Hace casi un siglo, Joseph Pultizer, creó la primera facultad de periodismo del mundo en la Universidad de Columbia de Nueva York. Temía que los intereses de « Wall Street », condicionaran las opiniones de los periodistas, erosionando así su rol como intermediarios y cuestionadores indispensables en el diálogo entre la ciudadanía y el poder.

Según él, la formación académica les daría a los hombres de prensa « una conciencia moral » como la de los docentes, « que si bien ganan poco dinero, tienen conciencia de desempeñar una noble profesión… La certeza de que un periodista respetable se negaría a editar un diario que representara intereses privados opuestos al bien común, sería suficiente para desalentar esos intentos, » escribió en 1912.

Los peligros y tentaciones para la prensa son infinitamente superiores hoy en día. Pero los dilemas morales y políticos que envuelven a esta « noble profesión » son los mismos de siempre. Tuve la oportunidad de estudiar en aquella facultad y de trabajar para algunos de los medios más importantes de Estados Unidos y Argentina, y creo profundamente en el rol de la prensa independiente en una democracia libre.

Como legisladora estoy convencida de que nuestro país necesita sancionar un marco legal que regule la siempre delicada relación entre el Estado, los gobiernos y los medios de comunicación. Porque lo que está en peligro en la sociedad moderna, es la posibilidad de que exista una prensa libre, donde los periodistas no queden atrapados como rehenes entre los intereses políticos de los gobernantes y los intereses económicos de empleadores con demasiados negocios con el Estado.

Si el gobierno quiere transparentar el manejo de la información en la Argentina, como sostiene desde hace unas semanas, entonces no podemos discutir solamente la ley de radiodifusión, tenemos que debatir abiertamente, en el Congreso de la Nación, -no la Casa Rosada- un paquete integral de normas: la normalización del COMFER; la ley de acceso a la información; la ley de medios públicos ; una ley estableciendo criterios de distribución de la pauta publicitaria oficial. El suculento negocio de la televisión digital que unirá voz, imágenes y datos no puede decidirse a puertas cerradas.

Finalmente, quiero plantear la cuestión que más me preocupa, porque hace no sólo al futuro de los medios en nuestro país, sino a la subsistencia de la democracia, basada en la división de poderes y el control ciudadano. Los argentinos ¿queremos contar con una prensa independiente, tanto pública como privada, que sea la mediadora entre la ciudadanía y el poder, garantizando así la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Constitución ?

Parece una pregunta retórica, pero no lo es. Tanto Néstor como Cristina Kirchner han promovido la deslegitimación permanente de la prensa, declamando sin pudor que « este gobierno no necesita de los medios para comunicarse con los ciudadanos », que prefieren la « comunicación directa » y no necesitan conceder reportajes a periodistas ni habilitar preguntas en conferencias de prensa.

Es comprensible que los Kirchner no deseen ser interrogados por el periodismo, pero los ciudadanos sí necesitan contar con profesionales entrenados para investigar a los gobernantes, analizar sus políticas y cuestionarlos todas las veces que lo crean necesario. La democracia lo requiere, Por eso las dictaduras y los gobiernos autoritarios lo primero que hacen es censurar a la prensa.

Esta semana la presidenta avanzó aún más en esta visión, a mi entender, antidemocrática. Según el diario Página 12, en el encuentro que mantuvo con sindicalistas, Cristina Kirchner dijo que « la nueva Ley de Radiodifusión deberá facilitar que existan tres vías o canales de comunicación: los medios privados, los medios públicos y los medios gestionados por organizaciones sociales. »

De acuerdo a este « modelo de país », los medios serían algo así como canales de propaganda para difundir los intereses de las empresas (medios privados), de los gobiernos (medios públicos) y de las organizaciones sociales (medios de grupos de interés aliados al poder, como el multimedio sindical que ya reclama Hugo Moyano).

La prensa libre, equidistante de gobiernos, empresas y grupos de poder, es otra cosa, y es un pilar fundamental de la democracia. Cuidarla debería ser el objetivo primordial de las nuevas leyes de medios. Porque no existe la democracia sin una prensa independiente. Espero que los prestigiosos intelectuales y académicos que hoy asesoran a la presidenta lo tengan muy presente, y que los periodistas de coraje y convicción que hay en nuestro país no se ausenten de esta importante discusión política.

Publiqué la presente nota el 30 de abril en el diario Crítica

La Constitución de nuestra ciudad establece la creación de comunas -”…unidades territoriales descentralizadas cuya delimitación debe garantizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales…”- y su ley orgánica determinó que debían quedar conformadas al 31 de diciembre de 2006. Después de una serie de postergaciones, la Legislatura porteña fijó el 10 de agosto como fecha de las elecciones que Mauricio Macri resolvió suspender, sin definir una nueva fecha para los comicios.

Esta decisión revela a Mauricio Macri como un jefe político antiguo y temeroso de los procesos de descentralización política y administrativos que son propios de las ciudades mejor gerenciadas del mundo, como París, Barcelona y Madrid, entre muchas otras.

