“Nuestras emociones están allí para ser sentidas pero no para dominar nuestra vida porque, de hacerlo, se volverán tóxicas. Sanar nuestras emociones implica prepararse a uno mismo para liberarse de las emociones negativas y tóxicas que, en definitiva, no nos ayudan a encontrar una solución….”

Bernardo Stamateas

En el marco del ciclo “Meditaciones en el Senado de la Nación”, los espero el próximo viernes 18, entre las 13,00 hs. y las 15,00 hs.; en Hipólito Yrigoyen 1849, piso 1,  salón Illia.

Esta vez, el invitado será Bernardo Stamateas.

Bernardo es licenciado en Psicología, terapeuta familiar y sexólogo clínico. Autor de, entre otros, Autoboicot y  Nuevas oportunidades cuya temática es autoayuda y liderazgo. También escribió Resultados Extraordinarios, título que fue best seller en nuestro país.

Al finalizar sus estudios y después de una extensa pasantía en el Hospital de Clínicas, sintió que su vocación era “… ayudar a que la gente tenga mejor calidad de vida y a que alcance la paz espiritual”.

Stamateas es motivador del club Atlas. En los últimos meses presentó sus libros en Miami, España e Italia y ofrece conferencias en el exterior, siendo consultado por políticos y empresarios -sobre todo- de Estados Unidos.

La propuesta de su último libro, Emociones tóxicas, es otorgarle a cada emoción el verdadero significado que tiene. Las emociones no pueden ser controladas desde afuera sino que deben serlo desde adentro de nuestra vida. Vivir significa conocerse y ese conocimiento es el que nos permite relacionarnos con el otro y con nosotros mismos. Descubre herramientas para salir de la frustración, el enojo, el apego, la culpa, el rechazo y alcanzar la paz interior que anhelamos.

Les recuerdo que las vacantes son limitas. Muchas gracias.

Por favor, confirmen asistencia a los teléfonos 4010 - 5875 ó 4010 - 3000 (int. 3556/59).

En la última sesión del miércoles 2, la Senadora Estenssoro votó negativamente dos proyectos de ley (Ley de Democratización de la Representación Política,Transparencia y Equidad Electoral -Reforma Política- y la Ley en revisión por la que se crea el Ente Nacional de Alto Rendimiento -E.N.A.R.D.- que prevé un incremento del 1% de la factura mensual de los celulares que estará destinado a subsidiar a deportistas de alto rendimiento).

Se transcriben las versiones taquigráficas con los fundamentos de las votaciones.

Reforma electoral

“Señor presidente: nadie duda de que la Argentina, entre muchas otras cosas, necesita una reforma electoral y, además, una profunda reforma política que nos devuelva la esperanza a todos, a los ciudadanos, a las ciudadanas, pero también a nosotros, los políticos de la oposición y del oficialismo. Que nos devuelva la esperanza de vivir en una democracia en la que los ciudadanos puedan confiar en sus representantes y gobernantes, y donde vivamos en un clima de respeto, dignidad, justicia, paz y ecuanimidad. Uso especialmente esta palabra “ecuanimidad” porque creo que es un valor que nos está faltando en la Argentina, en toda la sociedad pero, particularmente, en el debate y en el accionar político. Y, sin ecuanimidad, la convivencia democrática es imposible.

“¿Qué significa ecuanimidad? Ser ecuánime significa ser justo, ser equilibrado. Ser objetivo e imparcial es más difícil porque el ser humano, por su naturaleza misma, es subjetivo. Pero sí podemos tratar de ser justos, de ponernos en el lugar del otro, de ser democráticos. ¿Qué significa ser democrático? Escuchar, considerar a todos, no tener un pensamiento exclusivo, elitista, excluyente, sino que, justamente, ser democrático es participar todos en condiciones iguales. Eso es ser ecuánime. Una característica importante de ecuanimidad es no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí, no hacer trampa, no violentar las reglas en mi beneficio o el de mi grupo, mi partido o mi gobierno. Eso es ser transparente, que es uno de los valores que quiere recuperar este proyecto de ley para el sistema político.

“Voy a llevar este concepto de ecuanimidad a algo que es más cercano a todos nosotros porque, realmente, creo que sin ella podemos hacer todas las leyes y las reformas, pero la Argentina va a seguir en un proceso de desconfianza y degradación muy grande. Y lo voy a llevar al ámbito de la familia, porque creo que en la democracia se entiende que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos, aunque lamentablemente no es así porque, cuando hay un 30 por ciento de población marginada o excluida, no todos tenemos los mismos derechos. Pero lo voy a llevar al ámbito de la familia.

“¿Qué hace un buen padre o una buena madre? Trata de ser justo, ecuánime con los hijos, no favorecer a unos por sobre otros, no manipular porque de lo que se trata es de mantener la buena convivencia familiar. Lo mismo le cabe a un gobernante, a un partido de gobierno y a los partidos de la oposición: ser ecuánimes, tratar de mantener esa convivencia civilizada y respetuosa. Y a este proyecto de reforma electoral, que tiene varias cosas positivas, le está faltando esa ecuanimidad no solamente en los contenidos sino en la manera en que se está llevando a cabo.

“El gobierno envió al Congreso de la Nación este proyecto. Muchos ya han hablado del título, que es una reforma bastante abarcativa, porque modifica el sistema electoral y, también, la norma sobre financiamiento de los partidos políticos, que tiene un título que encuentro muy loable: “Proyecto de ley para la Democratización de la Representación
Política, la Transparencia y la Equidad”. Algunos dijeron que es rimbombante. Yo creo que tanto las justificaciones del proyecto como el título son muy loables pero, después, empiezan las contradicciones.
Una contradicción es que un proyecto que entró el 28 de octubre a la Cámara de Diputados tenga que ser aprobado el 2 de diciembre —hoy— sin que le podamos hacer ninguna modificación; o sea, tenga que ser aprobado 26 días hábiles después por el Senado.

“Por ejemplo, el Senado no puede actuar como Cámara revisora. Esto no parece democrático ni transparente, porque la transparencia necesita tiempo para poder ver qué es lo que hay dentro de un proyecto que es muy largo y complejo. O sea, tampoco es muy transparente y, menos, equitativo si los senadores de la Nación no podemos hacer nuestros aportes y contribuciones.

“La semana pasada, tuvimos un incidente realmente lamentable. Me refiero a esa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se llamó de imprevisto, violando el acuerdo existente en el sentido de que este proyecto no se iba a tratar hasta marzo. En definitiva, se convocó a la comisión para dictaminar directamente y para escuchar solamente a los funcionarios del gobierno, no a expertos o a especialistas que podrían darnos su opinión. Solamente se convocó para escuchar a los funcionarios de gobierno que habían trabajado en el proyecto y dictaminar. Eso no parece muy democrático, ni muy transparente, ni muy equitativo.

“Aquí quiero reivindicar las audiencias públicas que hemos hecho en todos los otros temas —y este es un asunto muy importante— porque, además, de educarnos a nosotros, los legisladores, respecto de qué es lo que estamos tratando y escuchar a todo el abanico ideológico y técnico sobre los temas que estaban a nuestra consideración, estas audiencias públicas que hicimos en Salón Azul sirvieron para educar también a los ciudadanos y a las ciudadanas, al soberano. La democracia se trata no solamente de sancionar leyes sino de que cada vez más nuestro rol es el de educar al ciudadano para que pueda elegir, votar y cumplir su rol informadamente. Esa instancia se impidió, se soslayó. No parece muy democrático, ni transparente, ni equitativo.

“Más allá del deseo de la mayoría de los senadores del oficialismo, que habían acordado tratar este proyecto a partir de marzo, seguramente, vino una imposición de algún otro lado —de la Casa de Gobierno— diciendo que esto había que aprobarlo sin mover ni una coma antes del cambio parlamentario, o sea, antes de siete días. No estamos diciendo que va a haber un cambio parlamentario dentro de seis meses, como lo decíamos hace seis meses; ahora son solamente siete días. Esto había que sacarlo así, sin tener ningún consenso y sin considerar siquiera un acuerdo como sí habíamos tenido todos los partidos de la oposición.

