Sra. Estenssoro. - Quiero referirme al tratamiento de prórroga de esta Ley de Emergencia Económica, que se propone por sexta vez ininterrumpida desde enero de 2002 hasta la fecha: prácticamente toda una década.

En el marco del debate que tuvimos hace unas horas sobre la democracia y la importancia de convivir bajo el imperio de la Constitución y de sus instituciones -porque está muy relacionado-, debemos destacar que la democracia republicana es un sistema colegiado muy bien pensado de toma de decisiones, con mecanismos de controles cruzados que tienen un solo objetivo: que nadie -ninguna persona, institución, gobierno o gobernante; ni siquiera un solo Poder- tenga demasiado poder. ¿Por qué? Porque la concentración del poder es contraria a la democracia.

La democracia es justamente lo opuesto a las dictaduras o a los gobiernos autoritarios, cuya naturaleza exige la concentración del poder y la toma de decisiones de una o pocas personas, siempre invocando razones de emergencia o excepcionalidad. Eso lo conocemos muy bien. Vivimos durante décadas esa invocación a la emergencia o a las razones de excepcionalidad. El razonamiento es el del barco que se hunde, cuyo capitán tiene que tener la posibilidad de tomar decisiones sin consultar a nadie sin debate y sin cuestionamientos. Por eso, lo primero que hacen las dictaduras es clausurar el Congreso, que a mi juicio constituye el Poder más importante de una democracia porque es donde están los representantes del pueblo y porque es el único Poder que, incluso, puede enjuiciar a miembros del Ejecutivo y del Poder Judicial: es el último resorte de la democracia. La invocación de medidas de emergencia o excepcionales como metodología de gobierno en democracia es un resabio autoritario que, a mi juicio, nos ha convertido en una democracia imprevisible para nosotros mismos, y cada vez más injusta e inequitativa. Hay una relación directa en este gobierno de gobernar con medidas de excepción, concentrando el poder, aunque lo llamemos hiperpresidencialismo o lo queramos disfrazar con distintos conceptos. En realidad es un resabio autoritario y constituye una de las razones del empobrecimiento institucional, social y económico de la Argentina.

La emergencia reiterada genera más emergencia y consagra la excepcionalidad: agradezco a la senadora Escudero que nos haya recordado las críticas del presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, respecto de estas leyes de emergencia que han debilitado nuestra democracia y que generan -como él ha dicho y concuerdo- más emergencia.

Esta costumbre de gobernar con medidas excepcionales, concentrando el poder en pocas manos, ha tenido otro resultado: la concentración de la riqueza. La concentración del poder tiene su contrapartida: la concentración de la riqueza. No se puede desconcentrar la riqueza y el ingreso concentrando el poder. Justamente la democracia, en esta distribución cada vez más abierta del poder, también genera por esa misma lógica una distribución cada vez mayor de la riqueza porque el poder está en los ciudadanos, en el Congreso y no en pocas manos; no en líderes salvadores.

La Argentina se ha convertido en un caso paradigmático de estos sistemas de mayor concentración de poder y de mayor concentración de la riqueza en democracia.

En la década del 90 tuvimos leyes de emergencia y súper poderes. De hecho tuvimos muchos años de crecimiento, pero también fue la década en la que comenzó este modelo de cada vez más ricos y cada más pobres; de dirigentes y empresarios cada vez más ricos y una sociedad cada vez más paupérrima.

Hace poco vi en televisión algo que me dio escalofríos: un periodista que en la calle entrevistó a una mujer de unos veinticinco años, con cinco hijos, pidiendo limosna. Me imagino que tenía más o menos veinticinco años; habrá nacido con la democracia o era más joven todavía. Esos hijos chiquitos -el más grande tendría doce años- nunca habían ido al colegio. Ella tampoco, pero su madre sí. ¡Eso era impensable en la Argentina de décadas atrás!

Estoy segura de que esta matriz de concentración del poder en pocas manos, para ser más eficientes y leales al gobierno, tiene que ver con sistemas en los cuales los fondos públicos no llegan donde tienen que llegar. Si la Ley de Emergencia económica y los súper poderes de Menem y Cavallo fueron una de las causas de la crisis del 2001 y de la agitación de la Argentina, ¿por qué este gobierno, que dice tener un sino contrario, utiliza las mismas herramientas?

En 2002, cuando la Argentina sí estaba en emergencia -hoy no estamos en emergencia-, el ARI se opuso a este proyecto de ley porque entendió que también de las emergencias se sale con más institucionalidad, con más diálogo y debate. La confianza no tiene que ver con confiar en una persona es confiar en nosotros, en las instituciones y, entre todos, buscar la mejor solución.

