Señor presidente: estamos hace horas reunidos para debatir un tema delicado y complejo; e imagino que también es porque lo queremos resolver.

Delicado, porque se trata nada más y nada menos que de garantizar a las mujeres y hombres que en la Argentina han trabajado durante toda una vida -seguramente en una labor dura y sacrificada, porque el nuestro no es un país fácil- que puedan gozar de un haber jubilatorio digno y que puedan retirarse en paz. Ese debería ser el objetivo central de lo que se discute hoy.

Pero es un tema muy complejo, porque los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo; no hay soluciones mágicas o fáciles. Por eso, los países serios encaran estas reformas con cautela, consenso y tiempo.

El gobierno propone mediante el proyecto de ley en consideración -en la Cámara de Diputados se lo trató durante quince días y en el Senado hubo tres reuniones de Comisión para dictaminar- propone la conformación de un nuevo sistema único, estatal y de reparto que denomina SIPA.

La previsibilidad, y disculpen por la redundancia, es un requisito esencial de todo sistema previsional. ¿Qué significa esto? Que el jubilado tiene que saber de antemano, tiene que poder prever que, al momento de jubilarse, va a recibir un haber digno, proporcional al salario que tenía cuando trabajaba. Y, además, otro requisito fundamental es que sea un sistema sustentable.

¿Qué significa que sea sustentable? Que el Estado tiene que garantizar o asegurarse que va a poder financiar las jubilaciones. O sea que cuando una persona se jubile le va a poder dar este haber digno, proporcional a lo que ha aportado si es un sistema de reparto, no solamente al momento de jubilarse sino hasta su muerte. No tiene que haber sorpresas ni imprevisiones.

Previsibilidad y sustentabilidad son dos requisitos básicos.

Ahora bien, tal como está formulado el presente proyecto de ley se deduce que no se cumple ninguno de los dos requisitos. Y a mí me sorprende que no hayamos hablado de eso hoy. Llevamos horas de debate.

¿Y por qué digo esto? Lo voy a explicar. Actualmente, más del 80 por ciento de los jubilados en la Argentina -hasta el 75 por ciento de los que están en el sistema de reparto y debe ser otro tanto en el sistema privado- reciben haberes de 690 pesos o menos. Y ese es un haber de hambre. Ninguna persona puede vivir con ese dinero, menos una persona mayor que neceista remedios y cuidados especiales.

Además, las estadísticas, a las que no hemos tenido acceso, porque en las Comisiones no se dan estadísticas y los funcionarios no traen información, indican que la canasta básica -la que define la línea de pobreza- está en 1350 pesos.

Entonces, mediante el sistema jubilatorio actual y mediante el SIPA que se propone para el futuro, los jubilados en la Argentina van a seguir viviendo bajo la línea de pobreza. Pero lo que es peor, como la canasta básica de alimentos sólo sirve para eso, hay que tener en cuenta la línea de indigencia, que está en 620 pesos por mes. O sea que estamos condenando a más de 4 millones de personas a vivir en la indigencia. Y de esto no hemos hablado en todas estas horas.

Así como no hablamos de esto hace dos meses, cuando tratamos la ley de falsa movilidad jubilatoria. De esto no se habla. ¿De qué hablamos, entonces? Del superávit de la ANSeS, de los excedentes, en qué vamos a invertir los 100 mil millones de pesos. No tenemos una ANSeS superavitaria. Tenemos una ANSeS deudora. Hay millones de jubilados que hoy padecen haberes de hambre, porque la ANSeS, el gobierno, le ha confiscado sus haberes. Hay 120 mil juicios que han iniciado los jubilados.

Desde el mes pasado, después de que votamos esa ley de movilidad -y lo habíamos advertido acá-, se están haciendo doscientas presentaciones judiciales por día, 5 milen un solo mes. ¿Ese es un sistema público de reparto digno de un Estado que se precie de proteger a los jubilados? ¿En qué va a invertir la ANSeS este dinero? En lo jubilados. No tiene que pensar en ninguna otra cosa. ¿De qué estamos hablando?

El SIPA, este nuevo sistema, propone volver al viejo modelo de reparto, negando un hecho indiscutible: en todo el mundo, los sistemas únicos de reparto no son viables. ¿De eso tampoco vamos a hablar? Y no son viables, porque ya no hay la suficiente cantidad de trabajadores activos, jóvenes, que puedan financiar a una población envejecida. Esto pasa en Europa, Estados Unidos, en Asia y, también, en la Argentina, donde el problema se conjuga además con que el 60 por ciento de los trabajadores están en negro o tienen trabajos en forma irregular y no tienen la suficiente cantidad de aportes.