“Así como se nos dice siempre que “en la oposición no nos podemos poner de acuerdo” después de las elecciones de 2007, que fueron muy convulsionadas, que mostraron una degradación del proceso electoral que no habíamos visto anteriormente, todos los partidos de la oposición nos juntamos, hicimos un foro electoral al que estuvo invitado el oficialismo —lamentablemente, no concurrió—, en donde nos pusimos de acuerdo respecto de la importancia de cambiar las boletas partidarias por la boleta única y, también, en poner en manos del Estado —ya no de los partidos— la responsabilidad del control de los comicios. En eso nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo puede ser que si el gobierno está llevando adelante una reforma electoral no considere un punto en el que todos los partidos de la oposición, que hoy representamos a 30 millones de argentinos, están de acuerdo? De los 40 millones de argentinos, hoy representamos a 30 millones. El oficialismo hoy es una minoría en la sociedad. Esto lo dijeron las elecciones y lo están diciendo las últimas encuestas.

“Las últimas encuestas muestran que el gobierno de Cristina Kirchner tiene una imagen positiva de entre 19 y 20 por ciento y un rechazo de entre 80 y 81 por ciento de la población. Entonces, no es que solamente están pasando por encima de los 35 senadores que hoy votemos en contra del proyecto; están pasando por encima de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas. ¿Es esto democrático, transparente y equitativo?

“Una reforma electoral y política tiene siempre un objetivo. Además del técnico, es el de restablecer o acrecentar la confianza de los ciudadanos en su democracia, en el proceso electoral, en el proceso político, en sus gobernantes y en sus representantes. Un proyecto que soslaya un punto importante de acuerdo entre toda la oposición, que va a tener solamente el acompañamiento de los legisladores del oficialismo y que pasa por encima de la opinión y los acuerdos de los representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado —de quienes representamos a 30 millones de argentinos— ¿creen que va a generar más confianza o más desconfianza? Se los pregunto de verdad.

“En estos seis meses, el oficialismo ganó muchas batallas en este Congreso; pero esas batallas, como dije recién, no se tradujeron en una mayor confianza de la población en el gobierno, que es lo que debería tratar de restablecer. Porque no es sano para nuestra democracia que gobierne solamente con el apoyo del 20 por ciento de la sociedad.
Si esta reforma electoral se hubiera hecho con la incorporación de las sugerencias que se hicieron desde la oposición, seguramente habría servido para restablecer credibilidad y confianza en el gobierno y en la democracia. En estos meses, el Congreso de la Nación es una burbuja; esperemos que cambie a partir de la semana próxima. Las batallas que se ganan aquí se están perdiendo afuera y la gente está muy desesperanzada, muy angustiada.

“Un día, el senador Pichetto, cuando discutíamos en comisión, en audiencia pública, la ley de medios, me dijo: “Senadora Estenssoro: se ve que usted no sabe lo que es ser partido de gobierno”. No creo que ser partido de gobierno sea tener a la enorme mayoría de los argentinos tristes, angustiados y desesperanzados, pensando que sus gobernantes y sus representantes viven en una burbuja.

“Si el gobierno hubiera permitido que este proyecto se tratara en el mes de marzo, con la nueva composición del Senado de la Nación, estoy segura de que habríamos podido acordar entre todos un proyecto basado en los tres principios rectores de este proyecto pero con algunas modificaciones e inclusiones fundamentales; hoy, estos olvidos u omisiones lo hacen, a nuestro juicio, inviable.

“Una de las coincidencias son las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Hay un acuerdo mayoritario, no tal vez como una solución permanente pero sí para salir de la situación en la que estamos. Al respecto, podríamos haber acordado en un sistema de primarias. También coincidimos en el financiamiento público mayor de las campañas electorales. Ahí creo que hubiéramos podido llegar a acuerdos. Y el otro principio fundamental de esta propuesta gubernamental son algunos requisitos mayores para no tener esa enorme fragmentación y atomización partidarias. Nos podríamos haber puesto de acuerdo en esos tres pilares de esta reforma. Sin embargo, hay algunas cosas que faltan —la mayoría de los que han hablado lo han señalado y yo también lo voy a hacer— o cambios que habría que hacer a estos tres ejes de la reforma que, si los hubiéramos incluido, habríamos podido acordar una reforma que le sirviera a la política y no solamente a quienes la pensaron.

“El argentino Daniel Sobato, especialista internacional en reforma política, en reformas electorales y en financiamiento de la política, dice en uno de sus trabajos que la reforma política debe ser el resultado de un proceso basado en el diálogo y el consenso. Es importantísimo no sólo discutir acerca del para qué —los objetivos de la reforma— y de qué —los contenidos— sino también acerca de los cómo —los procedimientos y los tiempos—. En ese sentido, esto se ha pasado totalmente por alto. No estamos de acuerdo en el para qué, en el qué, en el cómo ni en los tiempos. Entonces, esto es una reforma que ya va a salir renga o herida. Muchos de los temas que se plantean en este proyecto provienen de la reforma mexicana que comenzó en 1997 y que permitió ir de un régimen de partido único a la alternancia. Ese fue el primer objetivo que se plantearon los mexicanos —y lo lograron—, gracias al acuerdo de los distintos partidos. En 2006, a pesar de las reformas políticas que llevaron adelante, tuvieron un serio problema, por lo que debieron encontrar el consenso. Entonces, armaron una mesa de negociación para la reforma electoral y política en el Congreso de la Nación, que es donde estos acuerdos se deben hacer. Por lo tanto, resulta curioso que se tomen muchas cosas del proyecto mexicano —por ejemplo, la financiación estatal de la publicidad audiovisual— y que no se tomen en cuenta los procedimientos.

“Quienes estamos aquí sentados sabemos de ciencias políticas, de filosofía política, nos gusta el conocimiento, nos informamos y sabemos que el procedimiento, la forma, hace al contenido. Entonces, soslayar estas cosas no parece ser una omisión.

“Respecto de algunas consideraciones específicas, las internas abiertas y simultáneas pueden ser en la situación actual de la Argentina una buena herramienta para determinar cómo se definen las candidaturas. Ahora bien, esta herramienta no fortalece a los partidos políticos, los debilita. Esto es importante que lo señalemos, porque quienes tienen más posibilidad de ganar estas internas no son quienes militan dentro de los partidos sino quienes tienen más figuración en los medios de comunicación. Asimismo, los afiliados que trabajan dentro de un partido y los militantes, después, ven que sus candidatos pueden ser los que no van a ser votados. Por consiguiente, debemos saber que esta herramienta no favorece ni fortalece a los partidos políticos.

“Por otra parte, hay un problema muy serio y es el modo en que están presentadas estas internas abiertas y obligatorias. Sinceramente, no conozco antecedentes en otros países. En los Estados Unidos, las primarias son cada cuatro años, no cada dos, y sólo para el candidato o la candidata a la presidencia de la Nación. No es para los senadores o los diputados ni cada dos años.

“Ese no es un dato menor. Por ejemplo, Obama pudo ofrecerle a uno de sus contrincantes dentro del Partido Demócrata ser el vicepresidente de la Nación. Si bien pelearon en las primarias, después, el partido se podía unificar. Incluso, se dijo que Obama le ofrecería la vicepresidencia a Hillary Clinton para después ser el partido de gobierno un partido unido otra vez. Acá eso no se puede dar, porque se elige la fórmula presidencial junto con toda la lista de candidatos a diputados y a senadores. En consecuencia, el que ganó se lleva todo y el que perdió, tiene que esperar cuatro años.

“En el Uruguay, sucede lo mismo. Cada cinco años hay internas abiertas, simultáneas y obligatorias, pero solamente para presidente. Por eso, Mujica le pudo ofrecer a Astori, su rival, ser su vicepresidente. Evidentemente, quienes hicieron y diseñaron la propuesta del gobierno es gente que conoce estos temas. Por lo tanto, no nos tenemos que engañar poniendo títulos parecidos a lo que funciona bien en estos países, pero, en realidad, adentro hay otra cosa. Esto no es menor.

