Dicen que el gobierno no conoce las necesidades de las víctimas.

La diputada porteña María Eugenia Estenssoro (ARI) redactó un duro informe sobre las serias deficiencias que registran las políticas de asistencia a las víctimas de la tragedia de Cromagnon que lleva adelante el gobierno de Jorge Telerman.
La legisladora advirtió en el informe: “Sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen reclamando una asistencia pública adecuada que los ayude a reinsertarse en la sociedad. La situación psicológica, física y laboral de muchos sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales es crítica, en gran medida debido a las deficiencias de las políticas con las que el gobierno porteño encaró la atención integral de la población damnificada”.
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La diputada aseguró que el programa de atención a las víctimas, que se puso en marcha, aún no pudo armar una “base de datos con información fehaciente sobre las personas atendidas y las prestaciones brindadas por los distintos ministerios, que posibilite realizar una evaluación de los resultados”.
Estenssoro cuestionó que, a dos años, no se hubiera logrado la “confección de un registro completo de la población damnificada”. Sobre la atención de la salud mental, se sostiene en el informe: “Las medidas instrumentadas han sido deficitarias, más allá del empeño de médicos, psicólogos y terapeutas en general del sistema de hospitales públicos”.
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En el caso de la ayuda material, la diputada destacó que se produjo un abordaje errático y poco claro, que generó permanente incertidumbre entre los beneficiarios.
“Durante los primeros cinco meses, se otorgaron subsidios de montos desparejos, ya que a unos se les dio 600 pesos, a otros 1500 o 2000 por mes, sin un criterio claro [pero, tras un decreto de mayo pasado], los subsidios se establecieron en montos fijos de 1200 para quienes hubieran sufrido la pérdida de un familiar y de 600 a los sobrevivientes que padecieran afecciones en su salud física o mental”.
Según la diputada, “el gobierno otorgó otro tipo de ayudas materiales consistentes en créditos hipotecarios, para microemprendimientos y puestos laborales en la administración pública”.
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“Esta clase de asistencia -dijo- ha sido manejada con absoluta discrecionalidad. No se sabe según qué criterios ni de qué manera la población damnificada ha accedido a ella ni cuál ha sido su magnitud en cuanto a cantidad de beneficiarios y monto de tales créditos”, se concluye en el trabajo.