22 de abril de 2007

Nacida y educada en Argentina, esta líder de la lucha contra el racismo en Sudáfrica cree que la exclusión social y económica debe ser enfrentada con la misma energía que fue necesaria para terminar con las dictaduras.

Fabián Bosoer.

Cómo fue su experiencia personal en la lucha por los derechos humanos?

—Nací y me eduqué en la Argentina. Mi familia se trasladó a Sudáfrica, mi padre era industrial, a comienzos de los años 60; era ya un tiempo duro allí, la época en que Nelson Mandela estaba siendo juzgado, y empecé a enterarme de lo que pasaba haciendo tareas de caridad. Como mujer blanca, de una familia con una buena posición económica, podía gozar de una vida tranquila y segura, pero empecé a preguntarme sobre la causa de esa tremenda realidad que veía a nuestro alrededor. Me sumé al poco tiempo a una organización de mujeres llamada Black Sash (La Faja Negra), fue el comienzo de mi educación política.

¿Qué era “Black Sash”?

—Era una organización que tenía un interés especial en la formación política, en las instituciones y las leyes del país, pero que poco a poco fue tomando nota y dando cuenta de lo que significaban el racismo y el apartheid, la separación de las diferentes razas, el régimen de exclusión al que era sometida la población negra. Las mujeres de Black Sash elevaron su voz de protesta contra ese sistema y fueron perseguidas y acusadas por el gobierno racista.

¿Qué papel cumplió ese movimiento en el fin del régimen racista?

—Nosotras, como mujeres blancas que gozábamos de una buena posición social, teníamos una suerte de protección que —considerábamos— debíamos usar para mostrarle al mundo lo que estaba ocurriendo. Muchos de los líderes africanos estaban detenidos o en el exilio, o en la clandestinidad. Y ellos nos dijeron: “Ustedes tienen ese espacio, tienen que usarlo”. Todas las semanas recibíamos informes, íbamos a los lugares donde había conflicto, teníamos audiencias con diplomáticos, rondas de prensa para decir lo que nosotras veíamos, denunciar la situación, y ello influyó. Pero también el Congreso Nacional Africano tenía una estrategia que era la de lucha por una sociedad en la que el racismo y el sexismo fueran erradicados. Eso era aquello por lo que nosotras luchábamos y fue así que Mandela, horas después de su liberación en 1990, dijo: “Ellas son la conciencia de la Sudáfrica blanca”.

Hubo un cambio de gobierno pero también un cambio de régimen. ¿Qué papel jugó en esa transición la Comisión de la Verdad?

—La Comisión de la Verdad y la Reconciliación surgió de las negociaciones que hubo entre el viejo gobierno y los partidos que lideraban la nueva etapa, el Congreso Nacional Africano en primer lugar. Esas negociaciones fueron muy transparentes y un resultado de ello fue la amnistía, algo muy difícil de aceptar para nosotros. Pero ése fue un precio que debimos pagar por una transición pacífica. De ese acuerdo obtuvimos, por contraparte, la conformación de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

¿No era un modo de consentir la impunidad?

—Bueno, se debió aceptar una amnistía, pero bajo condiciones. Se estudiaron otras experiencias como la argentina, la chilena , que habían tenido comisiones parecidas. Y se estableció por ley que la amnistía no iba a ser general sino individual. Quien quisiera acogerse a ella debía solicitarlo, pero debía también confesar públicamente los crímenes o delitos cometidos, contar la verdad de lo sucedido. Ese fue un aspecto fundamental de reparación para las víctimas y una premisa para la reconciliación. Porque no hay reconciliación posible si no hay un reconocimiento de los crímenes cometidos.

¿Cómo se integró la Comisión?

—Fueron 17 miembros. El nuevo gobierno, presidido por Mandela e integrado por la minoría de líderes blancos, creó varias comisiones ad-hoc, de Derechos Humanos, de Género, para la Juventud. Las organizaciones de la sociedad civil planteamos nuestras posiciones y demandas, y ellas fueron recogidas por el gobierno. Se encargó a todos los partidos representados en el Parlamento la recepción de nombres de postulantes para integrar la Comisión, hubo cerca de 300, de allí se seleccionaron cerca de 40, que fueron entrevistados en audiencias públicas y televisadas. Se entregaron 20 nombres al presidente Mandela y se conformó así la comisión, presidida por el arzobispo (Desmond) Tutu. Cada uno representaba una historia y trayectoria diferentes. Y tuvimos que aprender a entendernos.