“Por otra parte, cabe destacar que cada dieciocho meses podemos tener internas abiertas y simultáneas, pero, después, los candidatos que salgan victoriosos pueden no asumir, ya que nada se dice en este proyecto de las candidaturas testimoniales. Entonces, vamos a hacer todo este proceso para dotar de mayor transparencia a la política y demás pero, luego, los candidatos ganadores —sean gobernadores, intendentes, etcétera— pueden no asumir, porque uno de los graves problemas que ha desacreditado a la política de la Argentina de ahora, de anteayer y de hace seis meses no se cambió. ¿Cómo vamos a someter a la sociedad a elecciones cada dieciocho meses en un proceso así de complejo si no decimos nada acerca de que los candidatos que son electos tienen que asumir? ¿Esto puede ser un olvido menor? Realmente, esta es una pregunta para el senador Fernández. Me gustaría que me contesten por qué no se puso esto.

“Todos los diarios informan —y acá se han leído los nombres— que sólo en la provincia de Buenos Aires hay treinta candidatos que ganaron las elecciones y que no van a asumir. Si estamos frente a esa situación tan grave, ¿por qué en este proyecto, que establece estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no se incluyó el tema de las candidaturas testimoniales? Me gustaría que, después, el miembro informante me dé una respuesta no sólo a mí sino a la sociedad.

“Respecto de la boleta única, quiero leer lo que dijo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que visitó la Argentina en 2007 para observar las elecciones. Elaboró un informe sobre lo que vio e hizo los siguientes comentarios: apertura tardía de las mesas de votación; en varios centros de votación, las condiciones no eran las adecuadas; deficiencias en materia de iluminación, espacio y seguridad; largas filas en los centros de votación y aglomeraciones; llamó la atención que las mesas de votación sólo tuvieran una autoridad electoral; se constató que el nivel de conocimiento de las autoridades de mesa no era homogéneo; constatación de faltante de boletas en repetidas ocasiones; no se observaron centros de información para el votante; la inexistencia de padrón fotográfico. Por supuesto, nada de eso subsana esta reforma electoral.

“En el mismo sentido, la Cámara Nacional Electoral, mediante una acordada extraordinaria, comunicó que en reiteradas oportunidades resaltó la necesidad de que se estudiasen posibles adecuaciones normativas que fortalecieran la calidad y la transparencia de los procesos electorales y evitaran la reiteración de situaciones como las vividas en 2007. Concluye manifestando que lamentablemente, los partidos políticos no han atendido estos requerimientos.

“La boleta única —que pone no en manos de los partidos políticos sino del Estado el control del comicio, de las mesas, de las boletas, de todo— es una solución que ha adoptado la totalidad del continente americano, salvo el Brasil, que tiene el voto electrónico, y el Uruguay, que es un país chiquito, de sólo tres millones de personas. Nosotros somos cuarenta millones de habitantes, entonces es mucho más fácil el sistema del Uruguay que el nuestro. A pesar de todos estos antecedentes, este tema fundamental no se consideró en el proyecto.

“Por otra parte, desde hace mucho tiempo —y en esto también tenemos coincidencias—, la Coalición Cívica sostiene que el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales debería ser público. Efectivamente, no nos gusta ver que el dinero de los medicamentos truchos, de la efedrina, de las valijas de Venezuela, de la droga, del narcotráfico y del juego se mezclen con las campañas políticas, porque eso sí que no es equitativo.

“Hablamos de financiamiento estatal y no que sea el partido del gobierno, representado por el Ministerio del Interior, quien tenga que dar los espacios y el dinero, porque sabemos qué va a ocurrir. Hoy lo dijo el senador Marino, cuando comentó lo que sucede en su provincia con el canal público, donde lo proscriben. Van a proscribir a los miembros de la oposición y darán tarde el dinero para las boletas, como pasa habitualmente; tarde el dinero del financiamiento. Entones, acá se mezcla —y no es un dato menor— lo público con lo estatal.

“El proyecto oficial no considera un cambio enorme que hubo, por ejemplo, en la reforma mexicana, del Instituto Federal Electoral. O, como solicitó la oposición —quienes fueron al diálogo con el gobierno—, que fuera la Cámara Nacional Electoral quien se hiciera cargo de todo este tema. Esta no es una omisión menor, porque si queremos igualdad de oportunidades y garantías para todos, hacer que sea un organismo público estatal pero no del partido gobernante le hubiera sumado muchísima credibilidad a esta reforma y hubiera sido un paso adelante; así no.

“Respecto de regulaciones para evitar la fragmentación de los partidos, no parece serio que se pongan las afiliaciones como la medida para evaluar qué partidos pueden participar en este proceso o no. ¿Por qué? Porque sabemos que, en la Argentina, existe un mercado de compraventa de afiliaciones que es muy conocido —especialmente, por los partidos más grandes—, que los sellos de goma abundan y que si la afiliación iba a ser el criterio, tendría que haber un proceso de reempadronamiento a cargo del Estado, no del afiliado. Eso lo tiene que controlar el Estado. Entonces, no es serio este sistema que parece que lo único que quiere hacer es poner barreras a los competidores pequeños para que no puedan seguir participando.

“Quiero señalar cuál es el contexto en el que se da esta reforma electoral. Porque, como decía al principio, si no cambiamos los valores de la política, no habrá ley que podamos votar en este Congreso que sea un cambio sustancial. Como decían acá, un tema es el de las candidaturas testimoniales. Ahora estamos viendo la cantidad de personas que no va a asumir. El otro tema es cómo se usan los fondos públicos. Acá hay una noticia de esta semana referida a cómo el gobierno redobló este año el reparto de ATN para los aliados; para los que ya no son aliados, como la provincia del Chubut, ahora ya no hay ATN. Entonces, ¿los espacios de publicidad van a ser repartidos equitativamente o a los que no estamos con el gobierno nos van a mandar a las dos de la mañana y a los que están con el oficialismo en los horarios premium? ¿Cómo va a ser? Porque acá, lo gubernamental y lo estatal no está muy claro.

“Estamos debatiendo este proyecto de ley cuando al señor Zanola lo llevan preso por los medicamentos truchos; por todo este negociado de los medicamentos y de la efedrina, que fueron los principales aportantes al Frente para la Victoria en el año 2007. ¿Con qué credibilidad? ¿Cómo vamos a pensar que la propaganda oficial —el gobierno se va a restringir por quince días pero la podrá usar de cualquier manera— no será una desventaja competitiva para todo el arco opositor? Debo destacar que ahora, en el nuevo organismo de medios audiovisuales, el gobierno nomina al gobernador Capitanich para que integre este ente público que tendría que ser autónomo, no politizado. Este es el contexto…

“La última pregunta es cuánta pobreza resiste la democracia por más reformas electorales que hagamos. Porque si el treinta o el veinte por ciento de la población, que es donde piensa ganar las elecciones el gobierno —el Frente para la Victoria— tiene que seguir intercambiando su voto por un plan, que todavía no son universales, y mientras sigamos teniendo listas de pobres como la que está armando ahora la ANSeS, no estamos ante una forma de gobierno realmente democrática, transparente y equitativa.

“Creo que estamos perdiendo; la sociedad en su conjunto y, sobre todo, el gobierno, que cree que gana porque gana estas batallas aquí, en estos pequeños recintos, pero las está perdiendo en la sociedad. El gobierno ha perdido una gran oportunidad de empezar a restablecer la credibilidad no en el sistema político sino en el gobierno. Lo que se ha perdido en la Argentina es principalmente la credibilidad en este gobierno. Nosotros, desde la oposición, si hubiéramos podido mejorar este proyecto aquí, en el Senado de la Nación, como Cámara revisora, en marzo, podríamos haber empezado un nuevo período parlamentario con una reforma electoral que hubiera sido la base para otro tipo de convivencia democrática.”

