El Senado discutirá en la sesión de este miércoles, a partir de las 15.00, un proyecto para aumentar el IVA y modificar el artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos sobre productos eléctricos y electrónicos fabricados fuera de Tierra del Fuego, conocido como el “impuestazo” tecnológico por sus detractores.

La medida grava los productos electrónicos importados así como los fabricados en el país con la excepción de una selección específica producida en la provincia austral, con lo cual busca desarrollar el polo tecnológico en ese territorio, según los fundamentos de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

La ley grava productos que en el resto del país no se fabrican y que se espera que después de su sanción se produzcan en Tierra del Fuego, por eso se resolvió en Diputados sacar de la planilla anexa a las notebooks, ya que existen Pyme en Santa Fe que las hacen.

Entre los aparatos que sufrirán el aumento del IVA del 10,5 al 21% figuran celulares, cámaras digitales y monitores de LCD. La norma se complementa con una rebaja de impuestos internos dispuesta por decreto por el Gobierno nacional (ver nota relacionada).

La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados a principios de agosto, pero no logró dictamen de mayoría en el Senado, aunque será discutida sin mayorías especiales porque tiene una preferencia solicitada en la sesión anterior.

Como contrapartida, la norma otorga una reducción en la aplicación de impuestos internos a los bienes fabricados o a fabricarse en la provincia patagónica del orden del 61,47 por ciento.

Oposición

La iniciativa despertó fuertes polémicas debido a la oposición de los representantes de los importadores, cadenas de comercialización y representantes de provincias donde hay instaladas fábricas de ese rubro, que se consideran discriminadas.

Los opositores de esta norma la califican de “impuestazo tecnológico”: advierten que los precios de esos productos pueden aumentar en el mercado interno hasta el 34 por ciento, pero desde la otra vereda se niega que vaya a haber tal impacto, y se destaca que de este modo se salvarán miles de puestos de trabajo en la provincia más austral.

La gobernadora de ese Estado, la arista Fabiana Ríos, recorrió los pasillos del Senado esta semana para tratar de convencer a los legisladores aún dudosos sobre la necesidad de sancionar este proyecto.

Los dos senadores de esa fuerza política en el Senado, José Martínez y María Rosa Díaz, votaron a favor del proyecto de prórroga de facultades delegadas que impulsó el Gobierno, y aunque nadie lo confirmó oficialmente, trascendió, según informó la agencia Noticias Argentinas, que la moneda de cambio es la aprobación de esta ley muy requerida por los fueguinos.

Si bien la Comisión de Presupuesto tiene previsto reunirse este miércoles por la mañana, el tema fue incluido en la agenda de la sesión.

Esto es posible porque en la última sesión, a pedido del senador fueguino Martínez, se aprobó que el tema sea tratado con preferencia, con o sin dictamen, en la sesión de hoy.

Pichetto precisó que en la última sesión de la Cámara alta el 20 de agosto, los senadores oficialistas y opositores votaron que el tema fuera debatido en la siguiente reunión “con o sin dictamen” de la comisión respectiva, por lo que no será necesario que se obliguen a conseguir los dos tercios de los presentes en el recinto para iniciar el debate.

Desde el 13 de agosto, la última vez que se reunió la comisión para abordar este tema, al pie del dictamen figuran las firmas del presidente Fabián Ríos (Corrientes), José Mayans (Formosa), José Pampuro y Eric Calcagno (Buenos Aires), Nanci Parrilli (Neuquén)y Blanca Osuna (Entre Ríos), pero no adhirieron los también oficialistas Marcelo Guinle (Chubut) y Guillermo Jenefes (Jujuy).

En cambio tomaron distancia el vicepresidente de la comisión y radical Ernesto Sanz (Mendoza), sus correligionarios Gerardo Morales, Pablo Verani (Río Negro), Roy Nikisch (Chaco), la cívica María Eugenia Estenssoro (Capital Federal), el justicialista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y la tucumana Delia Pinchetti.

El número de legisladores que adherían al dictamen oficialista era el obstáculo más difícil de resolver para el kirchnerismo, pero una vez superada esta instancia, el proyecto, que tiene media sanción de Diputados, podría ser aprobado con el aval de la oposición, como sucedió en la Cámara baja, donde el radicalismo votó en forma positiva.

El proyecto oficial contempla protecciones especiales para el asentamiento en Tierra del Fuego de fábricas de productos tecnológicos, sobre la base de exenciones impositivas y el aumento del IVA del 10 al 21 por ciento de este tipo de mercaderías en el resto del país.

La gobernadora Ríos afirmó hoy que “no se le quitará el empleo a ningún argentino” si se aprueba el proyecto de ley que protege a la industria de la isla, a través del incremento de impuestos a los productos tecnológicos fabricados fuera de ella.

Por lo contrario, aseguró a la agencia DyN que “esta ley beneficiará a la industria nacional, preservará la mano de obra y sustituirá importaciones”.

Así respondió a la posición de la Cámara de Informática y Telecomunicaciones (CICOMRA), que alertó sobre la continuidad de “180 mil puestos de trabajo” que emplea el sector, si prospera la iniciativa.

“Eso es absolutamente falso, no se pone en riesgo ninguna fuente laboral del resto del país. Lo que se produce de electrónica en Tierra del Fuego no se produce en el resto del país”, remarcó la mandataria provincial.

Sostuvo que “la CICOMRA y la Cámara de Importadores utilizan un argumento falso”, porque subrayó que “los puestos de trabajo de Tierra del Fuego no compiten con los de ninguna parte del país”.

“No le vamos a quitar puestos de trabajo a nadie”, aseguró Ríos, quien puntualizó que “las fuentes cerraron porque la importación provocó que se cerraran líneas de producción”.

Destacó que con esta ley, “Tierra del Fuego se pone en condiciones de igualdad con Manaos (la zona franca de Brasil), que será su espejo”.

“No hacemos lobby para empresas, sino que defendemos puestos de trabajo, junto a los sindicatos del sector”, afirmó Ríos, quien precisó que “una vez que a se apruebe la ley, se recuperarán automáticamente 3 mil puestos de trabajo, y se abrirán las puertas para nuevas inversiones que a su vez generarán nuevo empleos”.