“…Si no se establece un organismo cuyos miembros tengan la idoneidad e independencia necesarias para ejercer su función, cuando un ciudadano pida una información con la cual el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo no estén de acuerdo se los podrá remover, puesto que no se establece aquí ningún procedimiento para su remoción…”.

A continuación, publicamos el discurso de la Senadora Estenssoro ante el recinto de la Cámara de Senadores en relación con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Sra. Estenssoro. - “Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley que tanto para la Coalición Cívica ARI como para mí es muy importante. Como presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión este es un proyecto esencial. Así lo definimos a principio de las sesiones ordinarias de este año y, además, como periodista que fui durante casi veinte años -estas leyes existen en las democracias más avanzadas desde hace treinta o cuarenta años- tengo plena conciencia de la importancia de esta ley para los ciudadanos, pero quienes generalmente más utilizan este instrumento son los periodistas, la prensa. Así que tengo un compromiso profundo para que este Congreso sancione finalmente una ley de acceso a la información pública. Ya se ha dicho pero lo reitero: lo que hace una ley de acceso a la información pública es realmente garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, que los ciudadanos sepan de qué se trata, que cuenten con información de la gestión de los tres poderes y de la gestión de todos sus funcionarios, toda la información salvo alguna pequeñísima excepción, porque la información en manos del Estado ya no es secreto de Estado como nos acostumbraron las dictaduras y como, además, en las democracias de principios del siglo XX se pensaba que el funcionario era el dueño de la información y el ciudadano no tenía acceso a ella. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos cincuenta años y, justamente, es importante que el ciudadano sepa que todo lo que está en el Estado le pertenece y no es de los funcionarios. Me alegro de que la senadora Sonia Escudero haya puntualizado que la norma en consideración se debate en un contexto muy particular y muy delicado.

“Se trata de un contexto en el cual la Argentina, según mi opinión, vive el momento más difícil desde el retorno de la democracia en cuanto al acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión, en virtud del permanente hostigamiento y acoso a la prensa y a los medios independientes. En efecto, se trata de un momento delicado que comenzó en el año 2003 ya que hay una política específica del gobierno de cerrarse informativamente. Comenzó con la eliminación de las conferencias de prensa, algo habitual durante veintipico de años de democracia. Se acabó también con los ministros, secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo cumpliendo su obligación de recibir a la prensa y responder a su requisitoria libremente. Hoy solamente hay algunos ministros habilitados para contestar determinados temas, pero ya no existe la obligación de todos los funcionarios de recibir a los periodistas y responder a sus preguntas. El acoso a los medios independientes ya es conocido y la llamada Ley de Medios, que era muy necesaria, a mi juicio, en lugar de ser una norma que dotara de transparencia y garantizara mayor pluralidad, es como una ley venganza contra un aliado que, finalmente, no lo fue tanto a pesar de las cosas que se le habían dado. La manipulación de las estadísticas nacionales es algo a lo que nos hemos habituado. Pero no contar con esa información básica es muy sorprendente: es escandaloso.

“Se ha hablado mucho del avance que significó el decreto de acceso a la información pública -me refiero al Decreto N° 1172/03-, pero debemos recordar que hace un año la subsecretaria a cargo de la implementación de dicho decreto renunció, justamente, por encontrar cada vez más limitaciones para cumplir con su tarea dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Incluso, un sitio web donde había mucha información pública sobre la gestión de gobierno fue removido. O sea que, en el último tiempo, el gobierno ha comenzado a limitar el acceso a la información pública. Todo esto se viene coronando con algo totalmente inapropiado y escandaloso como es la reticencia de la SIGEN a darle información -se trata de trescientos informes- a la Auditoría General de la Nación, cuyo presidente se ha visto obligado a realizar un amparo judicial. Es decir que el contexto es muy anómalo y, por esa razón, es que el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de asegurar que va a debatir e impulsar una buena ley; no una ley que parezca una ley de acceso a la información pública pero luego deje ciertas ventanillas que hagan que no se cumpla efectivamente con todas las cosas buenas que contiene el predictamen.