Entonces, el sistema de reparto, que era muy bueno en los años 50 porque había 11 trabajadores activos para financiar a cada jubilado, hoy tiene un trabajador y medio por cada jubilado. Y esto no da, o da para haberes pero no del 80 por ciento móvil como querríamos, sino del 30 o del 40 por ciento. Esta es una realidad matemática; no ideológica. ¿No vamos a considerar eso? ¿Creemos que, porque le ponemos un nombre novedoso -SIPA-, esta realidad va a cambiar?

El gobierno habla de inclusión pero, como dije, por ahora, lo que tenemos es exclusión previsional.

La OIT y la legislación comparada internacional hoy no proponen sistemas únicos de reparto, sino sistemas múltiples, de varias modalidades conjugadas. Eso es lo que nosotros propusimos durante la campaña electoral de la Coalición Cívica y el ARI. En efecto, planteamos una propuesta -y está en nuestra plataforma y la vamos a incorporar a la versión taquigráfica, para que vean que tenemos iniciativas que nos gustaría discutir con el oficialismo, en las Comisiones o fuera del Parlamento, con todos los actores de este problema- similar a la de la OIT. Se trata de un sistema de tres patas:

En efecto, se trata de un ingreso universal a la vejez, para todos los argentinos de más de 60 años si son mujeres y de más de 65 años si son varones, más allá de que hayan trabajado formalmente o no. Ni siquiera tienen que haber trabajado; es solamente por haber llegado a esas edades. Esta es una renta básica por vejez, algo que los sistemas comparados proponen. Y, en una Argentina, donde tanta gente trabaja en la informalidad, es fundamental. Pero este ingreso tiene que ser cercano al ingreso mínimo, no puede ser de 690 pesos.

Hay un segundo tramo, que es de reparto, estatal, público, obligatorio para todas las personas que trabajan formalmente. Quedará un haber de un 30 ó 40 por ciento de un salario en actividad, porque eso es lo que hoy el sistema de reparto puede dar.

Y quien tenga más capacidad de ahorro previsional puede contratar un seguro de retiro absolutamente optativo, en una empresa de seguros estatal -el Banco de la Nación, por ejemplo- o privada. Pero esto es algo optativo, no es obligatorio ni compulsivo; y sería la tercera pata.

Esa era nuestra propuesta desde la Coalición Cívica, que está en el dictamen en minoría que presentamos. Creemos que no se puede discutir en quince días, pero sería la manera seria de darle previsibilidad y sustentabilidad a nuestro sistema de jubilaciones.

Antes de continuar, quiero hacer un llamado a la reflexión a todos los senadores y senadoras. No le hace bien a la Argentina que sigamos discutiendo temas muy complejos en forma simplificada, binaria, con fórmulas tontas como la de hoy: todo lo estatal es bueno y lo privado es malo; o como se hacía hace una década: todo lo privado es bueno y eficiente, y lo estatal es malo.

¿Por qué nos resistimos a usar el pensamiento complejo para abordar temas complejos? En este Congreso hay académicos, académicas, sociólogos, economistas, politólogos, contadores, filósofos. O sea, podemos analizar los asuntos de una manera compleja. Además, ¿no vamos a aprender de nuestros propios errores? Hace una década, el Partido Justicialista, que también estaba en el gobierno, con esta lógica binaria dijo: todo lo estatal es malo y todo lo privado va a ser bueno per se, por su naturaleza, y privatizó la jubilación. En esa oportunidad también tenía la mayoría; impuso la mayoría numérica, que no quiere decir consenso. Mayoría numérica propia no quiere decir consenso. Consenso es la capacidad de escuchar otras propuestas, otras voces y buscar soluciones conjugadas. Es un ejercicio que la Argentina no hace.

Por eso, década tras década vamos en forma errática con este pensamiento rudimentario, elemental, anacrónico: una década es todo estatismo, la otra es todo privatismo, ahora todo es estatismo, pero no solucionamos los problemas. ¿Qué pasa en el medio? Después de 25 años de democracia lo que sí se ha consolidado es una pobreza estructural de 14 millones de argentinos, cuatro millones de los cuales son jubilados. ¡¿Y de eso no vamos a hablar?!