¿Qué resultados se obtuvieron?

—La Comisión se reunió durante casi tres años, escuchando las historias de las víctimas, recogiendo las confesiones de los perpetradores que pedían la amnistía, fue un tiempo duro pero necesario, los medios de comunicación reflejaron en detalle los horrores, todos podían acceder a esos fragmentos de la memoria recuperada. Al fin de ese proceso era imposible negar lo que había pasado durante los años de la represión. Y las víctimas recibieron el reconocimiento del país.

¿Fue un punto de partida o un punto de llegada para la justicia?

—Diría que es un punto de partida, pero no estoy convencida aún si ello conduce realmente a la justicia. En ese momento pensaba que lo que estábamos haciendo era simplemente cumplir con lo que se había prometido en las negociaciones. Pero ahora que pasaron los años, pienso que tal vez hicimos un poco más que eso. El concepto de justicia es muy difícil cuando se está aceptando una amnistía. Al final del proceso, los que no se acogieron a esa amnistía debían ser llevados ante los tribunales. Y hasta ahora, ello no ha ocurrido. Así que en ese sentido hay una decepción ciertamente, para las víctimas y para el país.

¿Es posible la justicia retroactiva como camino de reparación y reconciliación en procesos de este tipo?

—Entiendo que es difícil; es difícil reconstruir las pruebas, aunque me parece que en algunos casos (en Sudáfrica) sería posible y sería un paso contra la impunidad. Pero hubo reparaciones y la verdad se mostró públicamente. Tenemos un juez muy valiente y famoso, que es ahora miembro del Tribunal Constitucional, Albie Sachs, que fue él mismo víctima de una bomba, y él definió este nuevo tiempo, la paz y la Constitución como “la venganza suave”: lo que tenemos no es una revancha, sino nuestra respuesta que es vivir juntos pacíficamente, es la mejor forma de mostrar que somos mejores que quienes sometieron al país a un régimen ofensivo para la dignidad humana. Es, después de todo, otro concepto de la justicia.

¿Cuál es el legado que deja aquel pasado de violencia estatal contra una mayoría de la sociedad?

—Vivimos hoy en día muchos de los problemas que vienen de esa época de violencia; especialmente la ruptura de las vidas familiares de tantas personas africanas que no tenían el derecho de vivir una vida normal. Cuando vemos ahora una generación con problemas de droga, de falta de buena educación y capacitación, de alto desempleo, muchas de esas cosas tienen su causa en el período del apartheid. Pero ello también es consecuencia de entrar en los problemas del mundo. El apartheid nos aisló del mundo, pero al entrar nuevamente al mundo, también entraron los problemas de la globalización. Hay otras formas de apartheid frente a las que tenemos que actuar, sabiendo que la defensa de los derechos humanos, en este caso los económicos y sociales, nunca debe detenerse.

No es muy diferente de lo que vemos en América latina…

—Tenemos problemas similares, miseria, desocupación, enfermedades. No hay soluciones fáciles, pero tenemos países ricos, que pueden ofrecer una vida mejor a sus habitantes. Debemos buscar los recursos para hacerlo, y contar con voluntades y estrategias políticas adecuadas.

Si tuviera que decirlo en breves palabras, ¿en qué se diferencia la defensa de los derechos humanos frente a una dictadura y dentro de la democracia?

—Tenemos Constituciones renovadas, que son cartas de derechos fundamentales y una primera gran herramienta. Están allí para que los gobiernos cumplan, pero también para que los ciudadanos exijan y se organicen para defender sus derechos y para reducir la injusticia y la inequidad. Algo que es, al fin, para bien de todos. Porque los que somos privilegiados no podemos vivir bien a costa de los que sufren. Y no puede haber sociedades más seguras si no se resuelven la extrema desigualdad y las ofensas a la dignidad humana. Esa es la lucha por los derechos humanos que nos faltan hoy.