Dividir a las ciudades en comunas, o alcaldías, y que los vecinos elijan a sus autoridades, permite que la política -y la gestión- se acerque a la gente, que sea menos anónima y distante. Es lo que se llama gestión de proximidad, que ha dado excelentes resultados. Dividir a Buenos Aires en Comunas posibilitaría -en cada una de las quince que establece la ley- reforzar nuestra autonomía e identidad para una gestión más efectiva y mejorar nuestra calidad de vida en tanto participantes activos de la ciudad.

El actual Jefe de Gobierno ¿tendrá claro el mandato de nuestra Constitución ciudadana o intenta concentrar todo en sus manos?

Para analizar las mejores prácticas en los procesos de descentralización política y administrativa de las grandes ciudades organicé un coloquio en el Senado de la Nación para el próximo viernes, al que invitamos a funcionarios de Córdoba, Rosario y Morón, ciudades reconocidas por su gestión, y a miembros de organizaciones vecinales, legisladores porteños y urbanistas que siempre han impulsado las elecciones comunales, para dialogar sobre desarrollo territorial, urbanismo, justicia vecinal y descentralización urbana, entre otros temas.

A continuación, les detallo el programa del Coloquio sobre Descentralización y Gestión de Proximidad en las Ciudades:

La descentralización en marcha

• Rosario: un proceso sostenido de descentralización, a cargo de Dip. Nac. Mónica Fein
• Córdoba Capital: los nuevos distritos de gestión barrial y el desarrollo local comunitario, por Ricardo Aizpeolea (Subsecretario de Descentralización)
• La creación de unidades de gestión comunal en Morón por propia iniciativa del municipio y la participación vecinal. Expone: Gustavo Fernández (Secretario de Relaciones con la Comunidad y Descentralización del Municipio de Morón)
• El proceso, incipiente y hoy trunco, de la descentralización en la ciudad de Buenos Aires, Sen. Nac. María Eugenia Estenssoro

Urbanismo, políticas públicas y desarrollo territorial

• Urbanismo, valor del suelo y políticas públicas equitativas, por Martín Hourest (legislador)
• Planificación, zonificación y desarrollo local, a cargo de Pedro Kesselman (vecinalista, ex convencional constituyente nacional)
• Desigualdad educativa en la ciudad de Buenos Aires. Expone: Gustavo Lesbegueris (Defensor adjunto del Pueblo)

Gestión de proximidad

• La justicia vecinaly su aporte posible para canalizar la conflictividad inherente a la convivencia. Expone: Dra. Marcela Pérez Pardo (Jueza Nacional)
• El desarrollo local y la promoción de los sectores más vulnerables y/o de los segmentos de población en situación de riesgo, por Lic. Gabriel Sodicman (Arte sin Techo)

A partir de hoy intentaré, por medio de unas pocas líneas, darles a conocer los temas principales que se trataron en la última sesión del Senado, cómo resultaron las votaciones y mis posiciones al respecto. Las versiones taquigráficas con mis intervenciones serán publicadas cuando estén disponibles.

¿Podemos esperar 5 años para tener Seguridad Vial?

En la última sesión del 9 de abril, se sancionó la ley de Seguridad Vial. Una ley que no resuelve el problema en el corto plazo. Somos conscientes de la necesidad de sancionar esta norma que establece la creación de un Registro Nacional de Conductores, en el cual se incorporarán los antecedentes de tránsito de los conductores. La ley prevé la creación de un Registro Único de Infracciones que impedirá que los infractores habituales saquen tantas licencias como municipios existen, sumado esto a un sistema de puntaje (scoring).
Hasta aquí, todo parece perfecto. El problema surge al tomar en cuenta los plazos que propone esta ley. Les comento: al momento de que la ley sea publicada en el Boletín Oficial, comenzará a funcionar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solventada por medio de un nuevo impuesto (creado por esta misma norma) del 1% sobre las pólizas de seguros. Es decir, lo pagamos todos nosotros. Por otra parte, propone un plazo de 5 años para encontrar solución al drama de los accidentes de tránsito. En síntesis: la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es otra cosa que la creación de una nueva caja de recaudación. Como decíamos, recaudar hoy para, tal vez, “…reducir en un 50% la cantidad de accidentes de tránsito en un período de 5 años…”.

En el bloque de la CC estamos de acuerdo con el marco general y con la urgencia de dar soluciones a los accidentes de tránsito que durante 2007 implicaron la muerte diaria de 22 personas (un promedio mensual de 676). La votación en general obtuvo 58 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención. Sí nos opusimos al artículo que refería a la generación de un impuesto específico –el 1% sobre las pólizas de seguros– debido a que el Estado ya cuenta con suficientes fondos como para financiar la Agencia. La votación en particular de este artículo, en su inciso f), tuvo por resultado 46 votos afirmativos y 16 negativos, sin abstenciones.

Tampoco acompañamos la modificación del artículo 28° ya que el mismo debería prohibir la venta de alcohol en las rutas y no sólo limitarla. Hubo 61 votos a favor, 2 votos en contra y no hubo abstenciones.