Incremento del 1% de la factura mensual de los celulares

“Señor presidente: yo quiero anticipar mi voto negativo, no porque esté en contra de que el Estado apoye y financie a los deportistas tanto de las competencias olímpicas como de otras competencias internacionales en que muchísimas veces —lo sé porque como periodista he cubierto este tipo de actividades— las familias de los deportistas argentinos son las que los financian para llegar, sino porque creo que este impuesto que se quiere imponer es terriblemente regresivo. Los sectores populares que no cuentan con una infraestructura estatal para actividades deportivas y recreativas son los que van a financiar a este ente con este impuesto a la telefonía móvil.

“Me parece que hay un gran conflicto de intereses, dado que el presidente de este ente va a ser el presidente de Telefónica, o sea, va a ser el cobrador del impuesto y el director del ente y se va a beneficiar con este nuevo impuesto.

“Mi posición está en sintonía con lo que sostuve cuando se votó el impuesto a los productos electrónicos de Tierra del Fuego, y no porque no queríamos apoyar a Tierra del Fuego sino porque esa política de gravar a las nuevas tecnologías —o sea, a las tarifas, a los aparatos— como si fueran bienes suntuarios, nos alejan cada vez más de pensar a las nuevas tecnologías como herramientas de justicia social, que es lo que son, y no bienes suntuarios.

“Justamente después de la sesión de la semana, el miércoles, la presidenta Cristina Kirchner le dio a la fundación Equidad, que presido y que fundé con un grupo de gente hace diez años, el premio Sadosky de Oro en reconocimiento a la tarea que hacemos para llevar las nuevas tecnologías a los sectores populares.

“Este impuesto es regresivo. Tenemos que buscar otra manera de financiar el deporte de alto rendimiento. Este impuesto va en contra de los sectores populares. Por eso lamento tener que oponerme. Este es un capitalismo de amigos en que se cobra a todos en lugar de a las empresas telefónicas. Que las empresas privatizadas tengan una política de mecenazgo; podrían subsidiar a través de una política de mecenazgo el deporte de alto rendimiento, porque después van a poner su publicidad. Estas empresas tendrían que crear un fondo y no que sea la población en general quien los subsidie a ellas.

“Por otro lado, las telefónicas no han integrado desde 2000 el fondo de servicio universal de la telefonía. Por eso es que, en vez de que el ciento por ciento de los hogares de la Argentina tengan telefonía fija e Internet, sólo el 24 por ciento tiene telefonía fija y, en las provincias del Norte, sólo un 11 por ciento. El señor Werthein tendría que poner plata y no que todos los sectores, especialmente los populares, tengan que financiar algo que los va a beneficiar muchísimo. Este no es el tipo de capitalismo hacia futuro que me gustaría ver en la Argentina.”

Fundación Equidad fue doblemente reconocida: con el Sadosky de Oro 2009 y una distinción al mejor proyecto informático que contribuye a disminuir la brecha digital.

En una ceremonia con la participación de la Presidenta Fernández de Kirchner y ante más de 600 funcionarios, empresarios, académicos y representantes del sector tecnológico; la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), distinguió a la Fundación Compañía Social Equidad con el Premio Sadosky de Oro 2009 por la tarea que realizamos para la integración social de las nuevas tecnologías en la educación del país.

Equidad también recibió un reconocimiento en la categoría “Proyecto Informático – Brecha Digital” que premia al equipo de trabajo que contenga la mejor combinación de innovación tecnológica, calidad y valor agregado para la sociedad con el objetivo de reducir la brecha digital.

El premio Sadosky de Oro -homenaje al científico argentino Manuel Sadosky- se otorga al mayor referente de la inteligencia argentina del año de la Industria IT. Este año, entre 58 participantes, la CESSI premió a la Fundación por el trabajo y el impacto de nuestros proyectos desarrollados durante casi 9 años.

Durante la cena anual, la Presidenta entregó 12 galardones en distintas categorías a empresas, escuelas, universidades, emprendedores, inversores e instituciones públicas y sociales relacionados con la industria de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Desde sus inicios, en 2001, Equidad creó 14 centros digitales en 7 provincias del país que brindan alfabetización digital y acceso a Internet a 12.000 personas de escasos recursos.

Conectamos la primera escuela rural a Internet vía satélite en la localidad de Manzano Amargo, Neuquén; equipamos 690 escuelas y 245 organizaciones sociales argentinas con 5.626 computadoras reacondicionadas y dimos acceso a 240.000 alumnos, 10.800 docentes y directivos y 20.000 beneficiarios directos de las organizaciones comunitarias.

Actualmente, Equidad reacondiciona 2.000 computadoras Pentium III con 6 meses de garantía al año, con licencias legales cedidas por Microsoft Argentina que donamos a escuelas y organizaciones sociales que presentan proyectos inspiradores y demostrativos de cómo la tecnología puede incluir e igualar oportunidades sociales.

CESSI considera necesario premiar a aquellas personalidades, entidades y empresas que han logrado relevantes avances para el sector de IT y es en este ámbito que se instituye el “Premio a la Inteligencia Argentina”.

Nuestro deseo es que los programas pioneros que realizamos en todo el país en favor de la integración tecnológica y educativa de los sectores más vulnerables sean replicados en forma universal como políticas de Estado. Sólo con Internet y educación de calidad para todos cumpliremos con el anhelo de Justicia Social en el Siglo XXI.

Para ver video con comentarios de M.E. Estenssoro sobre los premios obtenidos por Equidad y su importancia para nuestro país, por favor haga click aquí.

“El otro es la manifestación del espíritu creador, que me convoca a integrar su diferencia a la mía, para sumar y hacer exponencial la capacidad de ambos en un encuentro que no nos confunde, anula o superpone, sino que nos propone celebrar la diferencia como común unidad de la familia humana…”

Sergio Bergman

El próximo viernes 27, entre las 11,00 hs. y las 13,30 hs., los invito a participar en el ciclo “Meditaciones en el Senado de la Nación”, que tendrá lugar en el salón Illia sito en Hipólito Yrigoyen 1849; piso 1.

Durante el encuentro tendremos oportunidad de escuchar al Rabino Sergio Bergman, quien recientemente presentó su último libro “Celebrar la Diferencia. Unidad en la Diversidad”.

Bergman es egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Recibió su ordenación rabínica en 1992, egresando del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer de Buenos Aires y del Hebrew Union College de Jerusalén.

También es asesor y consultor de muchas comunidades y sociedades israelitas.

En 1994 regresó a la Argentina y, a través de la Fundación Judaica, creó la escuela comunitaria Arlene Fern. Fue uno de los fundadores y miembro de Memoria Activa.

Bergman realizó distintos cursos de postgrado: Master en Educación, graduado Suma Cum Laude, en la Universidad Hebrea de Jerusalén; Master en Literatura Rabínica en el Hebrew Union College; y Master en Estudios Judaicos en el Jewish Theological Seminary.

Entre los premios obtenidos están: Premio Konex 2008 al Dirigente Comunitario; Premio Laurel de Plata 2007 otorgado por el Rotary Club de Buenos Aires; Premio 2007 a la Vocación Académica otorgado por la Fundación El Libro y Premio 2006 al Emprendedor Solidario otorgado por el Foro Ecuménico Social.

Las vacantes son limitadas. Los espero.

Por favor, confirmar asistencia a los teléfonos 4010 - 5875 ó 4010 - 3000 (int. 3556/59).

En la sesión del último miércoles se trató el proyecto relativo a los procedimientos necesarios para obtener ADN que había sido tratado sin la discusión necesaria en las comisiones que hubiera correspondido.

El texto que se aprobó cuenta con ciertas imprecisiones tales como permitir al juez la posibilidad de “ordenar la obtención de ADN del imputado, o de otra persona cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación”, es decir, que no se especifica en qué casos se aplicaría, mediante qué procedimientos, ni quiénes llevarán a cabo los “registros domiciliarios o la requisa personal”.

Considero que una de las causas más nobles -la lucha por la recuperación de niños apropiados durante la última dictadura militar que encabezaron desde entonces las Abuelas de Plaza de Mayo- debe contar con el intercambio parlamentario suficiente que permita construir óptimas herramientas.

Contrariamente a lo publicado por los medios, mi voto fue negativo.

