Sr. Presidente. - Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. - Señor presidente: la iniciativa que estamos considerando desde hace unas horas, es decir la prórroga de la delegación en el Poder Ejecutivo de facultades que son propias de este Congreso Nacional, así como el proyecto de ley que vamos a considerar a continuación, la llamada ley de superpoderes, tienen un núcleo común y una visión política similar. Por ello, solicito permiso para hacer una reflexión conjunta, considerando a los dos como una unidad, aunque luego analice a su turno, en más detalle, cada uno por separado.

Ambos proyectos de ley se fundan en el concepto de que nosotros, los representantes del pueblo, los legisladores de la Nación, los senadores y diputados de este país, no estamos en condiciones de asumir la totalidad de las responsabilidades y funciones que nos otorga la

Constitución.

Ambas iniciativas se basan en el preconcepto -por no decir prejuicio- de que los legisladores de la Nación no estamos en condiciones de hacernos cargo de la totalidad de las atribuciones ni del mandato que depositaron en nosotros los ciudadanos y las ciudadanas que nos votaron para ocupar estas honorables bancas.

¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el Congreso no trabaja, que los legisladores son lentos, etcétera? A mi juicio, estos proyectos que estamos considerando en esta sesión se fundan en un razonamiento similar que sería el siguiente: como nosotros, los legisladores, no tenemos ni la agilidad, ni la voluntad de trabajo, ni el buen criterio -y ahora voy a leer directamente los fundamentos del proyecto de ley sobre superpoderes- “para optimizar el uso de los recursos públicos o garantizar la gobernabilidad y la capacidad de respuesta del

Estado en el marco de una crisis económica y social”, se nos insta a ceder al Ejecutivo -que, aparentemente, sería mucho más eficiente- algunas de las facultades esenciales que tenemos como senadores de la Nación. Se nos pide que renunciemos a cumplir acabadamente con lo estipulado en dos artículos de la Constitución Nacional, los artículos 75 y 76, que conforman el artículo IV de nuestra Constitución, donde se estipulan nuestras atribuciones.

Estas delegaciones, que se han naturalizado en la Argentina -hoy estamos tratando dos proyectos que conllevan esa delegación de facultades-, no son ingenuas. Le pegan al corazón de los dos únicos artículos que establecen nuestras atribuciones y que definen la esencia del Poder Legislativo y la naturaleza de nuestro poder como poder autárquico de la

República.

Veamos qué dice el artículo 75: “Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.”. El inciso 8 de ese mismo artículo nos da la potestad de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Por otro lado, el artículo 76 dice claramente que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.”.

Pero en estos dos proyectos de ley, específicamente en el que estamos considerando, se nos pide que renunciemos temporariamente -en el que trataremos después sin tiempo fijo-, a algunas de nuestras facultades fundamentales sin plazos y sin causa en forma permanente.

Realmente, yo no comprendo por qué si la Constitución considera que para definir el presupuesto nacional y sus modificaciones es necesario llevar adelante un proceso deliberativo por el cual los que decidimos, los que mandamos en este caso, somos 72 senadores y 257 diputados elegidos por el pueblo, representantes de distintas regiones geográficas, de distintas visiones políticas, sectores sociales y económicos, que de allí deriva nuestra representatividad y riqueza, y no establece la Constitución nacional que sea el presidente y su jefe de Gabinete de Ministros quien lo haga de manera rápida e inconsulta, sin necesidad de consultar, ¿por qué nosotros, los senadores de la Nación, vamos a renunciar a estas facultades y responsabilidades?

Estamos hablando del poder que la Constitución nacional nos otorga a cada uno de nosotros. ¿Vamos a renunciar a nuestro poder frente al poder del Presidente y sus ministros?

Realmente, me preguntó, ¿por qué? Si la Constitución nacional hubiera querido establecer un proceso unipersonal de toma de decisiones en temas tan sensibles como la fijación, por ejemplo, de los derechos de exportación e importación, o la definición del presupuesto nacional y sus modificaciones, lo habría hecho. Sin embargo, no fue así porque esta

Constitución republicana y liberal es sabia; configuró un sistema donde el poder y la toma de decisiones, y de eso estamos hablando, están repartidos en tres poderes diferenciados pero equivalentes en cuanto a jerarquía para evitar la concentración y abuso de poder.

