Por María Eugenia Estenssoro / 29 de Abril de 2006* esta nota fue publicada en el diario La Nación, el 30 de noviembre de 2005, luego de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidiera el juicio político al jefe del gobierno, Aníbal Ibarra.

“Este tipo de catástrofes, cuando se resuelven bien, pueden servir para fortalecer los lazos de unidad y confianza en una comunidad que enfrentó un grave peligro. Pero si los damnificados y la sociedad se sintieron desprotegidos, esa comunidad quedará herida, no sólo psicológicamente sino moralmente, lo cual es aún más dañino.” Moty Benyakar, experto mundial en desastres.

Por María Eugenia Estenssoro

Al saberse el resultado enmudecimos. El vicepresidente de la Legislatura Santiago de Estrada anunció el conteo de los votos : 30 diputados a favor del juicio político al jefe de gobierno, 7 siete en contra y 6 abstenciones. Nadie aplaudió. El silencio que invadió el recinto fue elocuente. Después de largos días de presiones políticas, desbordes y angustias, nos quedamos mudos.
Cuando miro hacia la sesión del 14 de noviembre sigo sintiendo el peso del paso dado. Un paso tremendo pero a la vez muy importante en el proceso de saneamiento de la política, no sólo porteña sino de la Argentina. Siempre y cuando se maneje con prudencia y responsabilidad.
Acostumbrados a que en nuestro país ocurran las cosas más terribles, los atropellos más brutales sin que los gobernantes den explicaciones ni sean sancionados, nos preguntamos: ¿Y por qué Ibarra? ¿Si ningún gobernante fue enjuiciado por el atentado a la Amia o la explosión intencional de Río Tercero? ¿Si nadie fue separado del cargo ni destituido por la venta ilegal de armas a Ecuador o la obscena pesificación asimétrica que benefició a unos pocos empresarios y empobreció a toda la población? ¿Por qué Ibarra?

En ninguno de esos casos funcionaron las instituciones que nos otorga la Constitución. Sobre todo las legislaturas eludieron su función básica de controlar al Ejecutivo y al Poder Judicial. En cambio, esta vez sí: desde el primer momento la justicia está llevando adelante una investigación con independencia y celeridad, y en pocos meses el juez Julio Lucini y el fiscal Juan Manuel Sansone esperan iniciar el juicio oral y público correspondiente.
Por otra parte, a pesar de la descalificación a la que han sido sometidos la Legislatura y los diputados que elegimos investigar las responsabilidades de funcionarios de la Ciudad (nuestra única competencia) en el caso Cromañón, dos comisiones legislativas lograron esclarecer lo ocurrido el 30 de diciembre y por eso se reunieron los 30 votos necesarios para dar comienzo al juicio político al jefe de gobierno. Toda la información está disponible en internet:

www.legislatura.gov.ar/1inicio/cromagnon/informe-final.pdf

Se ha querido deslegitimar este proceso legislativo diciendo que ha sido una burda maniobra “golpista” del macrismo, pero creer eso sería una simplificación y una negación de la gravedad de todo lo comprobado. Sólo 13 de los 30 votos correspondieron a diputados macristas; los restantes 17, la mayoría, fueron emitidos por 3 miembros del ARI -uno de los cuales es esposo de la secretaria de educación y amigo íntimo del jefe de gabinete de la Ciudad-; 6 diputados de izquierda; 2 lópez murphistas, 2 kichneristas, 2 ex ibarristas y 2 independientes como yo.
No estamos habituados a que los mecanismos constitucionales funcionen, que los poderes se controlen unos a otros, y que los funcionarios en ejercicio de sus cargos rindan cuenta de sus acciones u omisiones ante estrados judiciales o comisiones legislativas cuando es necesario. Por eso el juicio político al jefe de gobierno perturba.