En una emergencia generalmente cada uno pone lo mejor. Entonces, no es necesario recurrir a estas medidas de excepcionalidad. Nosotros no lo hicimos en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ni tampoco en 2008.

Aprender a confiar en las instituciones, en la división de poderes, en la importancia de enriquecernos con los puntos de vista del oficialismo y de la oposición, en dialogar, es lo que nos va a llevar a tomar decisiones más equilibradas y previsibles, cosa que no hemos logrado en estos 25 años. Por supuesto, la pobreza y la corrupción es la contracara de esta manera de gobernar y de tomar decisiones.

Otra de las características de este modelo de concentración de poder y de los recursos de la Nación es el debilitamiento del federalismo a través de una ley de coparticipación que no se cumple. La ley de coparticipación establece que el 57,36 por ciento de los recursos de la Nación tienen que ser ejecutados por las provincias y el 41 por ciento por la Nación. Todos sabemos que ahora estamos en 77 por ciento la Nación y 23 por ciento las provincias. ¡Todo lo contrario! Esto muestra claramente un desprecio por la autonomía de las provincias.

Es en las provincias donde se ejecutan los programas sociales más importantes, como la educación y la salud. Son las provincias y los municipios los que tienen esta responsabilidad. Esta concentración de los recursos y de poder en el gobierno nacional -que ha sido una característica, especialmente de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- ha debilitado muchísimo la autonomía de las provincias, así como también la posibilidad de que puedan brindar y proveer servicios de una mínima calidad.

Les voy a dar como ejemplo la ley de financiamiento educativo. Se trata de una excelente ley que se votó en el Congreso de la Nación. La injusta coparticipación de los recursos públicos hace que, incluso provincias cuyos gobernadores son de los más leales al gobierno nacional, no puedan cumplir con la ley de financiamiento educativo. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo claro: no la puede cumplir desde el 2007, y cada vez podrá hacerlo menos. También hay otras provincias, pero eso ocurre porque no cuentan con los recursos pertinentes: la Nación cumple, pero quienes tienen las escuelas y los docentes no pueden hacerlo. Entonces, la ley termina siendo letra muerta. Estas son las consecuencias de la concentración de poder y de recursos en el gobierno nacional.

Por todo lo expuesto, es claro que no vamos a acompañar la Ley de Emergencia

Económica. Tampoco lo haremos con la Ley del Cheque, medida excepcional muy negativa sancionada en 2001 que golpea muchísimo a las pequeñas y medianas empresas; que promueve la informalidad y la “desbancarización”; que tiene un montón de consecuencias.

Al respecto, en seis años de crecimiento a tasas asiáticas no se hizo nada. En todo caso, si en este momento no se puede prescindir de esos 20 mil millones de pesos anuales entonces que se coparticipe a las provincias, tanto a las amigas como a las que no lo son tanto, para que al menos puedan cumplir con la Ley de Educación y así ofrecer un mejor futuro a los niños en la Argentina.

Tampoco vamos a acompañar la prórroga de la ley del gasoil. Si bien se subsidia el boleto del trasporte público en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en realidad los subsidios se los quedan los dueños de las empresas porque los porteños y la gente de la provincia de Buenos Aires viajan en condiciones infrahumanas, y el gobierno no controla que esos subsidios tengan como destino mejorar las condiciones en que viaja el resto de los argentinos. Además, se trata de otro sistema que perjudica la producción porque el gasoil es el combustible necesario para el sector agroindustrial en las provincias. Entonces, constituye otra manera de subsidiar o recaudar, totalmente regresiva: poe ello, no la vamos a acompañar.

Lo que estamos diciendo varios miembros de la oposición el senador Giustiniani no lo podría haber manifestado con mayor claridad y elocuencia. No es un crítica solamente opositora: ese no es el ánimo. La Argentina ya está en una crisis política y económica. No es solamente una crisis económica: es también política y eso lo tenemos que admitir. Lo cierto es que no vamos a solucionar la situación ni con el blanqueo de capitales ni con estas medidas excepcionales.

El otro día un jubilado decía lo siguiente en la radio: “¿Por qué a mí me pagan 690 pesos al mes, mientras que usan mi plata y mis aportes para hacer obras públicas para otros?”

No es con esa matriz de poder y uso de los recursos nacionales que vamos a salir de esta crisis y evitar la caída en la emergencia social y económica: todo lo contrario. Sé que muchos legisladores de la oposición piensan lo mismo que yo y son partidarios de la necesidad de reflexionar entre todos, para evitar una nueva emergencia. Porque se vislumbra que nuestro país puede caer en una nueva emergencia y, cada vez que esto sucede, la brecha entre los ricos y los pobres se agranda. Asimismo, el nivel de pobreza estructural y la concentración de la riqueza en pocas manos aumentan en la Argentina.