Las soluciones no están de un lado o del otro. El otro día le pregunté a un español si Telefónica era una empresa estatal. No, me dijo, porque Felipe González, a quien han citado hoy, la privatizó. ¿Y Repsol es una empresa estatal o privada? No, me dijo, Felipe González, el socialista que recién se citó, la privatizó. Lo que pasa es que el Estado tiene claro cuál es su plan estratégico y usa empresas con lógica privada para defender los intereses nacionales, lo cual no hemos hecho nosotros, aunque nos llenamos la boca hablando de estatal o de privado, pero no defendemos el interés de los ciudadanos argentinos.

El interés de los ciudadanos argentinos no es el interés de los gobiernos, porque si no la Argentina estaría mucho mejor, y a muchos políticos, ex gobernantes y actuales gobernantes no les iría tan bien en sus finanzas personales y en su situación personal. No sigamos confundiendo gobierno con Nación, porque son dos cosas muy diferentes, y los argentinos, los ciudadanos que están afuera, lo saben.

El proyecto que estamos por votar tiene otro elemento que es muy peligroso. Concentra el manejo del 45 por ciento del producto bruto argentino, casi la mitad de lo que producimos los argentinos, sobre todo los ciudadanos que no son políticos, que están afuera trabajando, en tres manos de funcionarios de segundo rango y con controles absolutamente precarios e inadecuados. 72 por ciento del presupuesto nacional. ¿Esto vamos a votar? ¿Este es el Estado que nosotros queremos? Actualmente ninguna institución en la Argentina maneja tanto dinero y poder sin controles, sin una ley que reglamente su funcionamiento, sin una carta orgánica que no se pueda cambiar por decreto y sin una autoridad de aplicación que pueda monitorear organismos que van a hacer inversiones de esta magnitud, con controles en línea, permanentes, con personal capacitado y, además, que pueda aplicar sanciones inmediatas.

Ustedes me dirán que en el artículo 11 se prevé la Comisión Bicameral de Seguimiento. Yo creo en el poder de contralor del Congreso de la Nación, pero nos tenemos que animar a ejercerlo, no podemos declamarlo y después redactar un artículo que es más una expresión de deseos que realmente la manera de controlar un fondo de inversiones de cien mil millones de pesos. Cien mil millones de pesos es más que el capital del Banco de la Nación. El Banco de la Nación tiene el control del Banco Central. Este fondo no va a tener un control del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores ni de la Superintendencia de las AFJP. No. Solamente va a tener el control de un comité de administración. Vamos a transferir todo este dinero a un fondo creado por decreto. Y como fue creado por decreto, por decreto se lo puede modificar, tanto su reglamento como todo lo que dice. Entonces, independientemente de lo que pongamos en la ley, si este fondo se modifica, ya no va a tener ninguna importancia; va a quedar anulado, porque es un fondo de esta magnitud que ha sido creado por de-cre-to.

Además, está el artículo 12 que habla de otro consejo de monitoreo, obviamente con mayoría oficial. Más que ver qué es lo que promete la ANSES en cuanto a qué va a hacer o cómo se va controlar, ¿por qué no vemos que hizo la ANSES en el último año y medio con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que ya tenía -creemos, porque no tenemos información fidedigna- 20 mil millones de pesos de los jubilados y a donde se van a transferir estos 75 mil millones de pesos adicionales? ¿Cómo invirtió el dinero? ¿En qué lo invirtió y a qué tasa? ¿Perdió o ganó plata? Es imposible saberlo.

El decreto 897, que lo creó, le otorga muchas facultades al directo de la ANSES y al Secretario de Finanzas y de la Producción, que son los que integran este consejo de administración. Sin embargo, ni siquiera este consejo de administración ha cumplido con lo que dice el propio decreta y voy a dar algunos ejemplos. En el artículo 8º, inciso d) dice que anualmente este comité de administración realizará un informe general de la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto que contendrá la memoria detallada de todas las acciones emprendidas relacionadas con la prestación del Fondo de Garantía… Nunca lo vimos.

También dice en el artículo 10 que la ANSES, en oportunidad de elevar el proyecto de presupuesto para el año siguiente, elaborará un Plan de Inversiones de este Fondo de Sustentabilidad, que todavía no hemos visto y estamos esperando. También va a constituir una comisión de seguimiento donde van a haber dos miembros de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, que nunca sesionó. Además, para manejar todo este dinero, dice aquí que los miembros integrantes de esta comisión ejercerán sus funciones con carácter ad honorem y los dictámenes emanados de la misma tendrán carácter no vinculante. Eso no es honrar nuestro rol de contralor.

Al poco de asumir como senadora vi todas estas irregularidades y entonces hice un pedido de informes. En el mes de mayo lo presenté a la Comisión de Trabajo y Previsión Social pero nunca se trató porque, como ustedes saben, en el Senado de la Nación se trata solamente lo que quiere el oficialismo. Y el oficialismo tenía mayoría numérica y pensó seguramente que no existía ningún interés en tratarlo.