Aníbal Ibarra no es ni el único ni el principal responsable de la muerte de 194 jóvenes en la discoteca Cromañón, es importante aclararlo.
Antes que él hay 29 personas procesadas por la justicia penal: 5 empresarios, 6 músicos, 3 policías, 4 bomberos y 11 funcionarios de las áreas de seguridad, habilitaciones y control comunal del gobierno de la Ciudad, incluyendo al ex secretario de seguridad Juan Carlos López. (ver recuadro)
Tras comprobarse la existencia de una red de complicidades entre empresarios de la noche, músicos, policías, bomberos y funcionarios clave del gobierno porteño, ¿el jefe de gobierno puede seguir aduciendo que él no tiene nada que ver? ¿que es víctima de una campaña en su contra?
Ibarra no es el “chivo expiatorio” como gusta decir, pero tampoco puede reclamar una “coronita” que lo haga inimputable. La investigación legislativa, así como la judicial, revelaron que Cromañón tenía una habilitación fraguada, el plano de habilitación no correspondía a la construcción real, las salidas de emergencia violaban el código de edificaciones, tenía el certificado de bomberos vencido y los inspectores de la Ciudad no la controlaban ccon la periodicidad debida. Anomalías similares se verificaron en decenas de boliches.

El propio jefe de gobierno recibió, según consta en el informe legislativo, diferentes y numerosas sobre esta peligrosa situación: de la Auditoria, la Defensoría del Pueblo, la Legislatura, de fiscales y jueces que clausuraban locales que eran reabiertos desaprensivamente por funcionarios del ejecutivo, de vecinos que se quejaban por el funcionamiento ilegal de discotecas en zonas residenciales o destinadas a parques.
Si Ibarra no estaba al tanto de semejante descontrol ¿podemos seguir creyendo que aunque sus funcionarios fallaron, él -que los designó y debió supervisarlos- actuó bien? Si no sabía lo que ocurría, es grave; y si lo sabía y no hizo nada, es aún peor. ¿Qué más tiene que pasar en una ciudad para que un jefe de gobierno sea suspendido y sometido a juicio político por mal desempeño? ¿194 muertes no es suficiente?
Personalmente creo que el jefe de gobierno no estaría en la actual situación si el 30 de diciembre se hubiera puesto al frente del esclarecimiento de los hechos y acompañado a las familias golpeadas por la catástrofe.
Por el contrario, la noche de la tragedia Ibarra no se acercó a la Plaza Miserere para solidarizarse los damnificados, ni tampoco en los días siguientes. Cientos de personas recorrieron en soledad decenas de hospitales, la Morgue Judicial y el Cementerio de la Chacarita, en un penoso y cruel calvario buscando a sus hijos, reconociendo cadáveres, haciendo trámites kafkianos sin asistencia oficial y con casi 40 grados de calor. Recomiendo leer el Capítulo 8 del informe de la Comisión Investigadora ad hoc titulado “Manejo de la Emergencia” y los testimonios de padres, madres y esposas de víctimas fatales y sobrevivientes, publicados en el portal de la Legislatura, para que comprueben el maltrato al que fueron sometidos.
Sin el entrenamiento correspondiente y desconociendo los procedimientos básicos del Plan Metropolitano de Defensa Civil de la Ciudad para catástrofes, establecido en el decreto porteño 2252 de 1999, ni el jefe de gobierno, ni la Policía Federal, ni Defensa Civil, ni el SAME lograron desempeñarse de acuerdo a las normas para minimizar el número de víctimas fatales y las secuelas de semejante tragedia.

¿Hasta cuándo seguiremos aceptando las justificaciones engañosas, repetidas hasta el cansancio por funcionarios porteños y de la Nación, del tipo: “Qué quieren que hiciéramos, si había miles de personas buscando a sus familiares”; o, “Se hizo lo que se pudo.” Hay una gran diferencia entre los gobiernos que se entrenan para enfrentar desastres, como Londres, y los que dejan las cosas libradas a la buena voluntad y la improvisación, como Buenos Aires y Nueva Orleáns.

