El Senado argentino convirtió el día 2 en ley un proyecto gubernamental de reforma política, iniciativa que rechazó casi todo el arco opositor y que establece la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el segundo domingo de agosto de cada año electoral.

Tras más de ocho horas de debate, el proyecto contó con la aprobación de 42 senadores, cinco más que la mayoría legal requerida, y el rechazo de 24, en la última sesión del año.

La iniciativa denominada oficialmente Democratización de la Representación Política, la transparencia y la equidad electoral, determina la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos que postulen precandidatos para nominar a cargos electivos nacionales.

Entre otros puntos establece el voto obligatorio en las elecciones primarias, la posibilidad de emitir un voto para una sola agrupación política y que sólo podrán participar de las elecciones generales las agrupaciones que hayan obtenido en las primarias el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos requeridos.

La norma también establece que el porcentaje de afiliados para ser aceptado como partido nacional y competir por la Presidencia será de 4 por cada mil habitantes, y dispone que las agrupaciones que no alcancen, en los comicios, el dos por ciento del padrón electoral del distrito que corresponda, perderán su personería.

El proyecto reduce a 8 días la prohibición para publicar los resultados de encuestas y a 15 la prohibición de realizar actos inaugurales de obras públicas o promoción de planes y proyectos de alcance colectivo y otro acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos.

El proyecto fue defendido por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Nicolás Fernández, quien dijo que la propuesta oficial busca “fortalecer la representación político-partidaria” y pretende “consolidar las estructuras partidarias, que son las únicas que dirimirán después las políticas públicas”.

Por su parte, el jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que el proyecto “es un avance importante en la transparencia del sistema y en la distribución de financiamiento”.

Además, consideró que “plantea la consolidación de los grandes partidos nacionales”.

Para el senador Gerardo Morales, futuro jefe del bloque de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), “en la base de este proyecto está la desmedida ambición de poder de (el ex presidente) Néstor Kirchner” (2003-2007).

“El gobierno intenta ver cómo gana en el corto plazo, pero corre el riesgo de la deslegitimación con la gente, busca un atajo, pero no se llega con atajo. Por lo tanto, no estamos dispuestos a convalidar este atajo y lo votamos en contra”, criticó.

El titular de la UCR, además, adelantó que su partido buscará “votar una nueva ley en abril del año que viene”.

Para la oposición, la flamante ley reinstaura el tradicional sistema bipartidista argentino, que se derrumbó tras la monumental crisis social, económica y política de fines de 2001, y la propia UCR también la rechaza.

“Viola la ecuanimidad y el acuerdo de no tratar el asunto hasta marzo próximo”, fustigó la senadora por la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, quien también rechazó la iniciativa.

El proyecto había sido aprobado el 18 de noviembre pasado por la Cámara Baja, tras un debate en el que el oficialismo se vio obligado a rearmar una serie de alianzas, porque partidos de centroizquierda, tradicionalmente aliados, se resistieron a brindar apoyo, por sentirse perjudicados por el texto legal.