Delegar es no ser responsables; delegar es pensar que no tenemos la capacidad de atender los temas urgentes con responsabilidad cuando el Poder Ejecutivo lo requiera.

Delegar es decir, cuando las cosas no funcionan: “Yo no fui, fue Menem”, que estuvo aquí hace un rato pero ya se fue. Últimamente la culpa es de Menem o fue de de la Rúa. “Yo delegué, yo no fui. Fue Duhalde, fue Cavallo” y después va a ser Kirchner. “Yo no fui, yo delegué”. Eso es lo que quiere decir delegar. Nosotros estamos aquí para ejercer nuestras facultades, nuestras responsabilidades, para usar nuestro poder de decisión y no para delegar.

La matriz delegativa es la base del hiper presidencialismo, que se ha naturalizado en la

Argentina; que es una concepción y una praxis a mi juicio errada. Muchas veces leemos en los diarios o hay debates sobre que por la naturaleza hiper presidencialista de nuestro sistema tendríamos que hacer una reforma de nuestra Constitución nacional para ir hacia un sistema parlamentario. En realidad, nuestra Constitución nacional no establece el régimen hiper presidencialista, que nosotros practicamos violando su espíritu y su letra. No tenemos que reformar la Constitución nacional: la tenemos que cumplir, practicar, hacer realidad.

Esta concepción hiper presidencialista cree que el presidente -o la presidenta, en estos momentos- sabe más, puede más, vale más que los integrantes de los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial. Estamos hablando de nosotros mismos. A mi juicio es un resabio feudal, autoritario y personalista de un Poder que necesita estar por encima de los controles y la necesaria rendición de cuentas. Así lo ha definido, como ya se lo citó muy bien, el cientista político Guillermo O’Donnell, que denomina a este tipo de democracia como “democracia delegativa” por contraposición a la democracia representativa.

Quiero citar algunas partes de un texto de O’Donnell. Dice que la esencia de esa concepción es que quienes son elegidos creen tener el derecho y la obligación de decidir como mejor les parezca que es bueno para el país -sería: “Aquí mando yo”-, sujeto sólo al juicio de los votantes en las siguientes elecciones. Creen que éstos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo tipo de control institucional es considerado una injustificada traba. Por eso, los líderes delegativos intentan subordinar o cooptar estas instituciones.

Respaldados en sus éxitos, los líderes delegativos avanzan entonces en su propósito de suprimir, doblegar o neutralizar las instituciones que pueden controlarlos. Sus seguidores, en este ámbito, repiten escrupulosamente el discurso delegativo: ya que el presidente -o la presidenta- ha sido electo libremente, ellos tienen el deber de acompañar a libro cerrado los proyectos que les envía el gobierno. Olvidan, como dijo el senador Naidenoff, que la

Constitución nacional establece que el Congreso no es menos gobierno que el Poder

Ejecutivo. Entonces, producen la mayor abdicación posible que puede cometer una

Legislatura: conferir y renovar repetidamente facultades extraordinarias al Ejecutivo. De eso estamos hablando. La delegación es una abdicación.

En consecuencia, no voy a acompañar esta iniciativa ni tampoco el proyecto de ley de superpoderes. No delegar facultades a ningún gobierno, ya sea propio o ajeno, ha sido la posición histórica de Elisa Carrió, del ARI y de la Coalición Cívica. Y esta es una posición ideológica, política, pero también moral. Desde que la Argentina y su dirigencia eligieron, hace ya unos veinte años, el camino de aprobar leyes de excepción, de emergencia, de superpoderes y de delegación de facultades, nos hemos convertido en una democracia institucionalmente débil y en una sociedad mucho más desigual, injusta, corrupta y, lo que es peor, desesperanzada.

Para terminar, quiero citar un fragmento de la versión taquigráfica de 2003, cuando por primera vez el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner pedía superpoderes durante el tratamiento del presupuesto 2004. En ese momento, Elisa Carrió dijo: “Tiene que quedar clara la tarea que está realizando este Congreso. Todo esto es inconstitucional. Y no es que lo estemos diciendo recién ahora; desde 1995, año de nuestra asunción, que votamos en contra de la delegación de facultades. Asimismo, en la Convención Constituyente también votamos en contra, advirtiendo que por vía del artículo 76 se vaciaban las facultades del

Parlamento nacional, tal como está ocurriendo”.

