicos, de actualidad o de la vida, y en todos la doctora Eugenia, siempre al día, y con sencillez y modestia increíbles, tenía algo para aportar. Un aspecto que no muchos conocen es que la creatividad de Eugenia no se ha limitado a la ciencia: en los festejos del laboratorio, los cumpleaños o las despedidas era siempre ella quien escribía la mejor dedicatoria, generalmente en forma de poesía, con humor y emotividad. También quiero contarles que era una tradición en el laboratorio festejar el cumpleaños de la doctora comiendo el delicioso turrón de chocolate que nos traía cada año, y que ahora seguimos disfrutando en su casa, cuando desayunamos con ella en el día de su cumpleaños.

(…)

“Para sintetizar el pensamiento filosófico de la Dra. Sacerdote de Lustig frente a la ciencia, me gustaría leerles algunas definiciones, que ella ha expresado a los medios en los últimos años: ‘…La ciencia sirve para reunir a los pueblos, porque los científicos hablamos todos el mismo idioma. Esta unión es mucho más sólida que la globalización obligatoria en que estamos inmersos‘.

“También expresó: ‘La investigación es un proceso sin fin que provoca siempre sorpresas, y nunca se sabe como será su desarrollo futuro. Sin embargo, el peligro de la humanidad no es la sabiduría sino la ignorancia. La ciencia no conduce ni al odio ni al racismo. Es el odio el que recurre a la ciencia para justificar el racismo.’

TELEFONÍA CELULAR COMO SERVICIO PÚBLICO

Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Medios de la cámara alta, María Eugenia Estenssoro, señaló que “…el celular es un elemento esencial para la vida cotidiana. Su función no es únicamente la de transmitir mensajes sino que cumple una tarea social. Nos es útil para múltiples ocupaciones tales como trabajar, cuidar nuestros niños o para educar a las madres prenatales, entre otras. Actualmente, Argentina tiene las tarifas más caras de la región y dado que existen más de 57 millones de líneas en este país, el celular no puede tener tarifas prohibitivas.”

El proyecto del senador socialista propone que deben fijarse tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con la prestación del servicio y el costo .

Comparto con ustedes la nota publicada en diario Clarín el domingo 25.

por Silvia Naishtat

“La oposición citó a usuarios y telefónicas. Quiere declararlo servicio público.

“Cuando desembarcó en 1989 parecía el zapatófono del Súper agente 86. Pero aquí lo llamamos ladrillo. Desde entonces, el celular rompió todos los moldes al multiplicar las opciones para estar comunicados. Decididamente, cambió nuestras vidas. ¿Cuántas llamadas ya hizo o recibió en lo que va de esta mañana? En la Argentina, la cantidad de líneas, unas 57,8 millones , supera el número de habitantes y su posesión no distingue clase social.

“Sin embargo, la legislación que aún existe en el país sigue considerando la telefonía celular un servicio premium, para ricos, cuyas tarifas están al margen de cualquier regulación.

“Las telefónicas festejaron el último año nuevo con un aumento de 20% promedio y en este setiembre anunciaron otro sacudón de 16% a 20%. Son subas que afectan a los clientes más modestos.

“No es un dato menor. El precio de la llamada por celular contrasta con casi todo el resto (luz, agua, gas, subte y ómnibus) que se mantiene congelado.

“Y es, además, una de las más altas del mundo: cuesta el doble de Europa y Estados Unidos y tres veces más que Asia.

“El mercado está dominado por Telefónica con su marca Movistar, Telmex del mexicano Carlos Slim, con Claro y Telecom, que posee Personal. Estas empresas acordaron mantener quietas las tarifas de los teléfonos fijos y ajustar los móviles que ya representan, con una facturación de 27.000 millones de pesos, el grueso de su negocio.

“Algo de esto se propone modificar un pequeño grupo de senadores. La iniciativa partió del socialista Rubén Giustiniani y enseguida la presidenta de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, María Eugenia Estenssoro puso manos a la obra. Este miércoles a las 9 están citados las telefónicas, expertos y representantes de los usuarios.

“Lo que propone Gisutiniani es que la telefonía celular sea un servicio público regulado por el Estado.

“Apunta que deben fijarse tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con la prestación del servicio y el costo .

“Estenssoro se sumó y plantea que las tarifas deben ser reguladas.

“El oficialismo también presentó un proyecto sobre su declaración como servicio público a través de Blanca Osuni, del Frente para la Victoria. Tiene siete artículos sobre los contratos, su modificación, la facturación, pero no dice nada sobre la regulación tarifaria.

‘“El acceso a la tecnología celular es universal en la Argentina pero el uso es también muy limitado porque las tarifas son prohibitivas. En Argentina el 80% de los usuarios utiliza servicios prepagos y la mayoría hace en promedio 1 llamada diaria y 5 mensajes de textos por día. Las altas tarifas limitan completamente el real acceso a la Sociedad de la Información”, dijo ayer Estenssoro a Clarín.

“En el Senado hay dudas sobre el rol que puede jugar en este tema el oficialismo. Un antecedente fresco es lo que ocurrió con la portabilidad numérica para los telefónos fijos y móviles. Esto es, que el cliente pueda mantener siempre su número aunque cambie de operador. Cuando la legislatura se disponía a tratarlo el Gobierno en una resolución del pasado 15 de julio limitó la portabilidad y sigue postergando su implementación.

“Así las cosas, Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con portabilidad numérica, algo que en el mundo comenzó a implementarse en 1995. Brasil y Chile lo tienen hace rato.”

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En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto por el cual se ampliarán los plazos de prescripción de los delitos que afecten la integridad sexual de las personas.

Considero un gran logro para la sociedad que el proyecto que presenté, y que había obtenido media sanción del Senado el pasado 16 de marzo (ver post anterior haciendo click acá), se haya convertido en ley en la sesión de la Cámara Baja celebrada hoy.

El proyecto fue acompañado -entre otros Senadores- por Miguel A. Pichetto, Sonia Escudero y Norma Morandini. Está basado en propuestas que me acercaron, oportunamente, el diseñador de modas Roberto Piazza y diferentes Asociaciones que se ocupan de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La modificación propuesta es la incorporación al Artículo 63º del Código Penal de la Nación del siguiente párrafo:

“En los delitos previstos en el Libro Segundo, Título III -Delitos contra la Integridad Sexual- cuando la víctima fuere un/a menor de dieciocho (18) años, la prescripción de la acción penal comenzará a correr a partir de las 00:00 horas del día en que adquiera la mayoría de edad. En los casos en que se produzca el fallecimiento de la víctima, antes de haber adquirido su mayoría de edad, la prescripción correrá a partir del momento en que se produzca su deceso”.