La mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner está a punto de ganar una carrera contra el tiempo para conseguir la aprobación de la llamada Ley K de medios audiovisuales, antes de que asuma la nueva legislatura en diciembre y la presidenta quede en minoría en el Congreso.

La ley de medios impulsada por Fernández ha sido el centro de un debate entre el oficialismo, apoyado por grupos parlamentarios de centroizquierda, y la oposición del peronismo, disidente; la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, y el PRO del alcalde porteño Mauricio Macri.

En caso de aprobarse, la Ley de Servicios Audiovisuales obligará a los grandes grupos de radio y televisión privados a deshacerse de la mayoría de sus emisoras en el plazo de un año, establecerá límites a la propiedad de los medios e impedirá que los canales de televisión abierta operen sistemas de distribución de televisión por cable.

Según la reforma, las concesiones de medios audiovisuales quedarían dividida en tres partes iguales. Un tercio para los medios privados, otro para el gobierno y uno más para grupos no gubernamentales.

Para los críticos del proyecto, se trata de un mecanismo legal que presionará a los medios, através de un órgano de control y con la revisión de las concesiones cada dos años, y a la vez permitiría la adquisición de emisoras por parte de grupos empresariales afines al gobierno.

“Nos parece que el gobierno está buscando tener el control de los medios a través de una ley que le da excesivas facultades para controlar a las empresas, a través del manejo discrecional de la publicidad oficial y con la entrada de empresarios afines, para tener medios favorables en busca de la reelección en las presidenciales de 2011, eso explica su apuro por aprobar la ley”, dijo en entrevista con Excélsior la senadora María Eugenia Estenssoro, miembro de la bancada opositora Coalición Cívica.

El principal afectado por la ley será Grupo Clarín, empresa multimedios que edita el diario de mayor circulación en Argentina, Clarín

Clarín posee canales de TV abierta y por cable. Estaciones de radio y controla el sistema local de Cablevisión, fusionado con su competidor, Multicanal.

La mandataria consiguió la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales en un debate que duró menos de 24 horas, ante el retiro de la oposición que se negó a participar en la votación y gracias al apoyo de la bancada oficialista que se alió con grupos parlamentarios de centroizquierda y socialistas.

El diputado Ariel Basteiro, del Partido Socialista, dijo en entrevista que el apoyo a la ley no los hace perder su condición de opositores, pero que valoran como positivos los cambios que .

El próximo paso del oficialismo es lograr el voto en el Senado, algo que podría ocurrir en la primera quincena de octubre, con el apoyo de los senadores socialistas y la mayoría peronista.

La ley de medios ha sido denunciada por la oposición y los medios como una ley mordaza, cuando la mandataria y el ex presidente Néstor Kirchner han hecho fuertes críticas a los medios privados, a los que acusan de encabezar una campaña opositora contra el gobierno kirchnerista.

El principal escollo para la aprobación de la ley de medios no proviene de los partidos de oposición, sino del segundo hombre de Cristina en la Casa Rosada, el vicepresidente, Julio Cobos, quien convocó a la oposición a ampliar el debate en todo el país, lo que fue interpretado por el oficialismo como una forma de dilatar el tema hasta el próximo 10 de diciembre, cuando asuma una nueva legislatura opositora que frenaría el proyecto.

Uno de los puntos de debate discutidos en el Senado está el plazo de un año para la puesta en marcha de la nueva norma. En caso de mantenerse este punto, los Kirchner podrían beneficiarse en pleno periodo electoral, mientras que un plazo más largo les reduciría la posibilidad de contar con medios afines durante la campaña rumbo a las presidenciales de 2011.