Ni en la Cámara de Diputados ni el Senado se dio al proyecto el tratamiento que merece. En la cámara revisora (el Senado) sólo se trató en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y no tuvimos la posibilidad de intercambiar opiniones en la comisión de Derechos y Garantías que integro.

Así como expusieron los legisladores del ARI CC en la Cámara de Diputados y como sostuve en la sesión, estamos convencidos de que hay que perseguir los crímenes de lesa humanidad. Debe haber justicia, verdad y castigo a los culpables.

A continuación, transcribo mi exposición durante la sesión:

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro.— Señor presidente: el largo y rico debate que hemos tenido —que ya lleva más de tres horas— respecto de estos tres proyectos demuestra que es delicado legislar y mejorar, aún más, la legislación argentina, con el afán de reparar el daño provocado a miles de familias y personas —es decir, al conjunto de la sociedad— afectadas por la brutal dictadura de los años ‘70. Se trató, además, de un debate respetuoso, durante el cual nos hemos escuchado y ha habido preguntas. En consecuencia, ese ida y vuelta muestra cómo, realmente, queremos entender la visión del otro, y mejorar las instituciones y las leyes vigentes.

Eso demuestra que no se pueden analizar estos temas en blanco y negro y que, más bien, deberíamos analizar lo que estas tres iniciativas presentan para asegurarnos de que estamos mejorando la legislación y las instituciones vigentes y no desandando el camino recorrido.

Cuando comenzó este debate a eso de las 17, el doctor Adolfo Pérez Esquivel —Premio Nobel de la Paz de la Argentina y, además, un gran defensor de los derechos humanos— y la doctora Rodríguez Cardozo —actual directora del Banco Nacional de Datos Genéticos— estaban en una reunión con el juez Zaffaroni en virtud de su preocupación por la posibilidad de que el Banco pase a la órbita del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, querían ponerlo en autos acerca de esa situación.

Asimismo, creo importante señalar —ya se ha expresado— que llama la atención que el personal que hace veintidós años construyó el Banco Nacional de Datos Genéticos no haya sido convocado al Senado de la Nación para brindarnos su opinión sobre un tema fundamental. Hay que tener en cuenta que ese personal nos distingue como argentinos. Nuestro país ha visto en las últimas décadas que muchas de las instituciones y organismos del Estado se han ido degradando; al respecto, muchos organismos e instituciones que hace décadas funcionaban muy bien, hoy no son lo mismo. Sin embargo, y en ese mismo período, un grupo pequeño de aproximadamente treinta personas construyó una institución que es un faro no solamente para el Estado y la sociedad argentina, sino también para el mundo. En consecuencia —reitero—, llama la atención que ni su ex directora —la doctora Di Leonardo—, ni su actual directora, ni los miembros de organismos hayan sido convocados para explicar los motivos por los que creen que es inconveniente que el Banco de Datos Genéticos pase a la órbita del Poder Ejecutivo nacional. Si el proyecto de ley referido al banco genético se aprueba, los 33 miembros que integran este organismo que funciona dentro del Hospital Durand no van a integrar el banco genético que funcione dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que es importante saber eso, porque esta institución funciona gracias al conocimiento que han construido las personas que allí trabajan con su propio esfuerzo.

Tal vez, no todo el mundo sabe que la genética forense es una disciplina que aún no está muy desarrollada ni en las universidades argentinas ni en el CONICET. Este personal se ha formado a través de cursos que ha costeado con sus propios medios en el extranjero: concretamente, en la Asociación Internacional de Genética Forense y en el FBI, donde se vienen actualizando desde hace mucho tiempo. Así que si estas personas no siguen en este banco no va a ser tan fácil contar con un cuerpo técnico especializado de esta calidad, que fue precisamente lo que ha asegurado que se plasmara el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y el mandato que el doctor Raúl Alfonsín le dio a la CONADEP. Todo esto no hubiera sido posible sin la participación de este personal científico y técnico que contribuyó a la construcción de esta institución.

En ese sentido, quiero leer una carta que enviaron la doctora Rodríguez Cardozo y todo el personal de la institución a la Cámara de Diputados el 3 de noviembre de 2009, fecha en que comenzó a tratarse este tema. Allí se dice que esa Dirección tomó conocimiento de la presentación de este proyecto por Internet y que por eso se permite hacer una serie de sugerencias que considera importante. Realmente, que se haya enterado por Internet y que no hubiera habido una consulta previa en la elaboración del proyecto también es bastante llamativo.

En dicha carta, agregan que ese grupo considera que no es apropiado que el Banco Nacional de Datos Genéticos se circunscriba solamente a los crímenes de lesa humanidad porque dejaría desprotegidos a los demás habitantes de la Nación que hoy reciben servicios de este tipo, como son todos los casos de filiación de identidad, además de los casos de delitos complejos que también atiende este Banco. Porque al restringir su competencia, quedaría desprotegida una gran parte o la mayoría de los habitantes de la Argentina, quienes no podrían contar con estos servicios en ningún otro lado porque no hay ninguna otra institución que los preste.

Además, la doctora Rodríguez Cardozo también dice que considera que debe someterse a una importante evaluación el hecho de que el Banco Nacional de Datos Genéticos pase a la órbita del Poder Ejecutivo, principal querellante por la naturaleza del delito en las causas de lesa humanidad y, por lo tanto, el perito oficial debe ser independiente de la querella. Agrega que no puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo pues eso afectaría el requisito esencial del peritaje, que es la imparcialidad, señalando que de tener que depender de uno de los poderes, debería estar bajo la órbita de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otro lado, la misma doctora informa que ese grupo de trabajo de 33 personas, formado por un equipo interdisciplinario que incluye profesionales, técnicos de laboratorio y personal administrativo, no se trasladará al Poder Ejecutivo nacional bajo ningún concepto y sólo accederá a continuar en sus funciones si se efectivizara el pase como personal de planta de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que es importante tener conocimiento de esta carta.

Creo que otra cosa que hubiera enriquecido el proceso de definición de este tema es que hubiéramos tenido, como pidió también Adolfo Pérez Esquivel en la carta leída por el señor senador Petcoff Naidenoff, una audiencia pública en el Senado de la Nación. En ese sentido, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, señalo que también hubiera sido muy importante que este tema se debatiera en dicha comisión o que en la audiencia pública también estuvieran representados sus miembros. Porque como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, me hubiera gustado muchísimo convocar a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que este banco depende de esa jurisdicción y ha sido financiado y equipado principalmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que como se dijo, durante estos veintidós años solamente ha pagado los reactivos en los casos de delitos de lesa humanidad. Pero el equipamiento, el mantenimiento del personal y todo lo demás, ha sido financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, llama poderosamente la atención que ningún funcionario del gobierno de la Ciudad se haya pronunciado sobre este tema, ni haya respondido a los requerimientos y pedidos de los integrantes del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Me hubiera gustado hacer muchas preguntas aquí, en el Senado de la Nación, acerca de esa ausencia, ya que parte del proyecto implica una apropiación por parte del gobierno nacional de un recurso de la ciudad. Por eso, creo que los funcionarios del gobierno de la Ciudad están permitiendo que esto ocurra, sin decir una sola palabra.

También me hubiera gustado convocar a jóvenes que, efectivamente, han querido conocer su identidad, para que ellos nos contaran la importancia de conocer la verdad y para que nos explicaran cómo esa situación les ha restituido cierta armonía e integridad en sus vidas.

Asimismo, nos hubiera gustado escuchar a los jóvenes que hoy tienen treinta años y un poquito más, para que nos explicaran por qué consideran que esto sería un daño y un perjuicio mayor, aun cuando ellos sospechen que son hijos de desaparecidos.

Creo que hubiera sido muy importante escuchar a todas las partes involucradas en estos temas tan delicados, aquí en el Senado de la Nación.