Para terminar, y a modo de explicación de nuestra postura, destacamos que, a una semana de sancionada esta ley, se han sumado (al lunes 14) doce nuevas víctimas fatales por accidentes de tránsito.

Hagamos, entonces, una regla de tres simple: ¿cuántas víctimas habrá que lamentar de aquí a cinco años?

A continuación, la versión taquigráfica con mi intervención en referencia a esta ley:

Sr. Presidente. —

Tiene la palabra la señora Senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. —

Señor Presidente: además de que, como lo explicó el señor Senador preopinante, creemos que existen los fondos necesarios en el área de la seguridad vial como para financiar la creación de esta Agencia, también es de público conocimiento que en los últimos años el gobierno tuvo un superávit fiscal de 75 mil millones de pesos —en gran medida, gracias a las retenciones— y que este año, sólo por ese concepto, va a recaudar 32 mil millones de pesos. Por lo tanto, no vemos cuál es la necesidad de crear un impuesto específico para esto. Consideramos que con los fondos con que cuenta el gobierno —que maneja el 72 por ciento de los ingresos públicos, que no coparticipa— no es necesario crear una nueva caja de recaudación. De lo contrario, como sucede en otras áreas, es posible que en el futuro tengamos problemas y no sepamos a dónde fueron los fondos. Mientras tanto los accidentes de tránsito seguirán aumentando como sucedió en la mañana de hoy, cuando produjo un choque con cinco muertos, veintidós camiones y dos ómnibus involucrados. Realmente, creo que es muy delicado el asunto para que estemos creando impuestos nuevos que nada tienen que ver con el tema en cuestión.

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Por Alfonso Prat Gay

En un artículo de opinión, publicado el 3 de abril, Prat Gay sostiene que “… al campo le toca ser paciente con un gobierno que carece de la gimnasia del diálogo; durante cinco años no tuvo ni la necesidad ni la vocación de ejercitarlo…” y guarda el anhelo de que “…ojalá este conflicto le permita entender que si insiste en tomar decisiones en forma aislada y a espaldas de la realidad nos acerca a un pasado que creímos haber dejado atrás y al que no queremos volver…”.

Diario La Nación

Es difícil repasar los graves acontecimientos de las últimas semanas sin recordar el eslogan que le abrió el camino a la presidencia a la doctora Cristina Fernández de Kirchner: “Sabemos lo que hace falta, sabemos cómo hacerlo”. Aún tratándose de un eslogan de campaña, su vigencia fue demasiado efímera.

La confrontación con el campo demuestra que “lo que hace falta” resultó ser más de lo mismo y que, al repetirlo hasta su agotamiento, parece que ya no saben “cómo hacerlo”. Quizá si la candidata hubiera sido sincera durante la campaña, la Presidenta se habría evitado este trago amargo. Pero es tarde para averiguarlo.

Desde fin de octubre aumentó la presión impositiva sobre el campo en unos $ 9.000 millones, y en otros $ 6.000 millones la del resto de la economía. Este impuestazo, equivalente a casi 2% del PBI, es el más grande de la historia. Quizá por eso lo hayan ocultado hasta que estuvieran abiertas las urnas.

¿Por qué los últimos 9 puntos de retenciones fueron tanto más explosivos que los primeros 35? Por la misma razón por la cual un cántaro termina rompiéndose en su incesante trayecto hacia la fuente. Pero no solamente por eso. Las explicaciones oficiales, ausentes en medidas anteriores y rayanas con la humillación esta vez, contribuyeron al hastío.

La mayor provocación, sin embargo, consistió en desvirtuar el impuesto con la movilidad de las alícuotas. Al congelar los ingresos de los agricultores durante cuatro años, en un marco de tipo de cambio fijo e inflación del 25%, se les dio la certeza de que su rentabilidad era ya una especie en extinción. La protesta, sorprendente sólo en su extensión y espontaneidad, era inevitable. Las medidas anunciadas el lunes postergan pero no eliminan el impacto sobre los pequeños productores. Siempre y cuando el Gobierno consiga superar la ineficiencia que exhibió hasta ahora en la liquidación de subsidios y compensaciones sectoriales.

Los sofismas técnicos con los que el Gobierno intenta convencer a la opinión pública no deben ocultar la verdadera motivación del aumento impositivo. Hace tiempo que las retenciones dejaron de ser el mecanismo redistributivo de financiamiento de la política social para transformarse en el arma de construcción de poder y de dominación política del gobierno central, a expensas de las provincias y en contradicción con nuestros principios federales.

De cada 5 puntos de retenciones no coparticipables hay 1 punto que se desvía de las arcas provinciales por pérdida del impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable. Las provincias dejan de recibir unos $ 8.000 millones de pesos en coparticipación como consecuencia de este unitarismo fiscal. Estos 8.000 millones, en lugar de invertirse en mejorar la infraestructura, la educación y los servicios del interior, se destinan a comprar las voluntades de gobernadores e intendentes, a subsidiar servicios no federales y a financiar proyectos tan disparatados como el del tren bala.