Cuando hace dos meses vino el director de la ANSES le pedí la información de cuál había sido la evolución del fondo, cómo había estado invertido y me dijo que me lo iba a mandar.

No fue así. Le mandé una carta pidiéndosela y tampoco obtuve respuesta, porque estábamos tratando el tema de la movilidad jubilatoria y me pareció importante saber qué se hacía con este excedente, es decir, con el dinero que se les confisca a los jubilados.

Finalmente, en septiembre interpuse el Decreto 1172, de Acceso a la Información Pública, y en octubre obtuve una respuesta. Pasaron cinco meses; soy senadora de la Nación, no sé que le pasaría a un ciudadano cualquiera si quisiera hacer toda esta tarea. Además, ¿qué me contestan? Yo pedí algo bastante obvio: la evolución del Fondo de Garantía desde su creación detallando la composición mensual de su cartera hasta el estado actual y el detalle de las inversiones realizadas mes a mes, como un resumen de cuentas. Es decir, lo habitual para cualquier organismo, especialmente si es público, que maneja fondos públicos. Bueno, me mandaron la posición del fondo, en este papel, que no tiene membrete -por lo que no puedo saber si es de la ANSES o de qué organismo-, la posición del fondo, al 30 de octubre de 2008, es de 22.177 millones de pesos. Además, se explica en el tipo de valores y de títulos que está invertido, y nada más.

Sobre la evolución, es decir, si se ganó o se perdió plata -porque no sé si se ganaron o se perdieron los 20.000 o si con el traspaso de las AFJP y con el superávit de la ANSES del año pasado se compensó la pérdida-, no podemos saber si ganó o se perdió plata. En una carta del 20 de octubre de 2008, nota GOISFGS N/ 387/08, me dicen que: “En atención a la posibilidad de acceder a información relacionada al fondo, cumplo en informar que estará a disposición en la página de Internet de la ANSES a partir del próximo ejercicio”. Esto significa que a la ANSES le lleva dos años preparar la información que cualquier institución financiera, privada o estatal -salvo ésta-, debe tener al día y que las autoridades de aplicación controlan diariamente. Acá lleva dos años, y es una expresión de deseo.

Además, me aclaran que por razones estratégicas -no sé qué querrá decir- inherentes a la operatoria del fondo, el grado de detalle de dicha información estará acotado; motivo por el cual me envían a la primera ventanilla de la ANSES, donde tampoco me darán bola -perdón por la palabra-, porque se ve que los senadores de la oposición somos senadores de segunda en este país, donde el Congreso de la Nación también ha sido degradado por esta visión.

Entonces, les digo que son muy lindos los artículos que se incluyeron en la Cámara de Diputados, pero no ofrecen las garantías para un organismo que manejará un presupuesto que equivale al 72 por ciento del presupuesto nacional y al 45 por ciento del PBI argentino.

Yo creo en el rol del Estado, por eso estoy sentada en esta banca y hace mucho tiempo decidí ser política. Y creo que la Argentina va a mejorar cuando mejoren la política, la toma de decisiones y la calidad de gestión pública del Estado, es decir, cuando se controle a esos privados que, generalmente, son los socios de los gobiernos y no de la Nación. En efecto, son socios de los gobiernos de turno, de éste también.

Por eso, cuando se invoca al Estado, pregunto: ¿qué Estado? ¿Un Estado transparente, responsable, confiable, previsor? ¿O un Estado oscuro, discrecional, que toma decisiones intempestivas, improvisadas, precarias? Alguien dijo “decisiones valientes”. Estas decisiones que se toman así son temerarias. No hay que confundir temeridad con valentía. Valiente es alguien que sopesa una decisión con valor, con información y con cuidado. Temerario es alguien que dice “yo hago lo que quiero porque soy gobierno y me votaron, y hago lo que quiero”.

Por otra parte, me preocupa que sigamos votando leyes importantísimas sin información, como cuando se quiso aprobar la Resolución 125 o como cuando se votó el tema de Aerolíneas Argentinas o la ley de falsa movilidad previsional. Eso ya es un clásico de este gobierno.

Lamento que los legisladores del oficialismo acepten ser maltratados de esa manera, al igual que nosotros.

