Las dos iniciativas principales que debatiremos hoy, tanto esta ley llamada de “Superpoderes”, como la de Delegación Facultades que son propias de este Congreso Nacional en el Poder Ejecutivo, tienen un núcleo común, una visión política similar.

Por eso quiero hacer una reflexión conjunta para las dos, aunque luego las analice en más detalle separadamente.

Ambos proyectos de ley se fundan en el concepto de que nosotros, los representantes del pueblo, los legisladores de la Nación, los Senadores y Diputados de este país, no estamos en condiciones de asumir la totalidad de las responsabilidades y funciones que nos  otorga la Constitución.

Ambas iniciativas se basan en el preconcepto, por no decir prejuicio, de que los legisladores de la Nación, no estamos en condiciones de hacernos cargo de la totalidad de las atribuciones, ni del mandato que depositaron en nosotros los ciudadanos y ciudadanas que nos votaron para ocupar estas honorables bancas.

¿Cuántas veces hemos oído decir: “el Congreso no trabaja”, “los legisladores son lentos?”

Estos proyectos se fundan en un razonamiento parecido, que  sería el siguiente: como nosotros, los legisladores, no tenemos ni la agilidad, ni la voluntad de trabajo, ni el buen criterio, y ahora leo de los fundamentos del proyecto de superpoderes que firman dos ministros, para “optimizar el uso de los recursos públicos” o “garantizar la gobernabilidad y la capacidad de respuesta del Estado en el marco de una crisis económica y social”, se nos insta a delegar, a cederle al Ejecutivo, que sería mucho más eficiente, algunas de las facultades esenciales que tenemos como Senadores de la Nación.

Se nos pide que deleguemos, que renunciemos, a cumplir acabadamente con lo estipulado en los dos artículos de la Constitución, el 75º y el 76º,  que conforman el Capítulo Cuarto que definen nuestras atribuciones.

Estos dos proyectos de ley pegan de lleno en el corazón de los dos únicos artículos que establecen nada menos que nuestras atribuciones y definen la esencia del poder del Poder Legislativo.

Veamos que dice este Capitulo Cuarto, “Atribuciones del Congreso”

El  Artículo 75º dice que Corresponde al Congreso

Inciso 1:

“Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación. ”

y el inciso 8 nos da la potestad de:

“Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

El Artículo 76º dice que “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.”

Se nos pide que renunciemos a facultades fundamentales y que violemos una prohibición clara y taxativa respecto de las delegaciones sin plazos, sin causas y en forma permanente.

Yo realmente no comprendo por qué si la Constitución Nacional considera que para definir el presupuesto nacional y sus modificaciones es necesario llevar adelante un proceso deliberativo por el cual  los que deciden, los que mandan, somos los legisladores (72 senadores y 257 diputados, elegidos por el pueblo, representantes de distintas regiones geográficas, visiones políticas, sectores sociales y económicos, de allí nuestra representatividad y riqueza) y no establece que sea el Presidente y su jefe de Gabinete quien lo haga ¿por qué nosotros, los Senadores de la Nación, vamos a renunciar a estas facultades y responsabilidades?

¡Estamos hablando del PODER que la Constitución nos otorga! ¿Vamos a renunciar a nuestro Poder frente al Poder del Presidente y sus ministros? ¿Por qué?

Si la Constitución hubiera querido establecer un proceso unipersonal de toma de decisiones en temas tan sensibles como la definición del presupuesto nacional y sus modificaciones, o la  fijación de tributos, como las retenciones, lo habría  hecho.

Pero no fue así, porque  nuestra Constitución republicana y liberal es sabia. Configuró un sistema donde el poder y la toma de decisiones están repartidos entre tres poderes diferenciados, pero equivalentes en cuanto a jerarquía, para evitar la concentración y el abuso de poder.

Delegar es no hacerse responsable.

Delegar es pensar que uno no es capaz de atender los temas urgentes con responsabilidad cuando el Poder Ejecutivo lo requiera.

Delegar es decir, después, cuando las cosas no funcionan, “yo no fui, fue Menem”, “fue De la Rua”. “Yo delegué: fue Cavallo, fue Duhalde, fue Kichner. Yo no fui”. “Yo delegué”.

La matriz delegativa es la base del hiperpresidencialismo, una concepción y praxis -a mi entender- errada de la democracia. Esta concepción cree que el Presidente sabe más, puede más y es más importante que los integrantes de los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial juntos. Es un resabio feudal, autoritario, personalista, de un poder que necesita estar por encima de los controles y de la necesaria rendición de cuentas propios de la democracia republicana.

Así se ha ido conformando en muchos países de Latinoamérica, los más inestables e imprevisibles por cierto, lo que el cientista político Guillermo O’Donnell denomina la democracia delegativa, por contraposición a la democracia representativa.

La delegación es un ABDICACION.

Por eso no voy a acompañar ni este proyecto de Superpoderes, ni el de la prórroga de la Delegación de Facultades.

No delegar facultades a ningún gobierno, ya sea propio o ajeno, ha sido la posición histórica del ARI, de la Coalición Cívica y de Elisa Carrió. Es una posición ideológica, política y también moral. Y es la que vamos a mantener.

Desde que Argentina y su dirigencia política eligieron este camino de leyes de excepción, emergencias, superpoderes y delegación de facultades, hace unos 20 años, nos hemos convertido en una democracia institucionalmente débil y en una sociedad mucho más desigual, injusta, corrupta y lo que es peor, desesperanzada.

Porque la concentración del poder conlleva necesariamente a la arbitrariedad y a la concentración de la riqueza.

Veamos qué ocurrió con los presupuestos que este Congreso debatió y votó desde el año 2004, con el uso y abuso de superpoderes, facultades delegadas y DNU para  modificar partidas y utilizar excedentes presupuestarios sin el control parlamentario correspondiente.

En la discusión pública aquí en el Congreso, en el año 2004, el Ejecutivo presentó y el Legislativo aprobó un presupuesto con un perfil netamente social.

El 68% del gasto estaba destinado a Servicios Sociales y 5,38% Servicios Económicos

¿Qué pasó con el presupuesto devengado?

Los servicios sociales se redujeron de 68% a 38%: la mitad; y los servicios económicos crecieron de 5% a 61%, crecieron 11 veces.

Lo mismo ocurrió en los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

Detallo el 2008:

Se aprobó un presupuesto nuevamente con un perfil social, 61%; y sólo 16% para servicios económicos.

Pero el presupuesto ejecutado modificó esto completamente.

El gasto en servicios sociales cayó de 61% a 41%; y el gasto en servicios económicos creció de 16% a 47%.

El Congreso debate y vota presupuestos de neto corte social; el Ejecutivo los redibuja y convierte en presupuestos para sus aliados políticos y empresarios amigos.

Por eso no vamos a hablar de porcentajes, si el 100 o el 5%, estamos hablando del modelo de gobierno que queremos y del tipo de sociedad en la que queremos vivir.

Estamos hablando de que las partidas que estén destinadas a educación o salud, no terminen financiando el agujero negro de Aerolíneas Argentinas o el futbol de Grondona, en un modelo cada vez más patético de dirigentes ricos que no pueden explicar sus declaraciones juradas en medio de una democracia y una sociedad cada vez más empobrecida.