Si queremos aprender de nuestras desgracias, y esta es la cuarta que experimenta la Ciudad de Buenos Aires en 13 años (Embajada de Israel, AMIA, LAPA y Crómañón), tenemos que llegar a la verdad de los hechos, sancionar a los responsables -tanto civiles como políticos-, y poner en marcha los mecanismos que eviten que estos episodios se repitan.
Verdad, justicia y nunca más, de eso se trata. Seguramente el proceso legislativo ha estado rodeado, pero no viciado, por un sinnúmero de maniobras políticas, a favor y en contra de Aníbal Ibarra. Y es verdad que muchos medios periodísticos convirtieron un tema complejo en un Boca-River, que más que aclarar confundió a la sociedad. Así y todo, creo que estamos ante un afianzamiento de la democracia: porque ha habido políticos que frente a “una tragedia evitable”, como el propio Ibarra la calificó, nos propusimos reparar lo que la misma política ocasionó; porque hay una justicia que está actuando con determinación e independencia; y porque una ciudadanía vigilante, encarnada en los padres y sobrevivientes de Crómañón, lo exige sin pausa desde hace once meses. Y es lo que corresponde, ¿acaso no decimos que el pueblo es el soberano?

Desde hace décadas, la Argentina es una sociedad atormentada por tragedias mal resueltas. Llamativamente, en la mayoría de los casos las víctimas han sido jóvenes. “Quien no protege a su jóvenes, no cuida su futuro”, me señaló una psicóloga. Pienso en los desaparecidos, en los combatientes de Malvinas, en el conscripto Omar Carrasco, en María Soledad Morales, las chicas de Santiago del Estero, Patricia Villalba y Leyla Nazar y tantos otros chicos masacrados por el abuso de poder, la desidia y la impunidad.

Cromañón nos permite una vez más decir basta, utilizando los mecanismos que las leyes habilitan para salvaguardar el buen gobierno y la confianza pública. De eso se trata este juicio político, de llegar a la verdad y hacer justicia para que esto no se repita.

Recuadros:

Ya hay 29 personas procesadas por la justicia penal
Aníbal Ibarra no es el “chivo expiatorio”. Ya hay 29 personas procesadas por la justicia penal: 5 empresarios (Omar Chabán y Raúl Villarreal, operadores de la discoteca; Rubén Fuentes, Luis Perucca y Viviana Vigne, directivos de una empresa que fraguaba certificados de bomberos); 6 músicos (Patricio Fontanet, los miembros de Callejeros y el manager); 3 policías sospechados de recibir dinero para silenciar las irregularidades (el comisario Gabriel Senal, el subcomisario Carlos Díaz y el ex jefe de la Comisaría Séptima Juan Carlos Velay); 4 bomberos que no controlaron las normas contra incendios (el comisario Alberto Corbellini, el principal Marcelo Nodar y los agentes Marcelo Snoke y Gustavo Bravo); y 11 funcionarios del gobierno de la Ciudad.
Por homicidio culposo o incumplimiento de deberes de funcionario público están imputados penalmente el ex secretario de seguridad Juan Carlos López, el ex subsecretario de seguridad comunal Enrique Carelli, el ex director general de servicios de seguridad privada Vicente Rizzo, la ex directora de control comunal Fabiana Fizbin, sus subordinados Ana María Fernández, Gustavo Torres, Rodrigo Cozzani, Alfredo Ucar, y los inspectores Víctor Telías y Roberto Calderini.
El fiscal Sansone también pidió que Ibarra sea citado por el juez a declarar en la causa.

Un interrogante sin respuesta
Cromañón, con sus puertas de emergencia encadenadas y su cielorraso inflamable, ciertamente era una trampa mortal. Sin embargo, la mayoría de las víctimas fatales salió con vida de esa especie de cámara de gas. Esto lo admitió el doctor Julio Salinas, en ese momento jefe médico del SAME. En su testimonio ante la Comisión Investigadora, dijo que en Once contabilizaron 27 muertos, y que en los hospitales fallecieron sólo 9 personas. “¿Entonces los restantes 157 fallecieron en las ambulancias?, pregunté durante el interrogatorio, para evaluar la actuación del SAME, ya que es el organismo encargado de mantener con vida a las víctimas antes de llegar a los hospitales. Hasta el día de hoy, ni ningún funcionario del gobierno porteño ha respondido este interrogante. Una posibilidad, que la justicia está investigando, es que muchas muertes podrían haberse evitado si todas las personas rescatadas hubieran sido estabilizadas con oxígeno antes de ser trasportadas a los hospitales.