Dicho esto y para ir redondeando mi exposición, quiero decir que la Coalición Cívica y el ARI valoran enormemente el trabajo que se ha realizado no sólo en estos veintiséis años de democracia, sino desde mucho antes, en plena dictadura, cuando pocos argentinos arriesgaban su vida para investigar y hacer conocer estos temas y defender los derechos humanos de familias y de personas que estaban siendo desaparecidas y violentadas por el propio Estado nacional.

En ese sentido, tanto la labor de “Chicha” Mariani como de Estela Carlotto, y de las Abuelas de Plaza de Mayo, realmente constituye un símbolo de construcción de ciudadanía, de verdad y de justicia en la Argentina.

Así como dijo el señor senador Filmus que hubo una época, ya en democracia, en el que gran parte de la sociedad quiso dar vuelta la página sin que se siguiera investigando lo que había pasado y se llegara a la verdad y a la justicia, quiero señalar que en 1994, cuando se produjo la reforma constitucional, fue Elisa Carrió quien efectuó la propuesta de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución. Ello permitió, luego, que se reabrieran las causas y que cayeran las leyes de obediencia debida y punto final.

Además, hasta 2003, tanto Elisa Carrió como Patricia Walsh —quien es autora de los proyectos de nulidad de obediencia debida y punto final—, durante muchos meses pidieron sesiones especiales para derogar esas leyes de impunidad. Sin embargo, eran muy pocos los diputados que bajaban al recinto para considerar dichas iniciativas. Por eso, ellas estuvieron durante años pidiendo la nulidad de esas leyes del olvido, casi en soledad.

O sea que esta causa constituye un compromiso del ARI y de la Coalición Cívica desde siempre.

Pero es un error sacar el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand y transferirlo a la órbita del Poder Ejecutivo nacional, porque este centro referencial de asesoramiento jurídico hoy está en una órbita neutral, imparcial, y en una institución científico médica —como es el Hospital Durand—, que tiene estrictos protocolos científico médicos y que, además, ha demostrado una probada excelencia científica y ética, lo cual es fundamental para que estos casos lleguen a buen puerto. En cambio, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología no se requiere el mismo rigor científico. Y, además, éste no tiene la neutralidad política que un banco de esta naturaleza debería tener.

Además, va a estar sujeto a los vaivenes electorales, a los cambios ideológicos y a la visión sobre los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que tengan los distintos gobiernos cuando cambien cada cuatro u ocho años.

Además, el artículo 19 del proyecto dice que el director y los subdirectores serán nombrados por cuatro años y pueden ser reelegidos por cuatro años más. Pero eso también le da una gran inestabilidad y un condicionamiento político que no le hace bien a este banco de datos.

El artículo 5/ dice que tiene que garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de los datos sensibles y la adecuada cadena de custodia. Por ejemplo, la doctora Rodríguez Cardozo dice que es difícil cuando va a haber tanta rotación de directores. La inestabilidad en los cargos de organismos que tienen que tener autonomía y autarquía, es uno de los problemas de la mayoría de los organismos públicos hoy en el Estado nacional. Y este proyecto le va a quitar la estabilidad que tuvo.

La primera directora y su fundadora, la doctora Di Lonardo, estuvo veintidós años en el cargo, y la mayoría del personal ha estado desde el nacimiento. Eso le ha dado la solvencia técnica y la independencia política que creo que permitió llegar a estos resultados tan buenos.

Ya lo han dicho aquí varios senadores, pero resalto las palabras de los señores senadores Escudero y Cabanchik. ¿Por qué desmantelar una institución que funciona tan bien, y por qué no crear tal vez un Banco específico para los casos de violaciones de derechos humanos y apropiación de niños específicamente en el Poder Ejecutivo nacional, pero uno nuevo, sin desmantelar el que existe?

Es decir, crear uno nuevo, pero permitir que quede este Banco de Datos Genéticos para los casos de filiación, de búsqueda de identidad y también para los casos de delitos complejos, como puede ser violaciones u otros. Porque el Banco de Datos va a transferir al Poder Ejecutivo la totalidad de la información y, como ya han dicho anteriormente, de las dieciocho mil muestras que obran en el Banco solamente siete u ocho mil tienen que ver con casos de lesa humanidad.

Además, la aparatología ha sido financiada por el gobierno de la ciudad; y para el gobierno nacional —según me han dicho— este Banco tiene un costo total entre aparatos y material de 2 millones de dólares, es decir que no le costaría casi nada al crear uno nuevo, específicamente para estos temas, sin desmantelar el existente.

En el proceso de transición, el artículo 28 dice que todos los bienes y datos del Banco actual estarán afectados y continuarán siéndolo al fin que tienen que cumplir y que el Banco tendrá que funcionar normalmente. Pero es difícil que eso ocurra si esta norma se sanciona, por el desconcierto y la insatisfacción del personal que tiene que llevar adelante las investigaciones.

Por lo tanto, creo que esta decisión, en lugar de mejorar la legislación y una de las instituciones pilares que ha permitido recuperar casi cien hijos y/o nietos de desaparecidos, podría significar que en el futuro tengamos problemas para que esto siga sucediendo.

Además, acá hay un problema serio, ya que por reparar un daño podemos causar otro peor. La politización que el pase a la órbita del Poder Ejecutivo puede ocasionar, podría llevar a la manipulación y sustitución de identidad si no se continúa con el rigor científico. En este sentido, quiero dar un caso muy concreto. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema está intervenido y la doctora Argibay Molina es quien lo preside actualmente.

Cuando la Corte Suprema no era independiente y era adicta, dentro del Cuerpo Médico Forense se comprobó que se había estado haciendo manipulación de los patrones genéticos. Eso puede llegar a ocurrir si el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand no sigue contando con el mismo rigor científico y no continúa en un ámbito neutral. Por lo tanto, creo que es importante que sepamos todo esto.

Hay muchos otros casos en los que el Banco de Datos Genéticos ha trabajado, como por ejemplo la identificación de aviadores de la Guerra de Malvinas, cuyos restos óseos estaban en una vitrina en las Islas Malvinas. También ha tenido participación en los casos de N.N. caídos en la toma del regimiento de La Tablada; en el crimen de la joven Mara Matheu, en Santa Teresita; y en el asesinato de una chica en Cipoletti.

En efecto, hay muchísimos casos en los que interviene este Banco Genético y no son de lesa humanidad. Por lo tanto, si su aparatología será utilizada por el Poder Ejecutivo y sus integrantes quedan en el Hospital Durand, pero sin aparatos, este tipo de investigaciones no se van a poder realizar.

Respecto del proyecto de la toma compulsiva de ADN, hago mías las razones explicadas por la señora senadora Escudero y adelanto que no lo acompañaremos. Sí lo vamos a hacer respecto del proyecto contenido en el expediente CD. 64 /09, que permite que las organizaciones de derechos humanos sean parte querellante en estas causas.

No obstante, me gustaría señalar que la Coalición Cívica desearía que esta posibilidad también se extendiera a otras violaciones, como las de derechos económicos y sociales y de derechos ambientales. El objetivo es que no se restrinja solamente a los temas vinculados con los derechos humanos y políticos. En este sentido, cito por ejemplo la investigación del asesinato de José Luis Cabezas. En este caso, la Cámara de Apelaciones permitió que la Asociación de Reporteros Gráficos pudiera actuar como parte querellante.

En casos ambientales, se le podrá permitir a Greenpeace. Es decir que nosotros quisiéramos que se ampliara esta modificación a otras organizaciones de distinta naturaleza.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Filmus.

Sr. Filmus.— Señor presidente: con el mismo criterio constructivo que planteaba la senadora Estenssoro —con quien coincidimos en muchos de los aspectos—, quisiera hacerle una pregunta.

Respecto de su intervención acerca del Banco Nacional de Datos Genéticos —sobre el cual compartimos la misma preocupación—, quisiera saber por qué el estar dentro de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo en particular del área de Salud y de los directores de hospitales de la ciudad de Buenos Aires —que como todos sabemos muchos de ellos acaban de ser despedidos, no se ha llamado a concurso y se han realizado designaciones de modo arbitrario, tal como lo indican los propios médicos de la ciudad—, la señora senadora piensa que el organismo estaría menos sujeto a los avatares políticos, comparado con la idea de que sea un ente autónomo y autárquico, como está planteado, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Además, justamente, como planteaba la senadora —y me parece muy correcto—, será renovado cada cuatro años por concurso, punto que en la otra ley no está claro.

