“Paz”, “pacificación”, “diálogo”, “consenso”. Tal vez porque tanto nos faltan, éstas son las palabras que más oímos en la conflictiva Argentina de los últimos meses. La paz no es un concepto, es un estado del ser, íntimo, profundo, que comienza en cada uno de nosotros. Es una elección individual y colectiva.

En momentos en que el Congreso comienza el debate sobre la ley del campo, el lunes 23 de este mes di una clase en el Instituto “Hannah Arendt”. Seguidamente, encontrarán el texto de la clase que dicté en el marco del curso magistral “La No Violencia y la Construcción Activa de la Paz”, que se dicta una vez a la semana.

El individuo y la sociedad en la construcción de la paz
Agradezco al Instituto “Hannah Arendt”, a Elisa Carrió y a Diana Maffía el haberme invitado a dialogar con ustedes sobre la construcción de la paz, especialmente en el momento histórico que vive nuestro país, cuando el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de sancionar una ley agropecuaria que le permita al campo ser el motor de nuestro desarrollo con equidad en las próximas décadas, porque es la gran oportunidad que tenemos dado el contexto internacional. Esta ley deberá reestablecer un federalismo real en la Argentina, un federalismo no declamado, sino verdadero, que redistribuya el mapa del poder y la riqueza entre el gobierno nacional y las provincias.

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Argentina tiene una gran oportunidad: aumentar su producción agroindustrial al mismo ritmo que suben los precios de los granos y alimentos en el mundo y así promover el desarrollo con redistribución del ingreso en nuestro país. Pero, desde hace 104 días, el gobierno le ha declarado la guerra a los productores rurales, mediante un impuestazo conficastorio e irracional que ahora pretende refrendar por ley. Esta situación ha sumergido al país en una crisis política, social y económica alarmante.

¿Qué hace un gobierno razonable cuando quiere alentar un sector productivo? Lo valora, lo cuida, lo jerarquiza. Eso significa aprovechar una oportunidad. La otra posibilidad es extraerle rápidamente la renta, con tasas impositivas confiscatorias -44% de retenciones móviles lo es- para sacarle el jugo como si fuera la última cosecha. Y si el sector se resiste, acusarlo, descalificarlo y denigrarlo públicamente. Eso es oportunismo.

El proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso intenta ratificar la resolución 125 que generó todo este lamentable conflicto. Si esto ocurre, la crisis seguirá. Pero el que pagará el costo más alto será el propio gobierno: en los últimos meses la imagen positiva de la Presidenta cayó del 50% al 19%.

A continuación, los invito a leer y ver diversos reportajes que me hicieron, en las últimas semanas, sobre el tema:

Edición del diario Crítica de la Argentina, publicado el 8 de junio de 2008

Mi participación en Palabras más Palabras menos, conducido por Marcelo Zlotowiagzda y Ernesto Tenembaum (TN).

Video de A dos voces (TN, conducido por Marcelo Bonelli y Gustavo Sylvestre)

Entrevista para Inforegión

Mis declaraciones en Almorzando con Mirtha Legrand, el día 19 de este mes, editadas en la sección “Campo vs. Gobierno” por el programa TVR (Canal 13)

En 2007 se creó un fondo especial de 20 mil millones de pesos con el objeto de asegurar la sustentabilidad del sistema previsional. Ahora, el gobierno podría estar usando ese dinero para tapar el déficit y pagar vencimientos de la deuda externa.

El 22 de mayo presenté un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional que es un capital de reserva que se creó, hace aproximadamente un año, con dinero de los jubilados para preservar su valor y rentabilidad y atenuar posibles desarreglos en el financiamiento del régimen de reparto.

Se publicaron varias notas periodísticas denunciando el mal uso de este fondo, como la intención de realizar un préstamo -300 millones de pesos- a la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) la cual, según el presupuesto 2008, es deficitaria y no estaría en condiciones de devolverlo. También se denunció el uso del dinero para cubrir necesidades de financiamiento del sector público (por medio de una resolución conjunta, las Secretarías de Hacienda y Finanzas emitieron una Letra del Tesoro para la ANSES a cambio de 2.750 millones de pesos). Es decir que no se usó para el destino para el cual había sido creado.

Quienes en ese momento eran Director Ejecutivo de ANSES (Sergio Massa) y Ministra de Economía (Felisa Miceli) habían coincidido en que este fondo tenía por fin que “… el sistema público contara con estos recursos para que pueda garantizarse que en la Argentina los jubilados no sean variables de ajuste de las dificultades fiscales…”.

¿Llegaremos a saber en qué fue invertido el dinero de este fondo? ¿Podremos verificar si el objetivo de su creación se cumplió? ¿O será un fondo más de los que se vienen instituyendo hasta el momento y cuyos recursos no sabemos adónde se dirigen?

Estamos frente a la posibilidad de democratizar y transparentar el funcionamiento de los medios en la Argentina.

El 1 de mayo publiqué mi opinión aparecida en el diario BAE en la cual expresaba que los gobiernos no pueden continuar concediendo o negando licencias en forma discrecional y que es preciso debatir y reflexionar abiertamente, en el Congreso de la Nación, sobre qué pautas pondremos en práctica para que la nueva ley de radiodifusión nos abarque a todos los ciudadanos.

Para ello, y anticipándonos al día del periodista, el 5 de junio a las 15,30 hs. nos reuniremos en el Seminario Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Una agenda ampliada en el salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación, asumiendo el compromiso de pensar -entre todos- un nuevo marco legal.

Participarán Gabriel Mariotto -Interventor, COMFER-; Jorge Lanata -Director, Diario Crítica-; Julio Rajneri -Director, Diario Río Negro-; Guillermo Mastrini -UBA-; Martín Becerra -UNQ-; Julio Blanck -periodista, Diario Clarín-; José Antonio Díaz -periodista, Revista Noticias-; Damián Fernández Pedemonte -Universidad Austral-; Sebastián Lacunza -Director Ejecutivo, FOPEA- y Osvaldo Ripoll -CEMCI-.

Reflexionaremos sobre una agenda legislativa que incluya normas sobre telecomunicaciones, radiodifusión, medios públicos y comunitarios, regulación de la publicidad oficial, acceso a la información pública o la necesidad del defensor de los usuarios, entre otras cuestiones centrales. Porque las políticas públicas de medios deben fundarse en la transparencia y no en el ocultamiento, en la libertad de expresión y no en la censura, los invito a participar.