Y más adelante citaba: “El inicio de este camino, por demás innecesario frente a la legitimidad que ostenta el presidente de la República -se refería a Néstor Kirchner significa el comienzo de la ruta trágica de la Argentina, donde sólo nos damos cuenta del presente cuando ya es pasado. Dentro de dos, tres o cinco años vamos a decir qué mal que actuamos quienes estuvimos en aquel momento”.

En 2004, Elisa Carrió señalaba lo siguiente: “Quiero decir que las leyes vendrán al

Parlamento sin poder tocarles una sola coma; y los legisladores sólo podrán aprobarlas u oponerse a ellas. Con ello, se habrá vaciado de sentido al Poder Legislativo, a sus propias vidas políticas -las nuestras- y al sentido institucional. Cuando nos demos cuenta de lo que significa una democracia refrendataria, va a ser tarde”.

Este es el núcleo de lo que ahora discutimos. En ese sentido, quiero hacer mías las consideraciones jurídicas de las señoras senadoras Negre de Alonso y Escudero. No soy jurista, pero creo que ellas han explicado muy bien por qué es innecesario seguir prorrogando esta delegación legislativa y cómo ya mismo podemos retomar esa facultad.

Por otro lado, a nadie se le escapa que una de las cosas que estamos discutiendo…

Sr. Torres.- Pido la palabra para una interrupción.

Sr. Presidente. - Señora senadora Estenssoro: el senador Torres le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Estenssoro. - Prefiero terminar con mi exposición. Además, como la mayoría de los señores senadores del oficialismo que hicieron uso de la palabra no han querido conceder interrupciones, que cada uno ocupe su tiempo para realizarlas.

Decía que a nadie se le escapa que, además de considerar la prórroga de la delegación de facultades, también hablamos del Código Aduanero y de la posibilidad de que el Congreso de la Nación retome la facultad que le da la Constitución Nacional de fijar los derechos a las exportaciones e importaciones. Y allí está el conflicto con el campo. Creo que mantener latente el conflicto con el sector agropecuario desde hace más de un año y medio puede ser para el gobierno una pulseada que demuestra su fortaleza o su poder, pero tiene consecuencias gravísimas no sólo en la economía de las provincias agropecuarias, sino en la de todo el país.

Nuestras naciones vecinas están saliendo de la crisis económica que todos sufrimos por la debacle internacional, sin embargo la Argentina está cayendo cada vez más en un pozo negro, en una recesión de la que no sabemos cuándo podremos empezar a salir adelante.

De manera que seguir con estas delegaciones, continuar pensando en que no tenemos que discutir acá en el Congreso, buscando un consenso, una política de retenciones a las exportaciones agrícolas y una política de hidrocarburos, como temas de Estado, y delegar estos asuntos en la presidenta y un puñado de personas, está teniendo consecuencias gravísimas.

Por otra parte, me sorprende que senadores que vienen de provincias petroleras avalen una política energética que con una visión solamente fiscalista nos ha llevado a la sobreexplotación de los yacimientos y a la depredación -porque esta es la palabra real- de nuestros recursos de hidrocarburos. En este sentido, hemos pedido el 43 por ciento de nuestras reservas de gas en esta década.

Por lo tanto, creo que retomar nuestras facultades es asumir nuevamente el poder, la responsabilidad y la obligación que nos da la Constitución de definir en el Congreso de la

Nación las políticas de Estado de nuestro país, sea del campo -como en este caso- o también de hidrocarburos.

Por el contrario, si seguimos delegando y renunciando a esta función que la Constitución y los ciudadanos nos dieron, seguramente la Argentina seguirá en este estado de enorme tristeza. Yo tengo mucha tristeza y me imagino que aunque estemos acá debatiendo y viendo quién gana esta votación, en realidad todos sabemos los apremios que está pasando el país y el estado de crispación, de angustia, de inseguridad con el que estamos viviendo todos. Me hago eco también de los ciudadanos, que realmente están muy angustiados; y creo que no nos merecemos vivir en este estado de zozobra.

Por eso voy a votar a favor de que el Congreso de la Nación recupere su poder y su responsabilidad como uno de los poderes de la Nación.