Señora presidenta: después de seguir este largo debate -y el senador Filmus se anticipó a esta idea que quería expresar-, me alegro de que podamos decir que tenemos muchas coincidencias. Por supuesto, estamos de acuerdo con lo sustantivo: tenemos que reestatizarAerolíneas Argentinas y Austral porque el Estado tiene que garantizar el servicio público aerocomercial.Quiero dejar en claro que la Coalición Cívica cree -y esto es lo que dice nuestro proyecto- que Aerolíneas y Austral tienen que ser reestatizadas y formar una empresa estatal.

Tienen que ser parte de una empresa estatal; que esto quede bien claro.

También, a lo largo de este rico debate, me parece que nos hemos puesto de acuerdo

Respecto de otros aspectos muy importantes. Entonces, tal vez, en la hora o dosque quedan hasta que votemos, podríamos acercar las posiciones en lugar de enfrentarnos, y así encontrar un proyecto de ley de consenso que permita solucionar exitosamente el problema de Aerolíneas

Argentinas.

¿En qué estamos de acuerdo? En la necesidad de que el Estado nacional garantice el servicio público aerocomercial. Estamos de acuerdo -como dije- en la necesidad de reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, así como en preservar la frecuencia, los vuelos y las rutas; más que nada, en que no pare ni un sólo día. En esto estamos de acuerdo. También, estamos de acuerdo con que se preserve la fuente de trabajo; también, las marcas Aerolíneas

Argentinas y Austral, por su historia y por el valor afectivo que tienen para muchísimos argentinos. Hasta aquí las coincidencias. Estamos de acuerdo con el qué, con lo sustantivo.

En lo que no estamos de acuerdo muchos de nosotros respecto del proyecto oficial es con el cómo. No es un detalle, porque de cómo rescatemos y reestaticemos Aerolíneas Argentinas y Austral va a depender el resultado final.

El deseo no sólo del senador Martínez sino el de todos nosotros es que la Argentina tenga una aerolínea de bandera estatal que funcione eficientemente y que vuelva a conectar al país no sólo como lo hacía en los años 80 sino que, además, pueda brindar más servicios y más vuelos.

Ahora bien, ¿por qué digo que el “cómo” es tan importante como el “qué”? En primer lugar, porque no estamos de acuerdo de ningún modo con que para reestatizar Aerolíneas Argentinas tengamos que comprar las acciones de ARSA y de Austral Cielos del Sur. Esto sería muy grave

-no me voy a extender en este punto, porque ya se habló al respecto- porque sería comprar el pasivo, no sólo las deudas sino también todos los litigios que pesan sobre esta empresa.

Tampoco estamos de acuerdo con mirar para otro lado; con decir que vamos a poder pagar los 890 millones de dólares de pasivo así como todos los perjuicios y daños a los actuales accionistas; tampoco, con que además va a quedar plata para invertir en la compañía. No se puede hacer todo a la vez. Entonces, si el Estado nacional decide que va a pagar también todo el pasivo de Aerolíneas Argentinas, ¿con qué plata vamos a relanzar y expandir la compañía?

Tengamos en cuenta que Aerolíneas está trabajando a muy poca capacidad. Si el gobierno

-como creen los senadores del oficialismo- dice que no va a pagar un peso por Aerolíneas

Argentinas ni un dólar de su deuda y de sus pasivos, ¿por qué no está establecido claramente en el texto y en los fundamentos del proyecto de ley?

Además, si el método de valuación de la empresa no será el de fondos futuros de caja, ¿por qué no queda claro en el proyecto de ley y en sus fundamentos? ¿No será -como dijo el señor Muñoz, director de Aerolíneas Argentinas por el grupo Marsans en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transporte- que el gobierno no va a poner un peso ahora? No es lo que acordaron en las reuniones ni en el acta que firmaron el secretario Ricardo Jaime yel ministro Julio De Vido. Pero ¿lo dicen ahora para que este Senado apruebe este proyecto de ley sin problemas? No podemos eludir estas preguntas.

¿Por qué, si el Estado nacional no va a pagar un peso, no lo dicen en el acta y en el proyecto de ley? Por otro lado, no estamos de acuerdo con votar este proyecto de ley con los ojos vendados, haciendo la vista gorda a las enormes irregularidades contables, financieras y de todo tipo que ha cometido aparentemente este grupo empresario. Si bien en los fundamentos del proyecto de ley se detallan claramente estas anomalías y en la parte dispositiva no hay ningún artículo que indique al gobierno nacional que proceda con las acciones judiciales necesarias.

Es importante que se cree la comisión investigadora, pero va al levar tiempo. El gobierno ya tendría que haberlo hecho. Además, hoy, podríamos dar la orden de que se comenzaran a investigar las irregularidades que se han escrito en los fundamentos del proyecto de ley y hemos escuchado en las audiencias. Cuando escuchamos a los funcionarios, a los gremialistas, y a quienes fueron síndicos y directores por el programa de propiedad participada, más que de política de Estado parece que estamos hablando de política criminal. Se los digo con total sinceridad; uno necesita ser detective y abogado para ver quién dice la verdad, quién tiene razón y qué pasó. Eso tiene que estar en la Justicia.

Tampoco estamos de acuerdo -y no es menor- con que votemos iniciar una transacción de compra de una empresa sin información; no es serio. Ese no es el país en serio del que hablaba Néstor Kirchner en 2003.

A diferencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir información más reciente de la Auditoría General de la Nación, que dijo que esta empresa, que brinda un servicio público esencial, no tiene balance de 2007 cerrado y auditado.