“En efecto, coincido con muchas cosas que dijeron el senador Cabanchik y la senadora Escudero. Estoy de acuerdo con sus alcances y he trabajado durante cinco meses junto con mis asesoras y con los asesores de senadores y senadoras autores de proyectos para elaborar un dictamen de consenso que, finalmente, no pudo ser alcanzado. Lo dije en la reunión de labor parlamentaria del día de ayer, pero lo repito ahora nuevamente. Creo que llegar a una sesión y tratar el tema sobre tablas, sin un dictamen que cuente con las firmas correspondientes para un tema institucional tan importante es un retroceso. También tengo sobre mi banca el proyecto de dictamen consensuado en la oposición, que tiene fecha del 26 de agosto de 2010, que no es el que obra sobre las bancas. Es más: hoy me vinieron a ver, y están en las tribunas, en los balcones para el público, representantes de Poder Ciudadano y de ABC para decirme que el proyecto conversado con algunos senadores y el presidente del Senado no era el que publicaron anoche en la página de Internet, y que hay muchas cosas con las que ellos no están de acuerdo. Es más, les parece que es un proyecto débil en algunos aspectos. Lo normal en este Senado es que, en comisión, los proyectos siempre tengan, por lo menos, ocho firmas. Y aquí había varias comisiones involucradas. En ese sentido, yo pedí varias veces en las reuniones de labor parlamentaria que se votara en el recinto una limitación a los giros, justamente, para que se pudiera emitir dictamen. Pero no hubo buena voluntad de parte del oficialismo.

“Sin embargo, estamos haciendo ahora algo inusual, que es tratar un proyecto tan importante -como se ha dicho aquí- sin dictamen de comisión y sin los siete días previos de la publicación. Nótese que este plazo no es para nosotros solamente, sino para los ciudadanos. O sea, para que sepan de qué se trata el proyecto y lo que estamos votando. Así pues, aquí nos enfrentamos a una paradoja: queremos dar acceso a la información pública, pero a los ciudadanos no les hemos dado tiempo de leer esta norma. Como dije esta mañana, antes de entrar al recinto, me vinieron a ver representantes de las organizaciones que trabajaron en el Decreto 1.172 y en la ley que se redactó en forma participativa en 2002 y 2003 en la Cámara de Diputados, que luego obtuvo sanción. Ellos me dijeron que este proyecto no se ajusta al modelo de ley de la OEA y que el dictamen de mayoría del radicalismo, del peronismo federal, del GEN y del PRO de la Cámara de Diputados, comprende una ley mejor, con la cual ellos están efectivamente de acuerdo. Esto es lo que me vinieron a decir.

“Por eso, no entiendo la razón de este apuro. Tenemos un proyecto con consenso que proviene de la Cámara de Diputados, que, además, cumple con los estándares internacionales, respecto del cual las organizaciones de derechos humanos y civiles están de acuerdo y va a tener el tiempo de publicación correspondiente, con fecha de tratamiento el 22 de septiembre. Entonces, reitero, no entiendo cuál es el apuro por tratar este proyecto, que no es aquel en el que trabajé durante cinco meses. Aquí se cambió la autoridad de aplicación; y hay otras cosas que realmente quisiera modificar. Por todo ello, no estoy de acuerdo con la forma en que estamos tratando este tema. Y aunque se afirme que vamos a efectuar modificaciones, no nos estamos comprometiendo en cuanto al sentido en que se realizarán. En consecuencia, estamos por votar en general un texto respecto del cual no sabemos si en los puntos críticos vamos a poder encontrar los consensos necesarios como para sancionar una buena ley. Además, después, esta norma deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados.

“Es decir, estamos por votar algo incierto y, tal vez, esto se empantane después en la Cámara de Diputados debido a lo expuesto, y en consecuencia volvamos a la misma situación de 2003, al simulacro; porque, en realidad, no hay voluntad desde este Congreso de sancionar una buena ley de acceso a la información pública como ya ha han dictado otros países en la región. Quiero señalar que el punto que más me preocupa de este proyecto es la autoridad de aplicación. Si no se establece un organismo cuyos miembros tengan la idoneidad e independencia necesarias para ejercer su función, cuando un ciudadano pida una información con la cual el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo no estén de acuerdo, se los podrá remover, puesto que no se establece aquí ningún procedimiento para la remoción…

Sr. Presidente. - “Señora senadora Estenssoro: el señor senador Cabanchik le solicita una interrupción. ¿Se la concede?”

Sra. Estenssoro. - “Cuando termine de explicar lo que entiendo son las diferencias entre ambos proyectos, entonces, con gusto le concederé el uso de la palabra al señor Cabanchik.”

Sr. Presidente. - “Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.”

Sra. Estenssoro. - “En este sentido, creo que el proyecto de dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados que impulsan el diputado Gil Lavedra, el radicalismo, el PRO y el peronismo federal tiene una autoridad de aplicación que, en cuanto a su procedimiento para el nombramiento y remoción de los funcionarios, es más garantista. Y voy a referirme a esos puntos. El artículo 21 de dicho dictamen de minoría no fue acompañado por la Coalición Cívica, dado que emitió un dictamen propio. Pero ya le dijimos al diputado Gil Lavedra ayer que lo vamos a acompañar, porque aunque preferíamos -como dijo la senadora Negre de Alonso- una autoridad de aplicación independiente, creemos que, en su proyecto, se dan las garantías en dos aspectos claves, que son el modo de designación y los procedimientos de remoción, que es un tema delicado.