Efectivamente, discutimos temas complejos sin información. Por ejemplo, el lunes 10 de noviembre vino al Senado el director de la ANSeS y nos informó que entre octubre de 2007 y octubre de 2008 los fondos de las AFJP habían perdido el 17 por ciento de su valor, y que ante la crisis actual, el Estado tenía que intervenir rápidamente y estatizarlos para proteger los fondos de los jubilados. La página de la Superintendencia -que sí tiene información pública, porque lo establece la ley y la reglamentación - señala que es del 19 por ciento. Lo que no informó Boudou es cuánto dinero perdió el Fondo de garantía y sustentabilidad de la ANSeS en ese período. Esa información no está disponible; no se ha puesto acá para saber cuál es la mejor manera de proteger los fondos de los jubilados, los que están en manos privadas y los que están en manos estatales.

Con esta hojita que pude conseguir, como les dije, que muestra la posición del fondo al 30 de septiembre de este año, hice consultas a especialistas en inversiones, y me dijeron que como la cartera de la ANSES es similar, casi idéntica, a la de las AFJP, ha perdido el mismo valor o un poco más, porque tiene más títulos públicos.

También, cuando vemos cuál es el riesgo y quién nos protege más, y para que podamos tomar decisiones con información, quise saber, en este período de crisis, cuál había sido la evolución de los distintos mercados o títulos, para saber si perder el 19 por ciento en el último año era muchísimo o no, porque todo es comparativo y relativo.

Entre el 31 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2008, las AFJP perdieron en promedio un 19 por ciento de su capital. El Merval, donde cotizan las acciones de las empresas argentinas, en ese período perdió 57 por ciento. O sea que las AFJP perdieron menos que el Merval. Si hubieran invertido en Wall Street, hay dos índices: uno perdió 37 por ciento, o sea que hubiera sido mejor que el Merval pero peor que las AFJP; y el Dow Jones, 32 por ciento.

Ahora, si hubiera comprado todos títulos argentinos, el Discount en pesos, perdió 62 por ciento. No tenemos un Estado que protege el valor de nuestro patrimonio. El Par, en pesos, perdió 62 de su valor; el Cuasi Par, 16 y el Boden 2008, 37 por ciento. O sea que la peor inversión fue la de los títulos públicos argentinos.

No digo esto para criticar ni para denostar al Estado argentino. Creo que tenemos que tener toda la información, pero no para decir que lo estatal es bueno y lo privado es malo, o lo privado es bueno y lo estatal es malo, sino para que, con toda la información, tomemos decisiones racionales, razonables, duraderas y por consenso.

¿Qué paso el último año, por ejemplo, con los bonos? Para que veamos cómo afecta la crisis internacional y cuál es la situación de distintos países. Comparemos, por ejemplo, bonos argentinos y bonos de Brasil. A comienzos de 2007, el riesgo país de la Argentina y del Brasil era similar: 200 puntos básicos cada uno. Hoy, la Argentina está en 1.822 -como se dijo anteriormente, según este índice-, y Brasil en 468. ¿Qué pasó con dos títulos que cotizan en dólares y que fueron emitidos al mismo tiempo? El Discount de la Argentina perdió el 67 por ciento de su valor, en tanto que el de Brasil, 6 por ciento.

Entonces de estas cosas tenemos que hablar. ¿Cómo hacemos para construir un Estado sólido, previsible? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo protegemos realmente a los 5 millones de jubilados, con haberes dignos? 690 pesos. ¿Ustedes pueden pagar el alquiler, la ropa, la comida, la luz, las comunicaciones, el transporte, los remedios, con 690 pesos? ¿Por qué una persona de 65 u 80 años tiene que poder hacer eso?

Nosotros hemos presentado un dictamen de minoría donde rechazamos de plano el proyecto oficial. Creemos que es un proyecto que tiene solamente un fin fiscalista, de poder controlar, sin controles parlamentarios ni judiciales, cien mil millones de pesos. Entonces no vamos a entrar en ese debate. Sí proponemos rechazar este proyecto de ley y, en un plazo de siete meses, discutir las distintas propuestas: el sistema único de reparto, el sistema de tres partes -que nosotros proponemos- y otros, para encontrar una solución a este problema que es serio, complejo y que lo padecen millones de jubilados.

También, nuestro proyecto dice que tenemos que anular el decreto 897, por todas las razones que dije: es realmente una aberración jurídica, y transferir cien mil millones de pesos más a ese fondo que ha sido creado por decreto -y así, por decreto, se puede modificar, más allá de lo que diga la ley que se sancione hoy-. Realmente es de una precariedad institucional gravísima y demuestra que quienes voten eso no van a estar haciendo honor al Estado que ha sido tan declamado hoy pero que, en la práctica diaria, no sostenemos con igual fuerza.