No sabemos qué pasó realmente en esta empresa. La última cifra auditada, que ni siquiera es confiable, porque esos balances también están bajo sospecha, es de finales de 2006. Por otra parte, entre los borradores que se entregaron a la Auditoría General de la Nación, tampoco hay información muy clara y fehaciente sobre los primeros nueve meses de este año. Entonces, ¿qué estamos comprando?

La Auditoría General de la Nación pidió los balances de 2001 a 2006 y en un mes no los recibió. Se ve que no hay mucha voluntad por parte la empresa -que desde hace más de un mes es gerenciada por el gobierno nacional- de facilitar la información. Esos balances son fáciles de conseguir. ¿Cómo no se los dieron en 24 ó 48 horas? El Tribunal de Tasación nos dijo que

Ellos sí tuvieron acceso a esos balances, no sé si en forma oficial o extraoficial, y que ya estiman que hay un 30 por ciento de inflación de los activos. ¿Alguno de ustedes -y se los digo de corazón- tomaría la decisión de comprar una empresa de esta envergadura sin información, a ciegas?

Les doy un ejemplo. Antes de la sesión, me llegó una información -me tuve que ausentar porque la estaba tratando de confirmar- sobre una transferencia bancaria. Se trata de la transferencia realizada desde la cuenta Nº 36966309 que tiene Aerolíneas Argentinas en el Citibank de Nueva York, Sucursal 940. Esta es una transferencia que se realizó el 23 de julio de

2008 por 755.905 dólares a la cuenta de Spain Air S.A. al Banco Bilbao Vizcaya en Madrid. He podido confirmar que la cuenta es de Aerolíneas Argentinas. No puedo confirmar que lo que dice esta copia de transacción por Internet, que son los papeles que se usan hoy en día, realmente refleje esta operación. La cuenta existe. Spain Air es un acreedor de Aerolíneas Argentinas.

ARSA le debe 40 millones de pesos. Podría ser que se esté pagando deuda con los fondos que nosotros estamos poniendo para que la empresa funcione. Entonces, ¿qué es esto? Voy a elevar este documento a la Auditoría General de la Nación para que esto se investigue, pero puedo decir que la cuenta es de Aerolíneas Argentinas.

¿Podemos tomar una decisión cuando todavía dala sensación de que los funcionarios que están gerenciando la empresa ven qué pasa con las cuentas bancarias, al menos las internacionales; cuando todavía los españoles que siguen en la empresa están haciendo movimientos financieros? Todo esto lo deberíamos saber antes de tomar la decisión, porque si no más que una transacción de compraventa, deberíamos hacer acciones judiciales. Me parece que esto asemeja más a algo de ese tipo.

Mi propuesta es por qué no recabamos primero la información y, después, tomamos la decisión. El Congreso toma la decisión sobre cuál es la mejor transacción que puede hacer el gobierno, el Poder Ejecutivo, en este caso. Ese es el verdadero rol del Senado: el de contralor.

El Poder Ejecutivo propone algo, pero nosotros podemos decir: “De esta manera no, porque queremos un buen resultado. Coincidimos con el objetivo, pero la metodología es equivocada.”

Creo que los senadores del oficialismo, tal vez, tienen que considerar estas cosas, porque el resultado de todo esto va a depender de que votemos con información y no a ciegas.

Por otra parte, creo que invocar la emergencia y la urgencia para decir que no hay tiempo, que no podemos investigar antes de votar esto, no corresponde. Tenemos que hacerlo.

No podemos parar la empresa ni un día. La empresa puede seguir trabajando si la presidenta

Cristina Kirchner se compromete con los trabajadores en público, como se ha hecho en privado, en el sentido de que la empresa no se va a privatizar; de que las fuentes de trabajo se van a preservar; de que Aerolíneas Argentinas y Austral van a seguir operando normalmente mientras se tramitan las investigaciones judiciales. Mientras tanto, el Estado se hace cargo, como se hizo cargo del gerenciamiento.

La urgencia y la emergencia siempre se utilizan como excusas para que los funcionarios

Públicos no cumplan con las normas y con la ley; con los procedimientos. Y sabemos cuáles han sido los resultados de ese tipo de proceder en la Argentina

Esta reestatización apresurada -de la peor manera, para mí- es un capítulo más de la vieja historia de la Argentina, donde las ganancias son siempre privadas pero las pérdidas las tenemos que pagar entre todos por la urgencia y por la crisis. Lo digo en serio; lo pienso de verdad. He meditado mucho sobre estas cosas. ¿Vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir?

Algunos llaman a esto el “Estado bobo”, pero no es un Estado bobo: es un estado cómplice. Es un Estado cómplice en el que funcionarios públicos, en complicidad con empresarios -muchos de ellos, que manejan empresas de servicios públicos o que son concesionarios de concesiones del Estado- utilizan fondos públicos en maniobras no muy claras.  Todos tenemos el sueño nacional de desarrollo con justicia social, con verdad y con transparencia, pero el desmanejo de la cosa pública ha llevado a que no solamente haya colapsado la Aerolíneas Argentinas de los años 50 sino el conjunto de la sociedad, el país entero.

¿Por qué? Porque siempre, por el apuro, no podemos respetar la ley y tenemos que hacer la vista gorda a todo tipo de irregularidades. Ese es el capitalismo y el estatismo de amigos que supimos conseguir, que no es reciente sino de la década del 90. Es de la década del 90, pero también de la del 70 y de la del 80, cada uno con su discurso ideológico diferente, pero siempre con la misma matriz. Es también el estatismo y el capitalismo de amigos del año 2000; y voy a dar un ejemplo.