“El artículo 21 dice que los directores del CAIP serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo de ambas Cámaras del Congreso, o sea que no sólo por parte del Senado. También, enumera los requisitos e incompatibilidades: no haber ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores al de secretario del Poder Ejecutivo nacional en los dos años anteriores a la postulación; dedicación exclusiva, etcétera. Además, dice que resulta incompatible la actividad política partidaria mientras dure el ejercicio de la función. Y esto me parece importante porque, en el caso de la ley de Medios, uno de los que tiene que juzgar es el gobernador Capitanich, quien, evidentemente, no puede dedicarle el tiempo necesario a la función, además de existir una connivencia política que hace difícil que pueda ser imparcial en su tarea. Es importante la despolitización de estos órganos de control y que las personas que ejerzan estos cargos tengan la independencia suficiente de cualquiera de los tres poderes. El proyecto de ley de la Cámara de Diputados tiene estos requisitos. Además, esa iniciativa habla de la remoción y no así el proyecto que tenemos sobre nuestras bancas. Respecto de la remoción de los miembros del CAIP, el otro proyecto dice que tiene que ser fundada en mal desempeño en su cargo o por razones de salud, cuando la afección torne imposible el ejercicio de la función, dispuesta por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de una de las Cámaras, previa instrucción de sumario que garantice el derecho de defensa; renuncia o condena firme por delito doloso. Entonces, ningún ministro de la Corte ni el presidente de la Nación ni el Parlamento pueden remover a este funcionario porque no les guste la información que quiere dar a los ciudadanos, sino que hay un procedimiento muy claro que otorga las garantías suficientes.

“Me gustaría ver en el proyecto en tratamiento este tipo de mecanismo, tanto para la designación como para la remoción de la autoridad de aplicación que se está proponiendo. Tengamos en cuenta la experiencia, por ejemplo, de los entes reguladores de servicios públicos, en los que se preveía el ingreso por concurso. Gobierno tras gobierno, han removido a los funcionarios y están intervenidos desde 2002. Si no incluimos garantías en cuanto a la designación y remoción, será una ley muy linda para anunciar, pero cuando algún ciudadano pida alguna información crítica, es probable que los funcionarios que la den puedan ser fácilmente removidos de sus cargos. Habíamos llegado a muchos consensos. La autoridad de aplicación era el tema más delicado. Si tenemos voluntad de aprobar en conjunto una buena ley, ¿por qué no nos dimos una semana, como en el caso del proyecto de ley sobre glaciares? En ese caso, fijamos fecha para la semana que viene, a fin de recibir a gobernadores y a miembros de organizaciones ambientales que quieran decir algo más en este tema clave y, así, fijamos fecha de sesión para la última semana de septiembre. Pero hoy hemos venido a aprobar algo en general que no sabemos muy bien qué es; y no tenemos fecha para dirimir estas cuestiones en particular. No hay un compromiso en cuanto a si será una autoridad de aplicación más independiente que la que se incluyó en el proyecto o más laxa aún. No me siento cómoda al tener que votar el proyecto de esta manera, sin dictamen y sin que haber llevado a cabo un plenario de comisiones. El lunes y martes hablé con varios senadores y senadoras y me dijeron que no sabían muy bien qué texto se iba a tratar hoy, siendo que es una ley tan importante. Creo que este no es el modo de votar esta iniciativa, salvo que, en el transcurso del debate, fijemos una fecha para las reuniones de senadores, no solamente de asesores -que trabajan maravillosamente bien-, porque hay cuestiones políticas que los legisladores las tenemos que decir en conjunto y sentados en una mesa. Entonces, a mí me gustaría que hubiera fecha para esa reunión -preferiría que fuera la semana próxima- y que, antes de votar en general, hoy fijemos la fecha para considerar en particular este proyecto de ley.

“De lo contrario, así como quiero que quede asentado que yo no voté la habilitación del tema sobre tablas, también quiero señalar que, si no existe la garantía de que el Senado vaya a votar una buena iniciativa -tan buena como el dictamen en el que también trabajaron mucho tiempo en la Cámara de Diputados para, finalmente, llegar a difíciles consensos-, yo voy a pedir, después, permiso para abstenerme.”

Este post fue publicado por editora, el Wednesday 8 de September de 2010 a las 20:16, bajo la sección TAREA COMO SENADORA NACIONAL (2007-2013), Todas. Puede hacer un seguimiento de los comentarios de este post gracias al feed RSS 2.0. Puede dejar un comentario, o enviar un trackback desde su sitio.