Insisto; depende de un hospital, de un servicio de salud y la ciudad de Buenos Aires también es un ente político que tiene elecciones. Como sabemos, cada gobierno puede dar menos o más importancia a los derechos humanos. Casualmente, hoy planteamos aquí un proyecto de declaración —por lo menos, el senador Cabanchik y quien habla— referido a la posible violación flagrante a los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires, al ejercer ilegalmente escuchas.

Todos tenemos la misma preocupación, en el sentido de que esto quede al margen de los avatares políticos. Por lo tanto, no veo por qué el hecho de que dependa de la ciudad de Buenos Aires, en particular de un hospital como el Durand, que es uno sobre los cuales se ha discutido mucho el tema de la Dirección, garantizaría la mayor posibilidad de transparencia y objetividad política.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro.— Señor presidente: en primer lugar, este Banco funciona desde hace veintidós años y, a pesar de todos los avatares y de la inestabilidad en varias instituciones, incluso en el sistema de Salud Pública de la ciudad de Buenos Aires, realmente ha funcionado muy bien.

La pregunta es por qué modificar algo que funciona tan bien. Porque este Banco funciona no por las máquinas ni tampoco por los reactivos que ha pagado el gobierno nacional en los casos de lesa humanidad, sino por el personal.

Le voy a citar un caso; tal vez un ejemplo importante. Cuando el Poder Ejecutivo empezó a discutir este proyecto en 2005 la directora de entonces, la doctora Di Lonardo, que se oponía a la transferencia a la órbita del Poder Ejecutivo —sí pensaba que podía ser la Corte Suprema de Justicia—, primero fue cesanteada salvajemente. Estas son las palabras textuales que usó la diputada Juliana Marino, del Frente para la Victoria, cuando se discutió este proyecto en 2006 en la Cámara de Diputados; y gracias a su intervención este proyecto no prosperó.

Además, de haber sido cesanteada, el secretario de Derechos Humanos después la querelló por enriquecimiento ilícito y a los cinco meses fue sobreseída. Es una mujer que había sido distinguida en el año 90 por el gobierno de Francia con el premio de Derechos Humanos y que los 20 mil dólares que le dieron los utilizó para comprar equipamiento para el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, en vez de haber sido homenajeada, ha sufrido una persecución política.

Sr. Filmus. — ¿Quién la cesanteó?

Sra. Estenssoro. — La cesanteó el gobierno de la Ciudad; era Telerman el jefe de Gobierno en ese momento, que era un aliado del Frente para la Victoria. Pero quien avanzó con este proyecto…

— Murmullos en el recinto.

Sra. Estenssoro. — Senador no se ría. No es serio.

Sr. Filmus. — Es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Pampuro). — No discutan, por favor.

Sra. Estenssoro. — Le estoy dando mi punto de vista. Así como Estela Carlotto es un símbolo de la Argentina, la doctora Ana María Di Lonardo también es un símbolo que ha sido perseguida política y judicialmente en forma injustificada.

Las instituciones se construyen por las personas y si algo ha funcionado tan bien durante veintidós años, ¿por qué modificarlo? Generalmente no tenemos tantas agencias autárquicas e independientes que funcionen bien en la Argentina.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Perdón, el señor senador Marín solicita una interrupción.

Sr. Giustiniani. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Señor presidente: simplemente para manifestar que realmente se habla de desintegrar el organismo y el artículo 28 dice que los funcionarios y empleados del Banco Nacional de Datos Genéticos podrán optar por permanecer en su cargos y tareas en el nuevo ámbito funcional, reconociéndoseles en tal caso su antigüedad en los cargos así como el resto de sus derechos laborales. Es decir, por lo menos se interpreta que no se va a desmantelar, sino que aquellos que lo deseen podrán quedarse..

Sr. Presidente (Pampuro). —Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Están pidiendo otra interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: era sólo para aclarar que los treinta y tres miembros del Banco Nacional de Datos Genéticos han dicho que no van a pasar a la órbita del Poder Ejecutivo.

Entrevista con Manuel Garrido, Director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

¿Cuáles eran sus funciones dentro de la oficina anticorrupción?

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) es el órgano especializado del Ministerio Público para investigar los delitos y las irregularidades cometidas por los funcionarios de la administración pública. En el año 2002 falleció el fiscal que estaba en ese momento, Pinzón, quien había sido designado por decreto por Menem cuando desplazó al fiscal Molinas. De acuerdo con la Ley de Ministerio Público, se llamó a concurso para cubrir ese cargo. Se convocó a un concurso porque, desde el año 1998, los cargos de los fiscales se cubren de esa manera. Yo me presenté al concurso, el cual había sido un poco accidentado porque se suspendió por un tiempo que coincidió, durante un período, con toda la crisis del año 2001. Se interrumpió cuando (Fernando) de la Rúa se fue.

Cuando el procurador que estaba en ese momento reinició el concurso, durante el gobierno de (Eduardo) Duhalde, salí primero en la terna. Muy poco tiempo antes de irse de la presidencia, Duhalde me propuso como fiscal y el Congreso  devolvió los pliegos al Ejecutivo. En ese momento (Néstor) Kirchner, al principio de su mandato, siguió lo que había dejado Duhalde – no se modificó nada – y el Senado prestó su acuerdo.

Eso fue en el año 2003 y yo asumí el cargo la última semana de noviembre de 2003. Hasta ese momento yo estaba a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA). En la OA estuve como Director de Investigaciones entre diciembre del ’99 y el segundo semestre del año 2002. Ahí se jubiló (José) Massoni y en ese momento Duhalde me nombró interinamente como Jefe de la OA. En ese cargo estuve más o menos un año, desde 2002 hasta 2003.

¿Fue en la OA que comenzó a encontrar anomalías respecto del accionar de los funcionarios del gobierno?

El objetivo de la dirección de investigaciones de la Oficina Anticorrupción era, básicamente, investigar la existencia de hechos de corrupción en la administración pública. Me nombraron para eso, para buscar hechos de corrupción en el poder ejecutivo. La competencia de la OA es permanente, o sea que abarca hechos de funcionarios de la administración del ejecutivo de gobiernos anteriores y de gobiernos que están en ejercicio. Tiene la misma competencia que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Hay una explicación política de por qué se creó la OA. En ese momento la Alianza había prometido que iba a aplicar una política más fuerte en el tema de la lucha contra la corrupción y creó este organismo dándole facultades preventivas, que era el propósito original, y también facultades de investigación porque no pudo modificar la integración de la Fiscalía.

En ese momento le habían ofrecido el puesto, o pensaban nombrar fiscal de Investigaciones Administrativas, a un ex juez que formó parte del juicio a las juntas pero como el fiscal que había puesto Menem no se quiso ir, el gobierno de la Alianza agregó, al diseño de la OA, una unidad de investigación.

Entre tantas investigaciones que usted estaba realizando, antes de renunciar, se encuentran un supuesto enriquecimiento ilícito de N. Kirchner; el tema de la distribución de publicidad oficial por parte de Enrique Albistur; presuntos manejos anómalos en la remodelación de locomotoras por parte del ex secretario Ricardo Jaime; la bolsa de dinero encontrada en el baño de la ex ministra de Economía Felisa Miceli y supuestas anomalías del ministro de Planificación Julio De Vido y del ex vocero Miguel Núñez con sus autos. Antes de ser Fiscal de Investigaciones Administrativas ¿intuyó o pensó que podría encontrarse con tantas anomalías entre los miembros del gobierno?

Salvo el caso de enriquecimiento ilícito de Kirchner, que está bajo investigación, todas las demás fueron investigaciones que nosotros concluimos y que denunciamos como delito. Llegamos a la conclusión de que había delitos y lo presentamos ante la justicia federal con suerte escasa. Porque son todas causas que, si bien están en trámite, no avanzaron demasiado, salvo la de (Ricardo) Jaime (ex Secretario de Transportes de la Nación) a raíz de la renuncia a su cargo.

Todo lo demás que nosotros denunciamos fueron irregularidades probadas.

El caso de la distribución de la publicidad oficial lo consideramos incompatible con la función pública porque (el Secretario de Medios de Comunicación de la Nación, José) Albistur – que sigue en su cargo – distribuyó pauta publicitaria a la empresa de su familia. En relación con este tema, en el caso de distribución de pautas publicitarias, no hay ningún criterio objetivo, los controles son laxos, hay una situación monopólica. Lamentablemente no existe un Consejo para debatirlo ni hay representación de la sociedad civil o de los beneficiarios de la pauta. Es un caso incompatible con la función pública donde entran en juego conflictos de intereses y un favorecimiento de tipo privado.

El tema de la bolsa de dinero… bueno, ahí hubo una renuncia y un proceso en firme. Se hizo la investigación y se avanzó. (Felisa) Miceli dejó su cargo, tiene sentencia firme pero no pasó nada.

Con el tema de los autos tampoco pasó nada y lleva 10 años.

En realidad, los hechos de corrupción se dan en todos los gobiernos. Respecto de la cantidad de anomalías, no puedo decir que sea algo sorprendente.

En América Latina hay tantos casos de corrupción que encontrar hechos concretos de corrupción es, de alguna manera, coherente con lo que percibe la sociedad. Al principio lo que se corrobora es que la percepción no es equivocada. Es más, hay un mínimo número de casos que se detectan en relación con los que en realidad se producen.

Los casos de corrupción tienen un bajo grado de detección porque quienes están involucrados no son pocos y ninguna de las partes está interesada en que se conozcan. Son una cifra negra. A nivel internacional Argentina, lamentablemente, no es asumida como un país poco corrupto. Al contrario.

¿Qué tipo de mecanismos encontró al realizar las investigaciones de las obras de alta tensión de Electroingeniería en la provincia de Santa Cruz?

El tema de Electroingeniería fue detectado por una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN). Detectó irregularidades y la presencia de sobreprecios. Afortunadamente, la AGN es un organismo de control que está trabajando bien y que tiene iniciativas valiosas.

Entre 2004 y 2007, la Fiscalía presentó 40 denuncias judiciales de hechos de corrupción y se recibieron 1087 denuncias, mientras que entre 2000 y 2003 sólo habían llegado al organismo 231 ¿A qué podríamos atribuir esta diferencia en cuanto a cantidad de denuncias?

Durante la década del ‘90, la FIA había pasado, podríamos decir en términos metafóricos, a la clandestinidad. Había dejado de cumplir activamente su rol: para eso lo pusieron al fiscal Pinzón. Luego de una función muy activa en el cargo por parte de Molinas, se triplicó la imagen de la función pública de la fiscalía que era visualizada como organismo de control de irregularidades y de corrupción. Pero, con el tiempo, la ciudadanía perdió confianza en ese organismo porque sin tocar demasiado las normas, es decir, con las mismas normas,  la actuación del organismo no respondió a las posibilidades que tenía. Entonces, la mayor cantidad de delitos recibida revela mayor conocimiento del organismo, mayor seguridad de la ciudadanía con relación a la institución para dar una respuesta. Uno evalúa una gestión y la confianza pública es el límite a tener en cuenta. Me enorgullezco de que la cantidad de denuncias – tanto cuando estuve en la OA como en la FIA – siempre ha ido creciendo y lamento que cuando dejé los 2 cargos, el número de denuncias haya pasado a ser decreciente.

Usted sostuvo que podría haber habido maniobras de lavado de dinero aprobadas por Juan Cayetano Intelisano, contador del Ministerio de Economía hace más de 30 años, y cuyo principal beneficiario sería Iván Holjevac ¿qué relación, si es que la hubo, existía o existe entre Holjevac y miembros del actual gobierno?

No pudimos demostrar la índole de la relación. Lo que si pudimos demostrar es que hubo un desfalco en el Ministerio de Economía y ahí denunciamos peculado, es decir la disposición irregular de los fondos por parte del Ministerio. Este hecho lo denunciamos en diciembre del año 2008.

La OA ¿presentó algún proyecto para mejorar sus funciones?

Desde la OA presentamos muchos proyectos, que a nadie le interesó promover, relacionados con la modificación a la Ley de Ética Pública para establecer un organismo que fuera más viable que la Comisión Nacional de Ética Pública – que nunca se constituyó – y con la protección de denunciantes de buena fe de hechos de corrupción. También, uno para registrar las donaciones, los regalos a los funcionarios públicos, y tampoco tuvo fue impulsado.

El Congreso Nacional ¿Debería ser el órgano que dispusiera las atribuciones de la F.I.A.?

En 2006 elaboré un proyecto de reforma de ley para establecer los mecanismos de control del Procurador. Los constituyentes establecieron el Ministerio Público como órgano y la ley sólo contempla una Comisión en el Congreso que tiene que controlar el desempeño del Procurador.

De todas formas, es evidente que los órganos de control están en crisis y que son insuficientes: el panorama es problemático tanto a nivel federal como provincial. Para que mejoren es necesario adoptar una decisión política firme de crear órganos y de darles independencia, atribuciones y recursos suficientes para que funcionen.

A partir de su renuncia ¿Pensó que la Fiscalía continuaría con las investigaciones que usted encabezó o que cambiaría su rumbo de acción?

La política diseñada por el Procurador General de la Nación y la resolución que limitó las facultades de la Fiscalía obviamente repercutieron negativamente en las competencias de su funcionamiento.

¿Cómo recuerda su paso por la Oficina Anticorrupción y por la Fiscalía?

Fue un gusto haber desempeñado esas funciones imprescindibles para el funcionamiento del sistema democrático, tal como la propia Constitución lo establece. En realidad estoy, por un lado, orgulloso de haber hecho lo que hice pero, también, agradecido porque el país me dio la oportunidad de ocupar ese puesto.

Después de su experiencia, ¿qué le recomendaría a los funcionarios del Estado?

Que es imprescindible ejercer mecanismos de control y de prevención. En Argentina la percepción de corrupción ha subido. Pero depende, también, de la difusión que tienen los hechos de corrupción. No se puede hacer un diagnóstico serio de corrupción sobre la base de causas o de noticias que salen en los diarios o en revistas. Eso no es ciencia.

En Argentina tenemos tolerancia 100% a la corrupción y en los últimos años retrocedimos, a diferencia de países vecinos – como el caso de Chile – que han evolucionado con iniciativas sostenidas y serias. Ellos no inventaron nada, sólo aplican las normas que nuestro país ratificó pero que no implementa, como la Comisión Nacional de Ética Pública.

De todas formas, en los primeros tiempos de (Néstor) Kirchner hubo avances como las modificaciones a la Corte Suprema de Justicia y la creación de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Marta Oyhanarte. Después hubo un estancamiento y se retrocedió.

¿Qué siente actualmente?

Me siento preocupado por la situación de los controles en el país, por la falta de control, por la crisis de los organismos que deben asumir ese rol. Este es un momento realmente crítico.

N.E: Manuel Garrido es abogado (UBA). Doctorado en curso en Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de La Plata. Fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Director de Investigaciones, Jefe de la Oficina Anticorrupción y Secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Actualmente es Director de los  Programas de Justicia y Transparencia del CIPPEC. Es fundador del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción de la República Argentina. Asesoró sobre reformas judiciales en distintos países de América Latina. Es profesor titular de Derecho Penal en las Universidades Nacionales de La Plata y del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Enseña Institucionalidad Democrática y Justicia en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Fue miembro del Comité Asesor Internacional del Ranking de Buenas Prácticas en Materia de Adquisiciones del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la “Corruption Hunter Network”. Recibió el Premio Universitario Rotary Club de Buenos Aires y fue candidato al Premio a la Integridad de Transparencia Internacional en 2008 (“Integrity Awards - Transparency International”). Ha investigado y publicado numerosos artículos sobre temas judiciales y relativos a órganos de control y políticas anticorrupción.